Vicentin en su laberinto

Judiciales | Por Alejandro Zeverin

Sergio Nardelli y Héctor Padoan, responsables de empresas nacionales que operan off shore y de la cerealera Vicentin, no pudieron encontrar la salida al laberinto que construyeron. Ellos idearon un lugar en el entramado societario, formado por calles y encrucijadas para confundir a quien se adentrara en él, no lográndolo justo cuando creían haber encontrado la ansiada salida. Nadie puede ser tan inocente para creer que solo la corrupción empresarial en Argentina fue en el ámbito de la construcción. En estos días el fiscal Federico Delgado pidió que Julio De Vido, Aldo Roggio, Tito Biagini, y Carlos Wagner, entre otros 25 que deberán enfrentar un juicio oral, acusados de sobornos por el caso Aysa, por la construcción de la planta potabilizadora de agua en la fiesta de coimas con el consorcio brasileño Odebrecht. Pero existen también las mafias de los proveedores del Estado, sin un signo político determinado, que operan con diversos métodos: a veces se cartelizan, con o sin la participación de funcionarios públicos, imponiendo sus condiciones (sobreprecios, o mala calidad de lo que proveen), a veces se asocian con funcionarios coimeando. No dudan en lucrar ni siquiera en condiciones de calamidad pública, como los casos de sobreprecios en alimentos o de la compra de barbijos en la Ciudad de Buenos Aires, todo vale.

Naciones Unidas (ONU) ha instrumentado un observatorio de precios de remedios comparables, para hacer un seguimiento de las adquisiciones del Estado; también colaboran con el ministerio de Desarrollo Social, y con Obras Públicas, en la compra de insumos sanitarios, por los eventuales casos de irregularidades en la compra de insumos en medio de la pandemia.

O sea, corruptores y corruptos rodean a nuestro Estado, escondidos en los pliegues del poder, y a su sombra se enriquecen a nuestra costa, sin que los que deban reprimirlos se hagan cargo si no estalla el escándalo. ¿Hay acaso alguna investigación judicial de oficio sobre este tipo de corrupción, de orden nacional, provincial o municipal, con resultados?

El grupo Vicentin previó endeudarse de forma mafiosa bajo la dirección de sus responsables, Nardelli y Padoan, en la que jugaron de corruptores, y Gonzales Fraga, titular del Banco Nación, obedeciendo órdenes superiores, creyeron haber coronado una de las más grandes estafas al Estado, agricultores, inversores y proveedores. Nótese que el mismo día que ingresaba al Juzgado de Primera Instancia Distrito 4 en lo Civil y Comercial, de Reconquista, para la presentación de concurso de acreedores, estaban en sus oficinas adquiriendo, a crédito, granos que no pensaban pagar. La deuda declarada en lo visible asciende a US$ 1.450 millones, ¿será que la delincuencia de cuello blanco (o económica, que es lo mismo) goza de excelente salud?

Lo que Nardelli y Padoán no previeron fue que el Estado no se comportara como siempre, y se interpusiera en la maniobra de vaciamiento de Vicentin en Argentina, y en el desguace de sus subsidiarias en el exterior. De pronto, el horror se puso de manifiesto por los demás actores del mercado de granos, acostumbrados a triangular negocios para evadir impuestos y a cartelizarse en los precios.

Resultan falacias e ignorancia del derecho (o defensa de intereses oscuros) argumentar el Poder Ejecutivo no pueda “interferir” en un concurso judicial, cuando la acción del primero está destinada a preservar los bienes de la empresa concursada, la intangibilidad de su deuda, para lograr la inmovilidad jurídica en colaboración con la Justicia para evitar su vaciamiento y desguace, cuando existen vehementes indicios de criminalidad de su cuerpo directivo. También negar la existencia jurídica de empresas mixtas, conformada entre capital privado y estatal por encima de la designación jurídica atribuida. Vicentin puede convertirse en empresa testigo de precios para el mercado interno de alimentos, cuando su direccionamiento dependa de YPF Agro, una mixta superavitaria en el mercado de granos.

Es falaz también que la expropiación sería inconstitucional, cuando nuestra Carta Magna prevé, en su art. 17: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”, pues entonces qué otra opción quedaría ante una maniobra defraudatoria a las arcas públicas tan fabulosa como la que se advierte.

Sin dudas los intereses de las 10 cerealeras, que acaparan el 90% de la exportación de granos, se verán afectados; Cargill, ADM, Bunge, que forman parte del grupo de las cuatro principales traders del mundo, la china COFCO, Aceitera General Deheza, al salir del juego Vicentin, no podrán en el futuro cartelizarse para el mercado interno, menos aún tringular.

Otra falacia es lo relacionado a la Junta Nacional de Granos, adjudicándosela al peronismo, cuando fue un organismo público de regulación del mercado de granos creado en 1933 bajo la presidencia del gobierno conservador de Agustín P. Justo, como ente descentralizado, y disuelto el 31 de octubre de 1991, y que dependía del ministerio de Agricultura durante la presidencia de Raúl Alfonsín, de la UCR, partido convertido en la columna vertebral del PRO. Esa Junta compraba trigo, maíz y lino, que se le ofreciera a precios establecidos, para venderlos a los exportadores. Si las operaciones dieran lugar a quebrantos, se cubrirían con recursos del Fondo de Cambios del Banco de la Nación. El propósito consistía en que los agricultores tuvieran precios compensatorios, sin finalidades estatistas y monopólicas.

La pregunta en el mercado de alimentos de Argentina es si ofrecen garantías los gerenciamientos privados en la industria estratégica de alimentos, cuando, por ejemplo, Sancor Cooperativas Unidas Limitadas, creada en 1938, con 16 cooperativas de tamberos de Santa Fe y Córdoba, que llegó a producir seis millones de litros de leche, hoy solo produce 600.000 litros, mientras sus gerentes cobran millonarias sumas en concepto de honorarios. Entonces, insertar una grieta de empresa mixta y fiscalización del Estado en un mercado muy oscuro no parece como un despropósito ni político, ni comercial.

Abogado penalista, master en criminología.

 
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