El primer femicidio fue el de Gabriela Verónica Lencina (43), que sucedió el 27 de diciembre último, aunque la mujer falleció el 3 de enero a causa de las quemaduras provocadas en su casa de barrio Coronel Olmedo, en un ataque por el que fue detenido e imputado su marido Cristian Sebastián Videla (40).
Ivana Soledad Juárez (32) fue hallada asesinada a puñaladas el 15 de enero en su domicilio de barrio Centro América y un hombre se encuentra detenido por el caso.
El tercer hecho es el que tuvo como víctima a Nilda Peano (57), quien murió el 20 de enero en su casa de la localidad de Villa Dolores por los golpes recibidos por su marido Luis Aguirre (65), con quien estaba en un proceso de divorcio y quien se suicidó ahorcándose tras cometer el crimen.
Melisa Moyano (40) murió estrangulada el 31 de enero en la localidad de Jesús María y por el femicidio fue detenido su expareja, Luis Pérez (54), de quien se había separado hacía apenas diez días y a quien los vecinos vieron huir de la escena del crimen.
El último y quinto caso del año es el de Liliana Stefanatto (54), ocurrido el 1° de febrero en Villa María, donde fue asesinada a golpes en su cabeza con un elemento contundente, y por el femicidio quedó preso Ignacio Aldeco (45), un hombre a quien ya en 2019 había denunciado y estuvo preso por violencia de género, pero con quien había vuelto a convivir hacía 15 días.
El Observatorio de la ONG Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) registró 121 asesinatos en toda la provincia de Córdoba en todo el 2020, de los cuales 13 correspondieron a femicidios.
Por ello, los cinco casos en tan solo las primeras cinco semanas de este año preocupan a referentes de organizaciones comprometidas con la lucha contra la violencia de género.
Betiana Cabrera Fasolis, coordinadora de Mumalá en Córdoba, detalló a Télam que alrededor del 70 por ciento de los casos de femicidios del 2020 ocurrieron en el interior provincial, y que es allí donde «más se nota la falta de acceso a la justicia, también la falta de presupuesto para sostener programas de asistencias y de los equipos profesionales interdisciplinarios capacitados para la prevención».
La dirigente detalló que los registros oficiales marcan que el 20 por ciento de las mujeres cordobesas asesinadas habían realizado denuncias previas y que «por lo tanto esos datos evidencian que no han tenido respuestas». «Tenemos una justicia sumamente burocrática y onerosa», reprochó.
Entre los datos estadísticos que registra Mumalá, Cabrera Fasolis detalló que aproximadamente el 10 por ciento de los femicidas «pertenecen a las fuerzas de seguridad, y en muchos de los casos utilizaron un arma reglamentaria».
«Hay un déficit en las políticas públicas para prevenir estas situaciones de violencia institucional», consideró Cabrera Fasolis y añadió que «un miembro de una fuerza de seguridad que tiene denuncia por violencia de género, no tiene que portar arma».
«Los promedios de femicidios se mantienen y es una mala noticia que no hayan disminuido», aseveró la referente, aún con el trabajo de las organizaciones feministas, del «Ni Una Menos», e incluso cuando la temática está en la agenda pública y política y se debate en los medios de comunicación.
En ese contexto, dijo que la violencia de género «es un problema sistémico y estructural en una sociedad machista y patriarcal en que vivimos». Al respecto, planteó la necesidad de cambios culturales que, según su punto de vista, «son difíciles de lograr cuando no hay voluntad política».
Incluso consideró que como punto de partida sería valioso aplicar la Ley de Educación Sexual Integral, como una herramienta muy importante para prevenir y promocionar una vida libre de violencia y en ese sentido, remarco: «Necesitamos actuar antes de que los hechos ocurran».
En cuanto a los datos en todo el país, según las estadísticas de Mumalá, hasta el 31 de enero se cometieron 27 femicidios y 36 tentativas, lo que representa un hecho criminal cada 27 horas y que el 88 por ciento fueron cometidos por vínculos cercanos, parejas o ex, familiares y conocidos.
Entre otros datos precisa que el 25 por ciento de las víctimas habían denunciado al homicida, el 17 tenía orden de restricción de mantener contacto y el 4 tenía el protector de botón antipánico.
El ministro de Seguridad local, Alfonso Mosquera, anunció la implementación de la línea de llamada 911, que convivirá con el 101, pero que va a aportar un sistema moderno, con imágenes, geolocalización y más información para la intervención más efectiva e inmediata.
El funcionario habló con Cadena 3, y si bien no se refirió particularmente a los casos de femicidios, consideró en general que «la inseguridad es indirectamente proporcional al desarrollo y al progreso de sus ciudadanos».
«Con un contexto con 50% de pobreza y 10% de indigencia, los índices de seguridad son poco alentadores», manifestó y resaltó que «Córdoba no se ha quedado inerte e interviene de todas maneras con inversiones de equipamiento, móviles policiales y desarrollo tecnológico».
