Los fantasmas de la impunidad

Uruguay | Por Gonzalo Fiore

Tabaré Vázquez se convirtió la pasada semana en el primer presidente de la democracia uruguaya que se vio obligado a remover de sus cargos a seis altos mandos del Ejército. También le pidió la renuncia a quien era ministro de Defensa, Jorge Menéndez. Los generales expulsados habían opinado que los crímenes llevados adelante por la última dictadura militar uruguaya en el marco del Plan Cóndor que asoló a América latina no manchaban el honor de sus Fuerzas Armadas. Quien fuera teniente coronel durante la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985, Nino Gavazzo, confesó recientemente detalles del crimen del militante tupamaro Roberto Gomensoro, considerado el primer desaparecido uruguayo. Según su testimonio, el guerrillero fue asesinado por los militares y arrojado a un río en 1973. Gavazzo confesó haber sido autor material de la desaparición del cuerpo ya muerto del militante tupamaro. Vázquez no fue informado previamente de las actas y contenido de la confesión, por lo que al parecer quedó especialmente molesto al respecto.

El país oriental adquirió notoriedad en los últimos años debido a su agenda progresista: legalizó la venta de marihuana durante el gobierno de Jose ‘Pepé’ Mujica y fue el primer país donde una mujer transexual asumió una banca en el Senado. La senadora posteriormente renunció tras haber sido acusada de fraude por falsificar su firma en un caso donde ejercía como abogada. También se sancionó una ley para el aborto legal, seguro y gratuito en 2012 durante el mandato de Mujica, tras haber sido vetada por el gobierno de Tabaré en 2018. A pesar de la agenda social progresista sostenida por los gobiernos del Frente Amplio, la figura del senador por el opositor Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, viene adquiriendo cada vez más notoriedad. Actualmente, si bien el PN se encuentra segundo por unos cinco o siete puntos porcentuales en las encuestas, el nombre de Lacalle es el más nombrado cuando se pregunta a quien se votaría como presidente.

Si bien el dictador Juan María Bordaberry fue juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad, en Uruguay no existió una política de memoria, verdad y justicia remotamente similar a la implementada por el gobierno argentino de Néstor Kirchner a partir de 2003. Tampoco se juzgó a los jerarcas militares artífices del Terrorismo de Estado como lo hizo Argentina en 1985. Desde 1986 rige la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que evita juzgar los crímenes cometidos entre 1973 y 1985. En 2010 el ejecutivo envió a diputados un proyecto de ley para anular los artículos 1°, 3° y 4°. Por lo que tras algunas modificaciones, en 2011 fue aprobada por el Parlamento la ley de “restablecimiento para los delitos cometidos en la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985”, dándole categoría de lesa humanidad a los crímenes. Aunque los orígenes de los fundadores del Frente Amplio provienen de la guerrilla Tupamaros, de movimientos sindicales o políticos de izquierda reprimidos durante la dictadura, no hubo tampoco un gran programa estatal similar al argentino. Inclusive durante el gobierno de Mujica, quien estuvo preso y prácticamente incomunicado doce años bajo el régimen, por haber sido miembro de Tupamaros.

El escándalo con los militares provocó una grave crisis política, sin muchos precedentes en la historia reciente de Uruguay. Esto sucede durante un año electoral donde no hay candidatos claros para suceder en la presidencia a Tabaré Vázquez, imposibilitado por la Constitución para buscar su re elección. Daniel Martínez, quien fuera intendente de Montevideo hasta el pasado 1 de abril e integrante del Partido Socialista, es uno de los probables candidatos del Frente Amplio. Carolina Cosse, actual ministra de Industria, militante del Movimiento de Participación Popular de Mujica, es otra de las precandidatas en carrera dentro de la coalición gobernante. La oposición principal es la del Partido Nacional con Luis Lacalle Pou. El Partido Colorado se encuentra como tercera opción, muy lejos en las encuestas. Planea competir con el veterano ex presidente Luis María Sanguinetti, de 83 años. La oposición en el Congreso se ha opuesto a la destitución de los militares exigiendo conocer las actas de los Tribunales de Honor antes de aportar los votos necesarios para las destituciones.

El nuevo ministro de Defensa a partir del lunes es José Bayardi, ex ministro de Trabajo durante el gobierno de Mujica. El flamante funcionario desestimó hablar de “crisis” para referirse a la situación que vive el país. Si bien desde que gobierna el Frente Amplio se produjo efectivamente un giro a la izquierda, especialmente en su agenda social de corte progresista y en lo que concierne a la política exterior, tras las declaraciones de Gavazzo, fueron puestas en evidencia una serie de contradicciones que jaquean en gran medida al relato oficial del Uruguay frenteamplista. La “reconciliación” y cerrar las heridas del pasado se hace mucho más difícil cuando los crímenes dejan de ser algo abstracto a partir de testimonios vívidos que le ponen cara tanto a los asesinos como a las víctimas. Las políticas de memoria, verdad y justicia son imprescindibles para que nuestros países puedan salir definitivamente de sus épocas más oscuras. Los crímenes cometidos por las dictaduras militares no solo manchan el “honor del Ejército” sino también a toda la clase política que no quiso o no pudo juzgarlos en democracia. Sin la verdad, el pasado siempre sobrevuela como un fantasma que se resiste a esfumarse, haciendo imposible una verdadera construcción de futuro.

 
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