Nueva era de violencia en Colombia

Mondo Cane | Por Gonzalo Fiore

Una nueva era de violencia viene asomando en Colombia durante los últimos meses. Especialmente el fin de semana pasado, donde resultaron muertos trece personas durante manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque, tras el asesinato del abogado Javier Ordoñez a manos de la policía de la ciudad de Bogotá. El joven murió algunas horas después de ser herido y torturado en repetidas ocasiones con pistolas TASER el pasado 7 de septiembre. Esto desencadenó una serie de revueltas en todo el país con epicentro en la capital, considerablemente más violentas que las producidas durante 2019 y a comienzos de este año, previas a la pandemia. Más allá de la reacción contra la violencia policial tras el asesinato de Ordoñez y distintas masacres producidas en las últimas semanas, existen otros motivos que generan el rechazo de un sector importante de la población, especialmente los jóvenes, contra el gobierno.

En agosto, Iván Duque había asegurado que no había masacres, sino “homicidios colectivos”. Ese mes, habían sido asesinadas ocho jóvenes en Nariño.

Lo cierto es que en lo que va de 2020, ya fueron documentados más de 200 asesinatos contra civiles por parte de la policía. El uso del terror como método de acción policial contra la guerrilla o el narcotráfico se encuentra extendido entre las fuerzas de seguridad colombianas. Tan solo en 24 horas, el pasado 7 de septiembre, se produjeron masacres que terminaron con la muerte de 14 personas, entre ellas un menor de edad, en hechos en distintos puntos del país. Sucedieron en Antioquía, Cesar, y dos en localidades rurales de Bolívar. El país ya cuenta con 13 masacres en lo que va del año; por ello, muchos ya hablan de un nuevo período de violencia extrema: “nuevo”, en referencia a lo sucedido a mediados de los años 90, aunque con otras características diferentes.

Tanto la policía como los grupos de autodefensa, milicias paralelas armadas supuestamente con la finalidad de combatir la guerrilla, son señalados como los grandes responsables de estas matanzas.

La cuarentena en el país se extendió durante cinco meses y medio, desactivando por ese tiempo cualquier tipo de movilización. Pero, al mismo tiempo, la pandemia causó un grave deterioro en la economía del país y exacerbó el descontento ya existente contra Duque. Todo ello, mientras su padrino político y hombre fuerte de la política colombiana de las últimas décadas, Álvaro Uribe, cumple prisión preventiva.

Los vínculos del poder político con estos grupos paramilitares vienen de larga data. Al ex mandatario se lo acusa de sobornos, corrupción, y vínculos con los grupos paramilitares. Su hermano menor, Santiago, también se encuentra detenido, mientras enfrenta un juicio por la creación de una milicia paralela, denominada “Los Doce Apóstoles”. Duque llegó al poder tras ser apadrinado por Uribe, y si bien se muestra un poco más moderado en su discurso, sigue estrechamente ligado a su padrino político. Esto genera un gran malestar en los manifestantes, que ven al ex presidente como uno de los principales causantes de los actuales males del país cafetero.

Según cifras del Departamento de Estadística de Colombia, cerca del 27% de los colombianos viven bajo la línea de pobreza y más del 7% en situación de pobreza extrema. Estos números vienen aumentando ininterrumpidamente desde 2017. La desigualdad es aún peor: de acuerdo al Banco Mundial, el país es el segundo más desigual de América Latina, y el séptimo del mundo. A pesar de que durante el boom petrolero, en el período 2006-2014, el Producto Bruto Interno creció sostenidamente un 6,6%, la desigualdad aumentó. La brecha entre los centros urbanos y las áreas rurales también es considerable: los trabajadores urbanos perciben 5,2 veces mayores ingresos que los obreros rurales. El salario mínimo en Colombia equivale a 238 dólares, sin embargo, la desocupación superó el 20% en julio de este año. Si bien venía disminuyendo, el escenario pandémico impactó gravemente en el trabajo registrado.

Similar a lo sucedido con George Floyd en los Estados Unidos, el caso de Ordoñez funcionó cómo un catalizador que desató la indignación contenida. Al igual que en los Estados Unidos, existe una violencia estructural en las fuerzas de seguridad colombianas. Agravadas por vínculos poco claros con grupos paramilitares y sectores del poder político. Sumado a una pobreza y desigualdad crecientes en los últimos años. De la misma manera, la juventud de Colombia parece haberse hartado definitivamente de tener que soportar diariamente esta situación y de vivir en “estado de terror”. Por ahora, las masacres no cesan y la única respuesta pública oficial gira alrededor de una disputa semántica.

La degradación política y social del país parece encontrarse en un punto limite. Es difícil, pero hay una mínima posibilidad de que, si la oposición logra encauzar las revueltas en su favor, pueda construir finalmente un polo de poder real contrario al uribismo. Por ahora, los manifestantes solo tienen las calles para hacer frente a una violencia que ha demostrado no tener límites ni piedad.

 
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