Eran niñas

Asesinato en Paraguay | Por Úrsula Neumann

“Las niñas no se torturan, no se violan, no se matan”, se sentenció el 14 de noviembre en la Primera Audiencia del Segundo Ciclo del Juicio Ético Feminista a la Justicia Patriarcal, organizado por Feministas de Abya Yala -América Latina-. Esta Audiencia se desarrolló en torno al caso de ejecución de las dos niñas argentinas de 11 años, Lilian Mariana y María Carmen Villalba, a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) del Estado paraguayo. Esta Fuerza alude que los asesinatos que cometió el 2 de septiembre pasado se dan en un operativo de inmersión al campamento del Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP).

El EPP es una organización político-militar que extiende su influencia en las zonas de Concepción y parte de San Pedro de Paraguay. Se moviliza en la lucha por la tierra y en confrontación con el modelo de agronegocios. La historia demuestra que el Estado paraguayo ejerció una persecución implacable, mediante secuestro, tortura, cárcel, armado de causas a sus principales dirigentes y la demonización mediática.  

Los testimonios

Myrian Villalba, mamá de Lilian, y su defensoría sostienen que, según las marcas y cortes en el cuerpo de las niñas, no hubo enfrentamiento alguno, sino que fueron capturadas, torturadas y probablemente, violadas. Ante los cambios de versiones, tergiversaciones, trabas para la investigación y ocultamientos por parte del Estado paraguayo, la Cancillería argentina demandó el urgente esclarecimiento del hecho.

En representación de la Gremial de Abogadas y Abogados de Argentina, Laura Taffetani, explica que además de no tener acceso aún a los archivos del caso, “estamos hablando de un acto por parte del Estado, por las evidencias en los hechos, de un crimen premeditado”. Ya que la FTC no aplicó los protocolos internacionales para la protección de niños, niñas y jóvenes en contexto de guerra; nominación que hace el mismo gobierno paraguayo para la situación con el EPP. Taffetani, destaca entonces, que hubo premeditación, ejecución y encubrimiento. Pericias desprolijas, sin fundamentos científicos y sin permitir presenciar la autopsia. Las niñas habían ido a ver a sus padres a Paraguay, pero por las medidas ante el Covid-19, no pudieron volver.

Desde la Gremial, en línea con la Cancillería, se hace el pedido de prueba por el Equipo Argentino de Antropología Forense en Paraguay, pero ya fue tres veces negado. Se denunció el caso en el Comité de Derechos de los Niños y Niñas, de Ginebra, y en la Relatoría de Ejecuciones Sumarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y ya están investigando. Paralelo a esto se acentúa la persecución contra la familia que está en Argentina. Ante lo que la Gremial presentará un pedido de refugio al país; se teme por una solicitud de extradición.

La Coordinadora de Derechos de la Infancia y Adolescencia (CDIA) del Paraguay, enfatiza en el carácter sistemático con que la FTC opera: “Desde su creación, hay una recopilación inmensa de informe de derechos humanos, informes del propio mecanismo de prevención de la tortura, de que en sus intervenciones se realizan allanamientos aparatosos. En inspección de rutina de control de ciudadanos, se han registrado hechos de usos excesivos de la fuerza pública, enfrentamientos, hechos de tortura. Todo esto está documentado e informado a organismos de derechos humanos”.

Las Juezas del Tribunal Ético

Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, expresó: “Realmente estamos todos tan conmovidos, es un crimen de lesa humanidad, horroroso, hay que seguir hasta condenar a los responsables por lo que tienen que ser. No podemos tolerar que dentro de las Fuerzas Armadas se trate de distorsionar los hechos tan horrendos que han ocurrido”.

De la Organización de Mujeres Campesinas Indígenas CONAMURI de Paraguay, Alicia Amarilla enunció: “Celebro este juicio ético porque para nosotras las mujeres campesinas indígenas, el estado es patriarcal, la justicia paraguaya es machista y patriarcal como siempre decimos, porque hemos comprobado que las instituciones nos han tratado como seres inferiores, nos desprotegen, nos violan, destruyen nuestro territorio, descuidan nuestros hijos, dejan que las niñas sean madres y matan a nuestras hijas. Realmente vivimos en un estado terrorista, un estado que persigue a los movimientos sociales, un Estado que miente, que oculta la verdad, que difama, que odia y con violencia, y manipula a través de los medios de comunicación. Nosotras decimos que seguimos viviendo la doctrina de Stroessner; actúa de la misma manera. Condenamos el hecho del asesinato de estas dos nenas, eran niñas. Juicio y castigo a los responsables. Todas las instituciones son cómplices de esta situación”.

La socióloga investigadora de temas relacionados a los movimientos sociales y a la criminalización de las luchas, Marielle Palau, pronunció: “la importancia política y ética de este Segundo Ciclo del Tribunal contra la Justicia Patriarcal, es realmente muy relevante, porque lo que nos viene ocurriendo no ocurre solamente en algunos territorios, sino que responde a una matriz que se va aplicando de diferentes maneras, pero con la misma violencia y perversidad en todos los territorios del Abya Yala. En todo el continente nos corresponde denunciar todas estas lógicas de criminalización que recuerdan mucho a las dictaduras, pero que también tienen nuevas formas de violencia política”.

Adriana Guzmán, representante del Feminismo Comunitario Antipatriarcal de Bolivia, dijo que “nosotras sí sabemos que fue un crimen premeditado y seguimos denunciando que eran niñas, que el Estado paraguayo es asesino, es responsable de los crímenes de las dos niñas; que fue un crimen además encubierto con la complicidad no solo de los militares, también de los médicos forenses y de todas las autoridades que estuvieron involucradas. Porque escondieron las pruebas, porque trataron de modificar los cuerpos, porque ahí está el encubrimiento. Nosotras como tribunal lo sabemos, y lo vamos a seguir denunciando, y vamos a seguir en los espacios internacionales exigiéndole a esta justicia que ratifique esto que ya sabemos. Eran niñas, el estado es responsable”.

Lolita Chávez, feminista comunitaria del pueblo K'iché Ixim Ulew, Guatemala, concluyó: “las niñas no se torturan, no se violan, no se matan. La justicia llegará por el camino feminista. El juicio y castigo es urgente”.

Para ver el Juicio Ético completo:

https://www.facebook.com/Feministas-del-Abya-Yala-183266512417626/

 

 
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