El Estado y la defensa de los derechos de ciudadanos y consumidores

LEYES DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
por Patricia Vaca Narvaja

Los proyectos de ley enviados al Congreso, referidos a la protección y defensa de los derechos de los ciudadanos consumidores, resultan una clara muestra de profundización del Proyecto Nacional  y Popular al institucionalizar sus políticas públicas porque recogen la experiencia de estos diez años en esta materia y actualizan la legislación existente para garantizar la plena vigencia de estos derechos.

No existe mayor calidad institucional que aquella que garantiza, a través de organismos pertinentes, la defensa y cumplimiento de estos derechos. Estas reformas propuestas son un claro ejemplo de ello. Desconocer la vulnerabilidad y desigualdad en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores de  bienes y servicios es producto de la ignorancia o de la mala fe, más aun cuando en nuestra economía persisten numerosas empresas con posición dominante y mercados monopólicos y oligopólicos. Es deber del Estado, entonces, intervenir en defensa de los más vulnerables.

En oportunidades anteriores, como cuando se sancionó por primera vez la ley de Defensa del Consu-midor, o sus modificaciones, o las leyes de tarjetas de crédito, o de prepagas, etc., los grupos concentrados y corporaciones económicas, financieras y mediáticas no solo se opusieron sistemáticamente, sino que también recurrieron, una vez más, a profetizar consecuencias apocalípticas para sus empresas y negocios. Lo cierto es que la “única verdad es la realidad” y tan mal no les ha ido, sino todo lo  contrario.

Por otra parte, si cumplen con las diferentes leyes y regulaciones, si respetan los derechos de los consumidores, si frente a los reclamos que pudieran ocurrir se preocupan y ocupan de resolverlos, no tienen por qué inquietarse. No serán convocados por la autoridad de aplicación ni por la Justicia.
Si no practican acciones anticompetitivas con las Pymes, muchas veces impidiendo que sus productos lleguen a las góndolas, o imponiéndoles, además, precios y condiciones de pago abusivos por ser industrias  y /o cadenas de comercialización  monopólicas u oliogopólicas en el mercado; si no especulan con la producción para elevar los precios, si les pagan a valores justos a los productores agropecuarios, sino tienen nada que ocultar etc., no deberían preocuparse.

Todo lo contrario, esta legislación apunta a penalizar a quienes no respetan la ley, violando los derechos de los consumidores, abusándose de las Pymes y comercializando de manera desleal. La activa política de la Secretaria de Comercio en la búsqueda de información y transparencia de las distintas cadenas de valor en la formación de los precios ha permitido exponer con claridad cuánto influyen esas prácticas abusivas y anticompetitivas en detrimento de las Pymes y de los bolsillos de los consumidores.

Por otra parte, estos proyectos de ley les dan herramientas ágiles, accesibles y eficaces a los ciudadanos (ante la autoridad administrativa y ante el nuevo fuero judicial) para que ejerzan sus derechos, de tal manera que también les posibilita asumir su responsabilidad por lo que ocurra en el mercado.

Si los ciudadanos consumidores consienten abusos y violaciones a las normas y no utilizan los mecanismos previstos, no solo se perjudican ellos mismos sino que también permiten la continuidad de estas malas prácticas con sus consecuencias negativas para los sectores más vulnerables. 

 
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