El frente anti-tarifas

Por Federico Tolchinsky (especial para HDC)

Es el paso más obvio que debía dar la Argentina. La política en la que todos parecían estar de acuerdo. La quita de los cada vez más costosos subsidios en las tarifas de los servicios públicos prometía ser un ejemplo de la tan mentada política de Estado, a partir de la cual, se daría la normalización de nuestra economía. Si hasta el kirchnerismo, la corriente política que había ejecutado la receta contraria, intentó hacerlo estando en el poder pero terminó dando marcha atrás. Incluso llegó a tener un candidato presidencial cuyos principales consejeros económicos admitían la necesidad de sincerar las tarifas para reducir el déficit fiscal. Pero, lamentablemente, en la práctica el asunto no resulta tan sencillo.

El frente que defiende la demagogia tarifaria crece a medida que se acerca la hora de la verdad. Lo integran tanto populistas ortodoxos que aún hoy afirman no comprender qué pudo haber salido mal en la Venezuela chavista (donde no casualmente los servicios básicos son casi gratis y crecientemente escasos) como sectores identificados hasta ahora –equivocadamente- como “moderados”. Entre ellos se destacan muchos justicialistas que, teniendo la responsabilidad de gobernar, en sus distritos no titubearon a la hora de actualizar impuestos, tasas, peajes, etcétera. Como ocurrió con parte del oficialismo provincial de Córdoba, sin ir más lejos.

Como era previsible, también están los que se suman al frente anti-tarifazos porque la maraña de subsidios les permitió, hasta ahora, camuflar sus privilegios. Es el caso del Sindicato de Luz y Fuerza. Recurriendo periódicamente al uso de la fuerza por diferentes vías, el gremio se las ingenió para mantener por décadas salarios primermundistas (promedio de 74.000 pesos mensuales en bruto en febrero pasado) y una larga lista de privilegios indefendibles en pleno 2018: luz regalada en sus domicilios, triple aguinaldo extra rebautizado como “Bonificación Anual por Eficiencia (BAE)”, y acomodo en el reparto de cargos, entre otros.

Con el complejísimo esquema de aportes estatales diferenciados por decenas de variables, nadie supo en concreto en todos estos años qué cubría cuál ítem del costo en las facturas. Sin embargo, ahora, como la quita de subsidios forzará un sinceramiento de los costos en cada eslabón de la cadena de energía, será inevitable hacer comparaciones, analizar cómo direccionan los fondos los diferentes prestadores, verificar dónde se malgastan recursos de los contribuyentes.

Por eso el Gobierno de Córdoba avanza recién ahora con su proclamada intención de reformular algunos capítulos del oneroso Convenio Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza, homologado, nunca está de más recordarlo, por el interventor Raúl Lacabanne. Porque ahora sí el “costo Epec” va camino a quedar expuesto.

En las próximas semanas este heterogéneo frente anti-tarifas podría ampliarse. A medida que más cronistas y entrevistadores radiales descubran casos, verídicos y de los otros, de facturas del tamaño de una jubilación o de panaderos que estudiarían cerrar por el peso de su boleta, el sinceramiento será más cuestionado. Seguramente también, muchos observadores bien intencionados dudarán. Una porción aún mayor de la opinión pública se expresará en contra del tarifazo.

Pero a la larga no queda otra. No hay más atajos. A esta altura está clarísimo que la Argentina tiene que salir del círculo vicioso de: a) tarifas artificialmente bajas, b) subsidios para cubrir el bache que provocan, c) emisión monetaria para financiar esos subsidios, y d) inflación provocada por esa emisión monetaria tendiente a hacer frente a los subsidios que costean las tarifas bajas. Para colmo, subsidios pésimamente direccionados social y geográficamente.

Algunos observadores bienintencionados, que comprenden lo imperioso de salir de este círculo vicioso, podrán sentirse aliviados planteando que lo que falla es la comunicación, o que la falta de apoyo al sinceramiento tarifario se debe a errores de implementación (una tarifa social retirada a un cliente reunía los requisitos para recibirla). Pero esas posibles impugnaciones no explican la ola de malhumor social que, seguramente, sobrevendrá. No hay forma de comunicar simpáticamente un ajuste. Y ciertos pifies técnicos, por más irrelevantes que sean estadísticamente, parecen inevitables.

El frente anti-tarifas va a crecer en las próximas semanas. Porque el populismo está profundamente arraigado en nuestra cultura. Porque nunca se logró crear un consenso sólido que sancione las posiciones irresponsables en el campo económico, (consenso que sí existe en torno a cuestiones como los Derechos Humanos). La clave estará en la convicción que muestren los distintos componentes de la coalición Cambiemos. Y en cuánto se involucren actores clave del sector privado.

En ese sentido, el reciente pronunciamiento del Foro de Convergencia Empresarial es un dato alentador. Refuerza la ilusión de que la Argentina es capaz de avanzar en la política en la que, en algún punto, todo el arco político está de acuerdo. Aunque algunos manifiesten lo contrario. En secreto saben que el sinceramiento tarifario es tan necesario como inevitable. Que merecería ser una política de Estado. Y que incluso les conviene, si pretenden llegar al Gobierno y sostenerse con cierto éxito en alguno de los próximos turnos electorales.

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