Juicio con perspectiva de género por estafar a una mujer discapacitada

En el proceso de enjuiciamiento por delitos en donde se aplican "perspectiva de género y el modelo social de la discapacidad". Los imputados, "abusaron de su especial vulnerabilidad por ser una persona con discapacidad".

La Justicia de Córdoba pidió la elevación a juicio de una causa por estafa a una mujer con capacidad restringida que, según la investigación, tiene como responsables a tres personas que deberán enfrentar un proceso de enjuiciamiento por delitos en donde se aplican “perspectiva de género y el modelo social de la discapacidad”, informó ayer el Ministerio Público Fiscal (MPF).

La información, suministrada por el MPF, detalla que los tres imputados, cuyos nombres no se suministraron, deberán responder penalmente por “estafas”, delito que contempla penas de prisión de entre 2 y 6 años.

En ese sentido, se precisó que corresponde la aplicación del artículo 174, inciso 2 del Código Penal, para “el que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo”.

La acusación añade que se analizó que la mujer “fue víctima de un trato desigual” por parte de los imputados, quienes se “abusaron de su especial vulnerabilidad por ser una persona con discapacidad, y actuaron empleando una posición de desigualdad en razón del género”, cuyos actos de violencia sanciona la Ley 26485 de Protección Integral a las mujeres.

En la requisitoria a juicio, solicitada por la fiscal de Instrucción de La Carlota, Georgina Osella, sostiene que conjugar ambas variables –género y discapacidad- permitió apreciar la mayor vulnerabilidad que de ellas se deriva.

Al respecto, solicitó que se otorgue prioridad de juzgamiento como herramienta de transformación social y de protección e inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad, otorgando visibilidad y reconocimiento de derechos a quienes lo integran.

Los hechos ocurrieron a partir de 2011, en la localidad de Ucacha, del departamento Marcos Juárez, cuando los tres imputados se acercaron a la víctima en ocasión del fallecimiento de sus progenitores, aprovechando que la referida no contaba con un sistema de contención afectivo y desconocía cómo administrar los bienes dejados por sus padres.

A partir de esas maniobras de manipulación y valiéndose de la desprotección de la joven, “hicieron que la misma suscribiera diversos documentos de los cuales derivaron importantes efectos jurídicos en detrimento de su patrimonio, el cual se vio considerablemente disminuido, a puntal tal de precisar ayuda económica de terceros”, en la actualidad, resaltó el texto jurídico.

 
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