La izquierda vuelve a la Moncloa

Europa, por Gonzalo Fiore (Especial para HDC)

Tras la votación del pasado viernes 1 de junio, en un contexto donde, en Italia, pasaron tres primeros ministros en una semana, se puso fin a un ambiente de incertidumbre política en España. Luego de la sentencia judicial del llamado “caso Bárcenas” (o “Gürtel”), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) liderado por Pedro Sánchez presentó una moción de censura. En un sistema parlamentario, es el instrumento por el cual se puede remover al presidente del Gobierno (que es un diputado, miembro de ese mismo Parlamento) a través de una decisión legislativa. Aún así, que prospere una moción de censura, es un acontecimiento extraordinario, y esta terminó con la expulsión del conservador Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno español.

Cuando a Giulio Andreotti, el histórico líder de la Democracia Cristiana italiana, le preguntaron por la política española, respondió con una frase típicamente suya: “manca fineza”. La falta de finura a la que aludía Andreotti se viene viendo en el entorno del ahora ex presidente Rajoy desde antes del comienzo de su gobierno, cuando, allá por 2007, comenzó la investigación a causa de una denuncia de un concejal de Madrid, que declaró haber recibido más de 260.000 euros en “pagos extras”. El nombre del caso, “Gürtel” (“cinturón”, en alemán) fue puesto por la policía a partir de la traducción del apellido de Francisco Correa, quien comandaba la red de empresarios que, a través de sobornos a funcionarios públicos, lograban beneficios para sus emprendimientos inmobiliarios.

Ahora, al quedar firme la sentencia, se desató la tormenta más grande de la historia política reciente en la península desde la transición democrática de 1975. Francisco Correa recibió 51 años y 11 meses de cárcel; a Luis Bárcenas –tesorero del Partido Popular de Rajoy, el hombre al que éste defendió hasta último momento y a quien le envió mensajes telefónicos que fueron filtrados a la prensa deseándole “ánimo”- le dieron 33 años de cárcel.

La sentencia a Bárcenas no fue una simple condena a un amigo del ex presidente, sino que demostró que el PP se financió durante años de manera ilegal, poniendo en tela de juicio una legitimidad de ejercicio que, aunque Rajoy dijera que “la dan los ciudadanos en las urnas”, ya no alcanza.

Cuando Pedro Sánchez fue candidato del PSOE en las elecciones de 2015 y 2016, la formación de izquierdas se enfrentó a sus peores resultados desde la Transición: no logró superar los cinco millones y medio de votos, perdiendo apoyos a partir del surgimiento de un nuevo partido de izquierda, Podemos, con el carismático Pablo Iglesias a la cabeza. Ahora, Sánchez se enfrentará a una situación extremadamente compleja: al haber surgido de una moción de censura carece del poder político que tendría si hubiera ganado las elecciones, y deberá gobernar en minoría, ya que sólo cuenta con 84 de los 350 escaños de la Cámara, por lo que se verá obligado a establecer alianzas que, en principio, parecen muy frágiles, como puede ser con Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos. El joven líder de la centroderecha de Ciudadanos, Albert Rivera, ya anunció que serán “una oposición firme”.

El nuevo presidente definió a los catalanes y a los vascos como “mucho más que regiones, son naciones dentro de España”, algo que Mariano Rajoy nunca hizo. Está claro que necesitó de sus apoyos dentro del Congreso para lograr el éxito de la moción de censura, pero ahora necesitará a vascos y catalanes para lograr la estabilidad en un gobierno frágil y políticamente débil. Algo que le costará, ya que su programa está en clara confrontación con lo que proponen desde otros sectores del arco político, o incluso dentro del propio socialismo, donde es resistido por históricos como Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero.

En su discurso de despedida, Rajoy dijo que dejó a España mejor de lo que la encontró. Es cierto que cuando el PP asumió el país se encontraba con 4,4 millones de parados, cifra record en el contexto de la crisis mundial de 2008, no sólo para España sino también para el resto de la eurozona. Sin embargo, es difícil mirar algún otro indicador económico como positivo: cuando Rajoy asumió se encontró con una deuda del 69,5% del PBI, la cual creció significativamente hasta alcanzar el pico máximo en 2014, superando el 100%; hoy España sigue siendo el país europeo con más déficit público; la renta anual de los españoles sólo creció entre los mayores de 45 años, y la brecha de entre quienes más y menos ganan se ha agrandado. La desocupación sigue siendo un problema importante: es una de las tasas más altas de la Unión Europea, con el 17,4% (cifra que asciende al 35% entre los jóvenes de 18 y 35 años).

En los últimos años, con Oderbrecht y los casos de corrupción en América latina, muchos de ellos aguardando ser probados en juicios, se intentó establecer, desde ciertos sectores de la prensa y el establishment se generalizó el discurso de que los gobiernos populares o progresistas fueron instrumentos para el robo o para los negocios de quienes los integraron, junto a sus empresarios amigos. Sin caer en una especie de honestismo que prefiere discutir sobre cuestiones de transparencia en lugar de poner sobre la mesa los grandes problemas políticos de nuestras sociedades, es irónico que la caída de Rajoy muestre que el escándalo internacional de corrupción más importante de los últimos años llega desde un gobierno conservador, amigo del establishment, que había hecho de la estabilidad, la austeridad, la sobriedad y la racionalidad sus banderas principales.

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