El “problema” de la seguridad

Políticas públicas | Por Patricia Coppola

“¿Cuánta libertad estamos dispuestos a ceder para obtener mayor seguridad?” Hace casi 400 años que Thomas Hobbes plateó esa pregunta. A partir de entonces la política no puede obviar la ligazón entre la seguridad y la libertad. En tanto el “hombre lobo del hombre”, para obtener seguridad, hay que cederle parte de nuestra libertad al Estado, a ese monstruo bíblico, que Hobbes llamó Leviatán.

En el debate político y en el de los medios de comunicación, se describe en forma simplificada al problema de la seguridad, y a sus soluciones. Pueden identificarse dos versiones:

La primera, la demagogia punitiva, tiene como objetivo lograr el “orden en las calles”, aún a costa de ignorar derechos y garantías constitucionales. Esta demanda de seguridad no solo tiende a restringir derechos, sino que resulta ineficaz, ya que plantean respuestas que siempre han acarreado más violencias e inseguridad. Se sostiene, en una sociedad crecientemente desigual, apelando a los temores que provienen de los grupos más privilegiados y a los resentimientos que se generan en amplios sectores desfavorecidos, cuya situación es la que más empeoró en términos relativos. Bajo esta mirada, aparecen propuestas como la inclusión de las fuerzas armadas en el esquema de seguridad interior, el uso de las instituciones de seguridad nacionales en el territorio de las provincias, la ampliación de las facultades policiales y el énfasis en la persecución penal de los menores de edad.

Su reiterado fracaso es paradójicamente utilizado para evaluar como insuficiente la fuerza aplicada y, consecuentemente, solicitar aumentarla en una espiral irresponsable que nunca rinde cuenta de los resultados obtenidos.

La segunda versión simplificada incluye una noción más amplia de derechos, en los que la cuestión del orden no se impone por sobre los valores democráticos, pero que no logra dar respuestas consistentes en materia de seguridad ciudadana. Coloca a los delitos en el contexto de la exclusión social económica y política, y centra sus críticas en la violencia del Estado. Este discurso puede ser efectivo en articular acciones de resistencia ante los avances de la demagogia punitiva, pero resulta ineficiente a la hora de construir propuestas y consensos.

Así, las políticas de seguridad parecen paralizarse a la espera de una mejora de soluciones estructurales que reduzcan por sí solas los niveles de delito.

En tanto problema complejo, la seguridad requiere de soluciones complejas:

En primer lugar, en contextos de gran exclusión y desigualdad como los nuestros, las políticas de seguridad deben articularse con otras políticas sociales. No solamente con las que operan sobre la inclusión material sino, por ejemplo, con políticas de empleo, salud, educación, las relacionadas con el espacio público y con todas aquellas que intervienen sobre los modos de convivencia y proporcionan recursos para el mejoramiento de la calidad de los lazos sociales.

En segundo lugar, repensar el rol y los mecanismos de intervención de las agencias policiales, constituye un capítulo ineludible de una política de seguridad democrática. La policía, por un lado, tiene la función de reducir la violencia y, por el otro, posee la capacidad de ejercer distintos niveles de violencia como instrumento para intervenir. Desarrollar prácticas de gobierno y control de las instituciones de seguridad y desarticular su estructura militarizada, es aún una materia pendiente.

Por último, si bien diversos proyectos de reforma de la Justicia Penal tienden a mejorar su capacidad de detección e investigación del delito, reducir su aporte al problema de la seguridad a esta función, otra vez, es no asumir la complejidad del problema. La Justicia Penal debe, además, asegurar el acceso a la justicia, proteger los derechos y garantías, profundizar el rol de la resolución de conflictos y prestar un servicio eficiente.

Los sistemas de justicia se las arreglan para ser poco garantistas y, a la vez, ineficaces, por lo que no resulta acertado atribuir la ineficiencia al exceso de garantías, consecuentemente no parece lógico presumir que cualquier avance en la eficiencia del sistema penal implique un retroceso en el respeto de las garantías. Tanto la violencia delictiva como institucional deben analizarse a la luz de los derechos.

Hobbes escribió el “Leviatán” para justificar la monarquía absoluta. En democracia, la única libertad que deberíamos estar dispuestos a ceder es aquella que interfiere con la libertad de los otros.

 
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