Protesta, desobediencia o sedición

Judiciales | Por Alejandro Zeverin

Días atrás, nos desayunamos con una movilización policial inédita en la provincia de Buenos Aires, la cual involucraba a una fuerza que cuenta con 90.000 efectivos armados, con movilidad propia terrestre y aérea, pero, sobre todo, con el peso angustiante del calificativo de “maldita policía”, la de ayer y la de hoy. Para los cordobeses fue retrotraerse a 2013, cuando 18.000 policías realizaron un movimiento parecido, no igual, porque mientras en Córdoba cesaron los servicios de prevención, que ocasionó un caos con muertos y saqueos, la Bonaerense no levantó la prevención.

Tácticamente, allá ingeniaron las concentraciones y protestas en diversos departamentos de la provincia, juntando centenares de policías en cada lugar, con patrulleros incluidos a los que le hacían ulular sus sirenas, uniformados y armados con munición letal. El motivo alegado fue arrancar del poder un aumento importante de salarios, incluidas horas en los servicios adicionales. Con la admonición de que si no se aceptaban sus condiciones todo “terminaría mal”. Más aún: parte de ellos se animó a rodear la residencia presidencial de Olivos, coaccionando o limitando en la practica la libertad en sentido amplio del Presidente de la Nación.

Años antes, la Policía de Córdoba protagonizó hechos institucionalmente atroces, indignos, cobardes, pero previsibles, el narco escándalo arrasó con los por entonces ministro Alejo Paredes -conchabado luego por el macrismo y renunciando en medio de otro escándalo-; y con el Jefe de Policía, comisario general Ramón Frías. Y sobrevino el acuartelamiento policial: De la Sota renunció a la “protegida” de Paredes, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva (también luego asalariada por Bullrich, hoy recogida por el otro Macri de Vicente López), y al jefe de la policía provincial, comisario general Almada, reemplazándolo por el tristemente célebre comisario Julio César Suárez (también echado, pero además condenado por “matón de periodistas”). Y así, en ese detrimento institucional, el ministerio fue rebajado a Secretaria de Seguridad.

En el gobierno provincial de la época no se evaluaron tres circunstancias básicas: la nula autoridad del poder político y judicial sobre la Policía; la descomposición jerárquica institucional de ésta (desde la renuncia del comisario general Irturri, aquel que se opuso a la compra con sobreprecios de las Cherokee, vehículos adquiridos con posterioridad como flota policial y que  muchos ministros fueron “beneficiados” con regalos del modelo); y la infiltración del narco en la institución a partir de la gestión del comisario general Rodríguez (quien, además, clausuró las escuelas de policías).

El error de cálculo fue tan enorme como la falta de criterio de elegir líderes sin habilidad, carentes de idoneidad, ni ascendencia policial. Entendieron que la estrategia de política criminal debería estar diseñada por la propia policía, y no que el personal policial debe solamente cumplir la función de prevención y ocasional represión en el plano táctico. Se evaporó la máxima que la política ordena y la policía implementa. De la Sota, mal asesorado por el entonces ministro de Gobierno, Oscar González, transformó aquella sedición en una desobediencia: lo primero significaba que el gobernador había sido sobrepasado en su autoridad por unos policías; lo segundo, que los policías se habían insubordinado solamente al Jefe de Policía, el comisario Almada. Para ello contó con un Poder Judicial pusilánime.

Del levantamiento policial que dejara un muerto, 200 heridos y unos 2.000 comercios destruidos, solo 56 policías (12 oficiales y 44 suboficiales) fueron juzgados; 18.000 sublevados no fueron ni siquiera sancionados, y el eje de la ficción “desobediencia” o “sedición” radicó en que todo se debió una “supuesta orden verbal, desoída, a un comisario González, que a las tres de la mañana mandó a trabajar”.

Desde este diario se anticipó, se aseveró que había ocurrido un “acto de sedición” de competencia de la Justicia Federal, y que los cabecillas debían ser duramente sancionados, porque, de no ocurrir nada, indicaba que casos similares no volverían a ocurrir. (HDC, 21/05/2018). El ex presidente Alfonsín, ante una rebelión militar, intimó a “deponer la actitud” a los golpistas: así doblegó a los “carapintadas”, que cesaron su amotinamiento anunciando con su famosa frase final “la casa está en orden”, no muy comprendida ni por el periodismo ni los políticos. Ahora, en Buenos Aires la policía venció a la política y a la justicia: Sergio Berni, demostrando un caparazón de mando de utilería, nunca instó a los sublevados a que “depusieran su actitud”, aseguró luego que solo habría sanciones para los que hubieran “incumplido sus funciones”. Podemos asegurar que los hombres de las instituciones, asustados, al igual que el periodismo militante, no denunciaron la abierta violación al orden democrático. Los eternos vociferantes callaron, ni siquiera se animaron a acompañar al presidente Fernández, que sí se animó a intimarlos cuando fue rodeado por policías sublevados armados, a que “depusieran su actitud”.

El Código Penal dispone que “serán reprimidos con prisión de cinco a quince años los que se alzaren en armas para... arrancarle alguna medida o concesión… Cuando el hecho fuere perpetrado por personas que tuvieren estado, empleo o asimilación militar, el mínimo de las penas se incrementará en un tercio”.

En fina sintonía, Alfonsín y Fernández a sus tiempos, no tiraron frases rimbombantes al aire sin sentido legal, sabían lo que estaban advirtiendo, y los sublevados captaron rápidamente el mensaje deponiendo su actitud, sino lo hacían podrían haber sido detenidos. Nada de esto ha sido captado por nuestro Poder Judicial Federal de Comodoro Py, y volverá a pasar si se sigue anteponiendo la política a la República de la cual mucho se habla y nadie la defiende.

Abogado penalista, master en Criminología

 
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