Un proyecto que reconoce derechos

Aborto, por María Julieta Cena

En estos días, tres comisiones de la Cámara de Senadores/as comenzaron a tratar la ley de interrupción voluntaria de embarazo. El proyecto que cuenta con media sanción, es el resultado de un proceso democrático sin precedentes institucionales. De más está relatar la prolongada y conocida sesión en la Cámara de Diputados/as que culminó con la aprobación consensuada por diversos partidos políticos, producto de meses de debates y cientos de exposiciones de las más variadas. A su vez, el proyecto en tratamiento adecúa nuestro ordenamiento a los estándares internacionales, cumpliendo con los múltiples requerimientos efectuados por los órganos de monitoreo de los tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Organismos como ONU, CEDAW, UNICEF, entre otros, vienen insistiendo con observaciones a Argentina en cuanto a la necesidad de legalizar el aborto, tanto por ser un derecho de salud sexual y reproductiva, como por el hecho de que obligar a una persona a continuar un embarazo en contra de su voluntad constituye un acto de violencia y trato cruel, inhumano y degradante.

En este marco, el proyecto prevé la sustitución de algunos artículos del código penal con la finalidad de descriminalizar el aborto durante las 14 primeras semanas. Pasado ese plazo, mantiene las causales de aborto no punible vigentes hoy y conforme lo interpretado por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso “FAL”. Esto es: cuando el embarazo pusiera en riesgo la vida o salud de la persona gestante, por diagnóstico de inviabilidad de vida extrauterina del feto, y cuando el embarazo sea producto de una violación. En este último caso, nuestro máximo órgano de justicia estableció que, para habilitar la causal, solo es posible exigir una declaración jurada de la víctima, ya que cualquier otra imposición incorporaría requisitos improcedentes y adicionales a los estrictamente previstos para este tipo de delitos. Se pretende proteger la intimidad y la decisión de quien ha sido víctima de un hecho tan terrible e injuriante como una violación. Cabe aclarar que si no se dan estas condiciones, la ley habilita el inicio de la persecución penal. De igual manera, y atento a la problemática, faculta al juez a ponderar y contextualizar la pena contra la persona que se practicase un aborto cuando la interrupción fuese luego de las 15 semanas sin mediar con algunos de los supuesto referidos. Asimismo, dispone que será penada la persona que realizara una interrupción contra la voluntad de la persona gestante, lo que da cuenta del respeto por la autonomía y protección de quién decide llevar adelante un embarazo.

Las bondades de esta ley deben interpretarse en cuanto reconoce acertadamente una amplia gama de derechos. Además de los ya mencionados, garantiza también la vida, la integridad y diversidad corporal, la igualdad real de oportunidades, la no discriminación, así como la libertad de creencia y pensamiento.
En este punto cobra trascendencia la objeción de conciencia como figura susceptible de obstaculizar los procedimientos. Con la expresa finalidad de avanzar hacia un Estado que no imponga creencias o convicciones, los/as diputados/as incorporaron a la redacción del proyecto la objeción de conciencia individual, siempre que la misma sea expresa y coherente. Para ello se respetaron directrices internacionales como la del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y se responsabiliza a los establecimientos de salud como el nexo ejecutor entre el Estado y las políticas públicas, debiendo las direcciones de las instituciones arbitrar los medios administrativos necesarios para contar con el personal que garantice la prestación.

Además, prohíbe la objeción de conciencia institucional o de ideario. En este sentido, es necesario aclarar que la objeción de conciencia, como su nombre lo indica, es una figura que busca proteger las libertades individuales de una persona cuando la acción a la que está obligada por ley se contraría con su moral, siempre y cuando esta no acarree un daño a otra persona. La mera definición, así como la naturaleza del instituto, limitan su procedencia a casos personales, y no como un derecho de establecimientos que no son más que personas jurídicas. Los hospitales como entidad carecen de conciencia, intimidad y mucho menos pueden gozar de derechos personalísimos. Por otro lado, principios constitucionales como la igualdad y no discriminación obligan a que las redes sanitarias, en un país con un extenso territorio, garanticen la accesibilidad de las interrupciones voluntarias de embarazos conforme las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en todas las instituciones y mediante la cobertura de las prestaciones médicas obligatorias.

Este proyecto de ley nos demuestra la madurez de una sociedad que asume el aborto clandestino como un problema de salud pública integrado en el marco de derechos sexuales y reproductivos que el Estado debe garantizar. Es por esto que la ley en cuestión también insta a la concreción de políticas de salud sexual y reproductiva basadas en conserjerías, educación sexual integral y anticoncepción, encomendando a las Provincias y la Nación adaptar sus agendas a los fines de cumplir acabadamente con legislaciones que tienen años esperando ser aplicadas.

Por estas y otras razones, el proyecto de ley tal y como fue aprobado en Diputados/as tiene un gran consenso académico. En este sentido podemos mencionar las facultades de Medicina, Farmacia, Bioquímica, Derecho de la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, así como también reconocidos/as juristas que se han pronunciado por distintos medios a favor de la misma. Incluso circulan por las redes sociales, múltiples cartas dirigidas a las/as Senadores/as, manifestando la adhesión de centenares de profesionales, docentes, abogados/as, científicos/as entre otros/as.

El proyecto de ley de interrupción voluntaria de embarazo en cuestión recepta los derechos sexuales y reproductivos en el marco de los Derechos Humanos, a la vez que es coherente con la totalidad del sistema normativo vigente. Por ello, de sancionarse marcará una nueva etapa en nuestra cultura jurídica y social, requiriendo la adecuación de las futuras legislaciones que dicte el Congreso, sean en materia de salud, de derecho penal e incluso de presupuesto. De la misma manera, los Estados Provinciales y el Nacional deberán ejecutar las políticas públicas necesarias para cumplir con los deberes que los estándares internacionales nos imponen.

Recientemente recibimos la noticia de una nueva muerte producto de un aborto, muertes que son más comunes de lo que se visibiliza. La magnitud de la problemática requiere de respuestas urgentes no dilatorias. Es por eso que los/as senadores/as tienen en sus manos la posibilidad de reparar años de injusticia contra las mujeres y personas gestantes, integrar los derechos humanos a nuestro ordenamiento y evitar muertes y graves problemas de salud, votando a favor de este proyecto de ley que reconoce derechos, que es acorde a nuestro sistema jurídico y que se adecúa a nuestra realidad.


María Julieta Cena. Abogada. Magister en Derecho y Argumentación. Becaria doctoral de CONICET. Integrante del Grupo de Investigación en Derechos Sociales (GIDES).

 

20 Septiembre 2018
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