Usted está aquí: las jubilaciones no van para ningún lado

PREVISIONALES
El desgastado sistema jubilatorio de Córdoba demora seis meses en aplicar aumentos y la Caja no puede salir del rojo
por Maximiliano Monti
De nuestra Redacción

A días de la aprobación en el Congreso de la Ley de moratoria previsional que beneficiará a 473.814 personas en el plano nacional, Córdoba conduce los destinos de su Caja jubilatoria por un carril lleno de semáforos en rojo. El recorrido empezó en 1992 con la privatización del sistema jubilatorio cuando las provincias aceptaron resignar el 15% de la coparticipación a la Anses, y continuó con el llamado Compromiso Federal de 1999. El histórico pacto comprometió a la Nación a cubrir los déficits de los sistemas provinciales que, como Córdoba, no fueron transferidos a cambio de que las provincias armonizaran su régimen con el nacional. Detrás de su entrañable nomenclatura, el proceso de armonización exigía, básicamente, endurecer las condiciones de jubilación.

Sucesivos acuerdos sobre las transferencias de la Nación a cambio de las adecuaciones en Córdoba conservaron la paz hasta que, durante 2011, la Casa Rosada no hizo los pagos correspondientes por 1.039 millones de pesos, que hoy la provincia reclama en la Corte Suprema de Justicia. La Anses, en nombre del “Convenio para la armonización y el financiamiento del sistema previsional”, respondió que Córdoba no había avanzado en la armonización. Si bien el pacto cita que “en caso de verificarse incumplimiento de los compromisos asumidos por la provincia, las obligaciones reconocidas por el Estado nacional (…) perderán exigibilidad”, para el economista cordobés Salvador Treber “el Estado se ha erigido como juez y parte, porque firma un convenio como parte, pero por su cuenta define que la otra parte no cumplió, en lugar de recurrir (…) al tribunal”.

Con el fin de la simpatía, la provincia continuó la marcha en soledad y, para hacer frente a los periódicos vencimientos, la administración del entones gobernador Juan Schiaretti impulsó, entre otras, la ley 10.078 en 2012 (que demora 180 días el aumento de haberes) y la 9.504 de Emergencia Previsional en 2008 (que recorta beneficios). La ley 9.075, en tanto, creó en 2002 el Fondo Complementario “para la financiación de situaciones especiales”, de cuyos fondos reunidos desde 2003 hasta 2008 y calculados por la Asociación de Jubilados Provinciales Autoconvocados de Córdoba (Ajupracor) en casi 3.000 millones de pesos, nadie sabe nada.
“Desde Ajupracor estamos en contra del proceso de armonización y la cesión del 15% de la coparticipación, que tendría que volver a las provincias para financiar el déficit de las cajas provinciales. La ley nacional ha sido declarada inconstitucional por la Corte en fallos como ‘Badaro’ porque la manera de cálculo del haber no se ajusta a lo fundamental de la jubilación, que se considera como un salario diferido, que tiene carácter alimentario y tiene que ser igual al salario que ganaba el trabajador cuando estaba en actividad. Con otros fallos como ‘Sánchez’ y ‘Coronas’, la Corte consideró que la ley no respeta el 82% del salario del trabajador en actividad como era hasta la reforma de Schiaretti y que ahora se calcula sobre el promedio del salario de los últimos 48 meses. Exigimos la vuelta a la ley jubilatoria cordobesa 8.024”, dice Enrique Ramírez, secretario de Ajupracor.

HDC: ¿Qué respuesta obtuvieron de los funcionarios?

Enrique Ramírez (ER): Ninguna. Hay un condicionamiento muy serio que viene de los organismos financieros internacionales porque es muy sospechoso que el proceso de armonización haya atravesado varias administraciones de distintos signos políticos. Comienza con Menem y sigue con De la Rúa, Duhalde y ahora con el kirchnerismo. Nadie se opuso.

HDC: En 2008, los gremios estatales, entre ellos Luz y Fuerza, presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia penal para investigar lo que pasó con el Fondo ya que “que el Poder Ejecutivo Provincial, habría modificado el destino específico de los activos (…) para afrontar las erogaciones del Fondo de Retiro de la Policía de la Provincia”. ¿Qué pasó, para ustedes, con los recursos?

ER: Lo consideramos una estafa. De acuerdo a la ley 9.075 el Fondo tenía que ser aplicado exclusivamente a cubrir déficits de la Caja y el decreto reglamentario 1.609 ponía condiciones como estar depositado en una cuenta corriente especial del Banco de Córdoba que nunca se abrió, tenía que haber una comisión de control que no se pudo conformar y, finalmente, hacer un balance anual que no se hizo. Las tres cosas configurar un delito.

HDC: ¿Cómo sería posible equilibrar un sistema históricamente deficitario sin el sacrificio de los jubilados?

ER: Nosotros consideramos que el sistema no es deficitario en sí mismo. Lo es porque los funcionarios no se preocupan por los intereses de los jubilados. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de blanqueo salarial, se evadieron 600 millones de pesos que la provincia debía haber recibido de las sumas no remunerativas que se pagaron entre 1998 y 2010. Sobre todas las sumas que gana el trabajador se tienen que hacer contribuciones. Se está desoyendo lo que dice la propia ley. A la Caja no la manejan los jubilados sino funcionarios que responden políticamente.

 
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