ESTRASBURGO.- El Parlamento Europeo aprobó ayer, por primera vez en su historia, una resolución que activa un procedimiento punitivo contra Hungría por incumplir persistentemente las “reglas democráticas” del bloque. Con 448 votos a favor, 197 en contra y 48 abstenciones, es la primera vez que las instituciones europeas activan el Artículo 7 de su estatuto contra un estado miembro de la UE.

El artículo dispone la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como los derechos humanos o el imperio de la ley, y puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo. La votación se asentó sobre un informe elaborado por la eurodiputada holandesa Judith Sargentini, que insta al Consejo de la UE a aplicar a el artículo 7 del Tratado de Lisboa a Hungría por su deriva autoritaria.

Algunos miembros del propio bloque del Partido Popular Europeo (EPP) -del cual el movimiento Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orban es miembro- votaron en contra de su aliado en Budapest, aunque otros, como los eurodiputados del Partido Popular (PP) español, se abstuvieron. “Ustedes van a juzgar a un país, un pueblo con más de 1.000 años de relación con los pueblos cristianos”, fustigó el martes Orbán ante los parlamentarios europeos, donde calificó al informe de la UE como “un abuso de poder” que quiere “aislar a un pueblo de la toma de decisiones” en Europa.

El primer ministro húngaro defendió su política de “proteger nuestras fronteras y decidir con quién convivimos” ante las críticas por las vallas construidas en sus fronteras y el trato dado a los refugiados, e insistió con que los húngaros “decidieron que nuestra Patria no iba a ser un país de inmigrantes”. De todas formas, aún queda un largo camino para efectivizar las sanciones contra Hungría: los líderes de los países miembros deben decidir ahora si aplican el artículo 7 y retiran los derechos de voto al país de Orbán, aunque para conseguirlo deben tener unanimidad por parte de los 28 Estados miembros.a

PEKÍN.- La organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denunció ayer las detenciones masivas y arbitrarias que el gobierno Chino realiza contra musulmanes que residen en la región de Xinjiang, a quienes tortura y adoctrina en una campaña de abusos sistemáticos “que no se ha visto en el país en décadas”.

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