Fuero anticorrupción y penal económico ¿derogar o robustecer?

Judiciales, por Alejandro Zeverín (Especial para HDC)

La política nuevamente decidió meterse en la Justicia, lo que avisa de un nuevo desaguisado en la implementación de políticas criminales de persecución penal, de la que nada entienden, porque permitieron que la inseguridad ocupara el territorio que debería utilizar la gente. Desde la Unicameral, parte de la oposición que trinaba con la propuesta de eliminar el fuero anticorrupción y penal económico, hoy sólo insisten con el anticorrupción, nada proponen sobre la investigación de delitos económicos. Cuestionan la transparencia de ex fiscales que no existen hoy, y de un juez de control ascendido a ese cargo con el acuerdo de Cambiemos. Con la incongruencia que ellos mismos achacaron no investigar causas de presunta corrupción y hasta de “ser garantes del esquema de impunidad montado en la provincia por el delasotismo”. Ambas fiscalías, que hoy tienen sus causas en trámite, más las que ingresan, son atendidas por dos fiscales ajenos al fuero, designados de emergencia por la Fiscalía General de la Provincia, que hacen lo que pueden, porque no instruyeron las causas heredadas, por ende, no conocen y no están especializados en el fuero.

El oficialismo instó en la derogación del fuero, luego retrocedió, deslizando que su propuesta estaría acompañada con la reforma del Código Procesal Penal; el TSJ se subió a la tormenta proponiendo la creación del Observatorio de Causas Anticorrupción y de Interés Público, que dependería del Alto Cuerpo. Todo avisa que nadie sabe qué hacer con el fuero, ni advertir de su importancia: la Asociación de Magistrados no emitió opinión, tampoco el Colegio de Abogados, y la prensa relata la cuestión tal si fuera una novela.

El informe recabado por el Consejo de Magistratura Nacional sobre estado procesal de causas de corrupción a nivel federal, en todo el país, reveló un resultado desastroso: el 98% de las causas de corrupción que se investigan en Argentina no arriban a juicio oral. En síntesis, no estamos ante un embrollo local sino nacional en la lucha contra la corrupción. En Tribunales Federales los 12 jueces de Comodoro Py investigan estos hechos, y el resultado es lamentable.

Nadie de los derogadores parece haber advertido que el asunto tiene plena afectación constitucional, porque su creación se relaciona con el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, receptada en el art. 144, inc. 2, de la Constitución de Córdoba, con origen en resoluciones de ONU y OEA. En ese marco, el Ministerio Público declaró como objetivo dar a Córdoba un fuero específico en función del Programa de Lucha contra la Corrupción; por Ley 9.122 se le asignó competencia material en lo penal económico y anticorrupción administrativa (prevista en el art. 54, Ley 8.835), en forma exclusiva y excluyente, pasándose a denominarse las fiscalías de instrucción en lo Penal Económico y Juzgado de Control en lo Penal Económico. Posteriormente, por Ley 9.181, empezó a funcionar el fuero penal económico y anticorrupción, declarando reprimir delitos cometidos para perpetrar o facilitar la comisión de los delitos comprendidos en la materia, o para procurar a sus autores o partícipes el provecho o la impunidad.

Se le dio competencia material para investigar delitos contra la propiedad, estafas y otras defraudaciones cuando su autor sea un funcionario o empleado público, o funcionario de una sociedad bancaria, usura, delitos contra el orden público, y contra la administración pública (abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, violación de sellos y documentos, cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo); y delitos contra la fe pública (fraudes al comercio y a la industria, siempre y cuando tengan relación en la comisión con empleados o funcionarios públicos cualquiera sea su jerarquía y origen del nombramiento).

La derogación, entonces, aparece como solución absurda, ya que lo que se necesita es su reforzamiento, control y, por sobre todas las cosas, participación ciudadana. Se ha borrado la letra de la ley, en lo material no tuvo equipo de contadores o peritos en ninguna de las especialidades, personal, comisionados investigadores, empleados ni espacio suficiente, ni siquiera baños aceptables, Nunca se lo dotó de una Cámara de Juicio especializada en delitos económicos (que la ley primitiva aludía), ni pudo funcionar de acuerdo al espíritu de esa ley. Y para asegurar su fracaso en lo procesal, reafirmaron la negación de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción, porque se le vedó a quién denuncia participar como querellantes particulares, y así no poder probar la materialidad del hecho y la responsabilidad de los denunciados o acusados. La cuestión sigue siendo entre fiscales, jueces y gobierno, lo que amerita una seria acusación de contubernio de poderes para que nada cambie a pesar de que aparezca lo contrario.

La garantía de control de la lucha contra la corrupción en Córdoba y Argentina sería que los políticos permitieran que el ciudadano participe como parte querellante, una figura procesal que da legitimización para ser parte en un proceso, y poder probar la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal de los investigados o imputados.

Whatsapp
© 1997 - 2018 Todos los derechos reservados. Diseñado y desarrollado por HoyDia.com.ar