La Cámara 12º del Crimen de Córdoba sobreseyó ayer a un productor acusado por fumigaciones cometidas en 2004 sobre el barrio Ituzaingo antes de iniciarse un juicio oral y público que lo tenía como imputado y que demoró 16 años desde la primera denuncia, en una causa emblemática de la lucha contra el uso de agrotóxicos en la Argentina.
Se trata del caso conocido como «causa Madre» del barrio Ituzaingó, que comprende una serie de hechos vinculados a fumigaciones en ese barrio y en el barrio Los Cedros, y que es una derivada de la causa que en 2012 consiguió la primera sentencia en el país que condenó penalmente a un productor y a un aeroaplicador por el delito de daño ambiental.
El 1 de julio de este año, la Cámara 12 integrada por Ana María Lucero Offredi, Gabriela María Bella y Gustavo Reinaldi resolvió «hacer lugar» a un pedido de la defensa de Francisco Parra, quien había sido ya condenado en el juicio de 2012, y sobreseer al productor con el argumento de «cosa juzgada».
«Lo que la Cámara plantea es que los hechos que se le imputan en este nuevo juicio constituyen una continuidad de los que fueron juzgados en 2012 y, entonces, «nadie puede ser juzgado dos veces por lo mismo», describió Cecilia Carrizo Sineiro, politóloga y docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), quien acompañó desde el comienzo la lucha de las madres de Ituzaingó.
Carrizo Sineiro recordó que «iba a comenzar el juicio oral y público en abril; el fiscal de instrucción había imputado a Parra, y la decisión había sido ya ratificada por un juez que, de hecho, la elevó a juicio oral; en marzo nos informaron que el comienzo del juicio se suspendía y ahora nos enteramos de esta resolución».
El 10 de febrero de 2002 Norma Herrera, una vecina del barrio Ituzaingó anexo recibió el diagnóstico de que su hija de dos años tenía leucemia: «En 2001 nos habíamos enterado que había otros dos casos. Cuando me dicen lo que tiene mi hija nos empezamos a juntar con otras madres y comenzamos una lucha que dura hasta hoy», recordó.
Y continuó «que hayan sobreseído a Parra no tiene explicación, durante años y años vinimos juntando pruebas, análisis de agua, suelo, de personas, tenemos niños que tienen más de seis agroquímicos en sangre y la justicia tiene toda esas pruebas. No entendemos por qué pasa esto».
No es la primera decepción que tienen en esta causa: «al grupo de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo se nos negó ser parte de la querella, cuando los casos de nuestras hijas e hijos fueron parte de los que iniciaron la lucha, y nunca nadie nos explicó por qué», dijo Norma.
«Una vez más nos encontramos como en aquellos lejanos años en que nuestra organización barrial tenía que luchar en dos frentes. Por un lado, contra los fumigadores que nos mataban, y por el otro contra la justicia que nos daba la espalda. Esta sentencia se parece a un viaje en el tiempo a Barrio Ituzaingó anexo 2002», dice el comunicado de Madres de Barrio Ituzaingó – Línea Fundadora y publica Sofía Gatica, una de las referentas del grupo.
Pese a que desde 2002 las madres venían denunciando, fue recién en 2008 que la justicia comenzó a investigar las fumigaciones luego de que el entonces subsecretario de Salud del municipio de Córdoba y médico pediatra, Medardo Ávila Vázquez, presentara una nueva denuncia penal.
A la denuncia de la Subsecretaría, la justicia anexó otras presentadas entre octubre de 2003 y febrero de 2004 que fueron las que finalmente llegaron al juicio oral de 2012 en el que fue condenado Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancello a tres años de prisión no efectiva (por ser en suspenso) y cumplimiento de tareas comunitarias por considerarlos penalmente responsables del delito de daño ambiental.
«Durante el desarrollo de ese debate oral, una de las testigos mencionó otras denuncias que se habían presentado y no estaban en la causa, y el tribunal ordenó que se buscaran esos sumarios y se investigaran», explicó a Télam Darío Ávila, uno de los abogado representa a las madres.
A instancias de esta situación, el fiscal Carlos Matheu -quien ya había sido clave en la instrucción de la causa de 2012- comenzó una intensa labor de investigación sobre la fumigación denunciada el 2 de marzo de 2004 que también tenían a Parra como imputado y determinó que había delito.
Por otra parte, la justicia anexó a la conformación de la «causa madre» otras fumigaciones realizadas en diciembre de 2006 y marzo 2007 en el barrio Las Quintas Country Club de la Comuna de los Cedros en las que había participado Pancello, el aeroaplicador condenado en 2012.
En la «causa madre», que tendría que iniciarse ahora, también están imputados Javier y Eduardo Amuchastegui, dueños de la Empresa Tecno campo; la ingeniera agrónoma Alejandra Mendizabal y el aviador Marcelo Peralta, además de Pancello, pero por las fumigaciones de los Cedros.
«Hay una interpretación forzada de la Cámara 12 que considera que la denuncia del 2 de marzo es una continuidad de los hechos por los que Parra ya había sido condenado. Nosotros creemos que no es así y que corresponde que sea juzgado tal como lo solicitó el fiscal», sostuvo Ávila, quien también acompaña a las madres desde sus inicios.
Y continuó: «Nosotros vamos a plantear un Recurso de Casación para intentar dar vuelta la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. En el caso de que este tribunal nos de la razón en este recurso, es probable que la defensa de Parra trate de llegar a la Corte Suprema de Justicia. Todo esto sumará tiempo al inicio del juicio».
A 18 años de las primeras denuncias públicas, Norma describió que «el barrio todavía se encuentra en emergencia sanitaria», y «si bien ya no se fumiga, las personas siguen enfermas con dificultades para acceder a la medicación, a los estudios, y a profesionales de distintas especialidades».
(Fuente: Télam)