La industria del juicio del sistema financiero

Judiciales, por Alejandro Zeverín (Especial para HDC)

Un iceberg es un témpano de hielo flotante con gran masa que sobresale en parte de la superficie del mar, y al ser el hielo menos denso que el agua, flota. Su apariencia puede no ser muy grande porque sobresale del agua solo la octava parte de su volumen total, la sumergida puede alcanzar dimensiones enormes. La ley 21.526/25.782, denominada “de entidades financieras” reglamenta  las personas o entidades privadas o públicas que realicen intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros, quedan comprendidas los bancos, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo, cajas de crédito y también los fideicomisos financieros. A su vez, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplica la ley con todas las facultades, y ejerce la fiscalización de las entidades en ella comprendidas.

Los bancos ejecutaban judicialmente sus créditos impagos a través de un certificado de saldo deudor, y la disconformidad del ejecutado con relación al saldo deudor constituía casi una defensa causal inatendible; ese certificado era confeccionado en los  términos del derogado art. 793 del Código de Comercio y era un título suficiente. Con la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial (CCC), ahora el certificado debe acompañarse en los términos del art. 1.406 del CCC, que dispone que el banco pueda emitir un título con eficacia ejecutiva. 

Hasta aquí lo sabido. El problema se presenta cuando los bancos que ejecutan con el certificado, a través de miles de juicios en la provincia y millones en el país, no están respaldados por la existencia real del crédito que proclama el certificado agregado a la demanda y resguardado en la secretaría del respectivo juzgado civil, porque antes o durante el juicio, el crédito fue cedido a otra entidad financiera. 

¿Y cómo es posible esto? Recientemente, una de las Fiscalías en lo Penal Económico y Anticorrupción Administrativa de Córdoba así lo descubrió, en el curso de una investigación sobre una supuesta defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, en contra de un cliente que denunció la construcción fraudulenta del certificado de saldo deudor utilizado por el banco. Pero como el objeto procesal de ese entramado criminal aparecido de posible comisión de tentativa de estafa procesal no era del catálogo de delitos que les dio competencia a esas fiscalías, derivó el hecho a una fiscalía ordinaria. En suma, el banco había cedido un paquete crediticio, entre los que se encontraba el crédito ejecutado, a un fideicomiso que pertenecía al entramado de ingeniaría financiera del mismo banco (aunque era una persona jurídica distinta del banco). O sea, el demandado no debía a quién lo ejecutaba (el que, inclusive, le había embargado el sueldo), porque no existía convenio entre ambas entidades de rendir lo futuro a cobrar. 

El escándalo se ha mantenido en prudente secreto, porque de develarse que la práctica es común podría acarrear una suspensión del proceso. En el caso ya lo hizo el juez civil, en esos miles o millones de juicios ejecutivos, hasta la respectiva aclaración de la verdadera titularidad del crédito, cual sería si los bancos que ejecutan los créditos en verdad conservan el crédito en su patrimonio o, por el contrario, a espaldas del juez lo entregan a otra persona jurídica que no tiene la titularidad real del crédito. Esto provocaría un derrumbe de los juicios de esas características, con la responsabilidad bancaria en consecuencia que se extendería en lo penal, por la reciente ley de responsabilidad empresarial, a CEOs, contadores y abogados de esas entidades. 

Al parecer, la cuestión sólo tendría una apariencia de legalidad formal ajena a la competencia del derecho penal común y penal económico, pero no es así. Porque ese certificado sería falso, por ende estafatorio a la justicia y al ejecutado, ya que le debería a otro que, además, al momento no lo ejecuta, porque en los balances del banco ante el BCRA y AFIP aparece el crédito como una pérdida de patrimonio, apareciendo una dudosa maniobra compatible con una evasión agravada al fisco.

Por la vía del absurdo, sería como cobrar un crédito de una persona que fallece sin herederos, en el transcurso del juicio, ocultando el hecho al juez. Lo narrado aquí no es una novela, son hechos hoy investigados; el interrogante es saber si la mecánica de ingeniaría jurídica financiera revelada es la regla de las entidades financieras en Argentina, la punta de un iceberg, o este asunto ha sido una excepción. 

Si no lo fuera, estaríamos ante la industria del juicio bancario, que debería interesar también a la Justicia Federal, por las afectaciones a intereses del Estado nacional, como a los jueces civiles que tramitan estos litigios. 

 
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