Un Reglamento para la tribuna

Editorial

La inseguridad es una de las grandes necesidades insatisfechas, en la Argentina y en todo el resto de América latina, como lo atestiguan los casos de Brasil y México. El fenómeno no es nuevo y cualquier encuesta de opinión pública lo demuestra, aunque la inflación y la desocupación le hayan quitado el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas.

Durante los últimos años el delito y la violencia han aumentado. La tendencia es clara: a diario se registran la angustia y la preocupación de los vecinos por los robos domiciliarios, particularmente por los asaltos en la vía pública. Esa inseguridad, a la que los criminólogos llaman objetiva, provoca una sensación de inseguridad que puede resumirse en una palabra: miedo. Los ciudadanos temen ser víctimas de un robo o de algo peor. No es una sensación alocada promovida por los noticieros de radio o televisión: es la consecuencia del fracaso de las políticas de seguridad.

Y por miedo la ciudadanía termina estando dispuesta a ceder libertades individuales, a cambio de una vida aparentemente más segura. Los gobiernos autoritarios se aprovechan y proponen “mano dura”, una vía tan condenable como ese malentendido “garantismo” que olvida los derechos de las víctimas.

En ese marco, el ministerio de Seguridad de la Nación publicó en el Boletín Oficial el “Reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”. La firma fue de la ministra Patricia Bullrich, pero la decisión fue del presidente Macri. La simple lectura demuestra que el Reglamento se ajusta a la legislación internacional sobre la materia, en particular a las recomendaciones de la ONU. No se trata, pues, de un invento de la ministra, y está lejos está del “fascismo”, como temerariamente sostuvo la diputada Elisa Carrió, principal socia política de la alianza gobernante.

Porque el Reglamento en cuestión no modifica la Constitución Nacional ni el Código Penal; por lo tanto, el accionar de las fuerzas federales de seguridad seguirá sujeto al marco jurídico en vigencia. En un Estado de Derecho, ahí están los derechos y las garantías de todos, tanto de los victimarios y las víctimas como de los agentes que portan armas.

Ahora bien, si el contenido del Reglamento no es criticable desde lo jurídico, sí lo es el uso mediático que el gobierno de Cambiemos le ha dado. Frente al fracaso de las políticas de seguridad y la lucha contra el narcotráfico -una más entre tantas promesas incumplidas- se responde con medidas efectistas, que provocan el apoyo ciudadano aunque mantengan sin resolver los problemas de fondo.

10 Diciembre 2018
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