La tragedia educativa

Reflexiones en pandemia | Por Javier H. Giletta

Cuando, en 1999, Guillermo Jaim Etcheverry escribió “La tragedia educativa” (un brillante ensayo descriptivo y crítico sobre la educación en nuestro país), no pudo imaginar lo que ocurriría en el año 2020 a nivel educativo, como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Es que el aislamiento social y obligatorio que la mayoría de los gobiernos adoptó como modalidad preventiva para tratar de contener la expansión del virus, y que se prolongó durante varios meses, repercutió directamente en la educación y provocó el cierre masivo de las instituciones educativas, afectando a cerca de 1.600 millones de estudiantes en todo el mundo. Es tan grave la situación que, a principios de agosto la ONU advirtió que enfrentamos una verdadera “catástrofe generacional”, que podría minar décadas de progreso y “exacerbar las desigualdades” ya existentes en materia educativa.

Con un mundo que enfrenta niveles insostenibles de desigualdad necesitamos más que nunca de la educación. Por eso, “debemos tomar medidas ahora, a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro”, enfatizó el secretario general de la ONU, António Guterres, y exhortó a los gobiernos a adoptar las decisiones necesarias para evitar que la “crisis de aprendizaje” se convierta en una “calamidad irreparable”. Y, para ello, la vuelta a clases de manera segura debe ser una prioridad. 

A su vez, desde la UNESCO revelaron que más de 24 millones de alumnos podrían abandonar la escolaridad debido al cierre de las escuelas. Se sabe que en el contexto actual todas las estimaciones son provisorias, pero tememos que sean muchos más los que se alejen del sistema educativo. Las razones para reabrir las escuelas son trascendentes. De no volverse a las aulas los estudiantes perderían sus hábitos de estudio, además de conocimientos y experiencias cognitivas interpersonales. Mantener las escuelas cerradas por más tiempo provocará efectos nocivos en la salud física y mental de niños, niñas y adolescentes. Y estos serán más graves entre los miembros más vulnerables de la sociedad, pues es menos probable que en esos hogares se disponga de una computadora y una conexión a internet de calidad.

En este contexto, Europa tempranamente receptó aquella exhortación, y así la apertura de los centros de enseñanza ya es realidad en Finlandia, Dinamarca, Noruega o Alemania, entre otros, que han optado por volver a las aulas en forma gradual y bajo estrictas medidas de seguridad, como dividir los grupos y reducir el tamaño de los cursos; escalonar los horarios para evitar las aglomeraciones; exigir el uso irrestricto de tapabocas y el respeto del distanciamiento social; y permitir que el personal más vulnerable siga desempeñando sus tareas desde la casa, a fin de minimizar los riesgos, aún a sabiendas de que en esta materia el riesgo cero por ahora no existe.

El caso más osado hasta ahora es el de Francia, ya que, a partir del 1 de septiembre, 12,3 millones de estudiantes retornaron a clases en 62.000 escuelas de nivel inicial y medio, respetando ciertas medidas de protección. La apuesta francesa es arriesgada por la falta de gradualidad en la apertura y las limitadas medidas sanitarias adoptadas, y ese riesgo se tradujo de inmediato en consecuencias, puesto que 22 escuelas debieron cerrarse durante la primera semana de clases por la disparada de contagios entre los alumnos. Una situación similar había ocurrido antes en Israel, que fue uno de los primeros países en reanudar las clases presenciales y debió retroceder a poco de comenzar debido al contagio producido entre el cuerpo docente. España tiene previsto abrir sus establecimientos educativos, aunque no todos los días de la semana, y de este modo unos 400.000 alumnos volverán a las aulas en Madrid, pese a estar sufriendo una segunda ola de contagios por Covid-19. Y lo propio hará Italia a mediados de septiembre. Se trata de aperturas que conllevan riesgos, pero la intención es clara: priorizar la educación, aún en un contexto sanitario complicado.

En Latinoamérica se le ha dado la espalda hasta ahora a las recomendaciones de la ONU en materia educativa. De hecho, solo en Cuba se han reabierto las escuelas, y en algunos estados del Brasil (como en San Pablo); mientras que los demás parecen conformarse con la educación virtual remota, a pesar de sus limitaciones y las desigualdades que genera entre los estudiantes. En Argentina, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que no es el momento para regresar a las aulas por la situación epidemiológica que atraviesa el país, aunque reconoció que hay un millón de estudiantes que desde el 16 de marzo “han tenido un contacto inferior, o no han tenido contacto” para continuar sus estudios. Días antes, el mismo funcionario había afirmado que un 10% de los alumnos del sistema educativo argentino ha perdido todo contacto o vínculo con la escuela durante estos meses de cuarentena. Y teniendo en cuenta que en dicho sistema se registraron en el año 2019 poco más de 13 millones de alumnos, esto significa que 1,3 millones de estudiantes ya han abandonado la escuela. Cifras que evidencian la magnitud de la “catástrofe generacional” que está padeciendo nuestro país en materia educativa.

El problema ya no es la repitencia o la baja calidad educativa, sino la exclusión y el abandono escolar, y aunque éste tal vez no sea el momento ideal para reabrir las escuelas (los ejemplos de San Juan y Santiago del Estero así lo testimonian), tampoco es razonable mantener cerradas “sine die” sus puertas, o esperar hasta que podamos contar con una vacuna eficaz y segura, porque ello recién ocurrirá, quizás, a principios del año próximo y para entonces la crisis de aprendizaje se habrá transformado en una calamidad irreparable.

En Córdoba se presentó un proyecto de ley por el cual se procura declarar la emergencia educativa, además de considerar a la educación como una actividad esencial. El proyecto parte de la base de considerar que unos 130.000 niños, niñas y adolescentes habrían quedado fuera del sistema educativo provincial desde el inicio del aislamiento, por falta de conectividad. Para tratar de paliar esta situación se propicia la entrega de becas de conectividad y el acceso gratuito a plataformas educativas, entre otras medidas.

Los guarismos son alarmantes, dan cuenta de la falta de inclusión educativa y obligan a tomar decisiones urgentes. Pero, al no haber una demanda social concreta y efectiva en esta materia, nuestros representantes demoraron seis meses antes de reaccionar y advertir los daños que podría provocar semejante deserción escolar. Sea como fuese, con o sin declaración de emergencia, la educación debe priorizarse hoy más que nunca, y educadores y educandos deben imperiosamente volver a transitar juntos ese camino antes que sea demasiado tarde, y una nueva y más profunda tragedia educativa se convierta en realidad.

 
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