Macri oficializó el ajuste a las universidades con un decreto

El Gobierno eliminó los convenios de Asistencia Técnica con las altas casas de estudio

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, lanzó ayer la segunda etapa del plan con el que pretende achicar el gasto público, uno de los principales requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ceder un millonario préstamo a la Argentina. Por medio del decreto 632/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial Nº 33.907, el jefe de Estado dispuso un congelamiento de las vacantes de empleo público, la reducción de viajes, el recorte de autos oficiales y un fuerte ajuste en el presupuesto de las universidades, entre otras cosas. Con esta medida, el Estado pretende ahorrar más de 20.000 millones de pesos y dar señales de austeridad.

En concreto, el Gobierno decretó que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo no podrán efectuar nuevas designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza hasta el 31 de diciembre de 2019. El documento exceptúa a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre otras. Si bien el decreto no alcanza a las retribuciones de los docentes universitarios, sí afecta de manera directa a los contratos tercerizados por las altas de estudios. Esto se detalla puntualmente en el tercer artículo del decreto, donde se dejan sin efecto, a partir del 31 de diciembre del año próximo, los convenios de Servicios de Asistencia Técnica celebrados con las universidades.

Según los gremios estatales, existen entre 6.000 y 7.000 contratos bajo esta modalidad en la actualidad, con cinco años de antigüedad en promedio. Este caudal de personas perderá su trabajo de manera efectiva, puesto que el mismo decreto estipula que no podrán ser contratados mediante otra modalidad. Primero, por el congelamiento de ingresos a la administración pública, y segundo porque la norma aclara que no se podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales, como se hacía a través de las universidades.

El secretario gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado de la Capital Federal, Luciano Fernández, aseguró ayer que “los trabajadores son contratados por los organismos y trabajan para el organismo” y que el vínculo con la universidad “es algo meramente administrativo, porque como no hay restricción para pagar consultorías ese dinero se usa para pagar sueldos”. Para el dirigente, la mayoría de los trabajadores contratados bajo esta modalidad se desempeñan en el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Justicia.

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