La investigación que lleva adelante el juez federal Ricardo Bustos Fierro y que busca determinar si Mauricio Saillén y Pascual Catrambone cometieron estafas contra los afiliados del Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) dio un giro sorpresivo ayer. La Justicia decidió allanar la sede de Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) y los domicilios particulares de varios funcionarios del Palacio 6 de Julio.
Los operativos vinculados a Crese se realizaron en sedes de la empresa (una ubicada en 27 de Abril y la otra en el anillo de la Circunvalación), en un estudio jurídico y también en las viviendas particulares de sus autoridades. Los operativos en la compañía se realizaron en el marco de una casa derivada de la investigación de Bustos Fierro. El expediente en cuestión busca esclarecer una serie de irregularidades que se habrían cometido desde la empresa que solía encargarse del servicio de recolección y tratamiento de residuos en la ciudad.
La causa surgió a partir de un informe de oficio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En el documento, el organismo mencionó irregularidades en el manejo de fondos y de balances de la empresa. A partir de ese momento, se abrió un expediente por presunta evasión impositiva.
La Justicia también realizó operativos en las sedes de la empresa Crese
Mientras tanto, los allanamientos en los domicilios de los funcionarios municipales pusieron el foco en el trasfondo político de la investigación. Se sospecha que el extraordinario crecimiento político y económico del Surrbac fue fogoneado por los dinero público de las licitaciones de basura.
Cabe recordar que la Justicia procesó el miércoles pasado a Saillén y Catrambone con prisión preventiva y le pidió al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación intervenir el sindicato de recolectores. Al respecto, el secretario adjunto de la Confederación General del Trabajo Rodríguez Peña, Gabriel Suárez, dijo que “la Justicia tiene que esclarecer (el caso) en forma independiente”. Además, lanzó una advertencia a las organizaciones sindicales que pretendan “mediatizar esta cuestión”.
El sindicalista tiene un doble motivo para defender a Saillén. En primer lugar, ambos comparten, en diferentes cargos, la dirigencia de central sindical. En segundo término, la Justicia Federal también investiga a Luz y Fuerza, el sindicato que dirige Suárez, en el marco de una denuncia por “distracción de fondos” y presunto lavado de dinero.