Diputados se disponía a sancionar una ley clave para el Gobierno

En un extenso debate, la Cámara baja se encaminaba esta madrugada a votar el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020

Luego de que juraran los nuevos legisladores, el oficialismo logró quorum en la Cámara de Diputados para arrancar la sesión en la que anoche (al cierre de esta edición) aún se debatía el megaproyecto de emergencia económica, que marcará el rumbo del inicio de la gestión de Alberto Fernández al frente del gobierno nacional. Pese a la ausencia de los diputados que integran el bloque de Juntos por el Cambio que abandonaron sus bancas para intentar bloquear el tratamiento del proyecto, el Frente de Todos junto a otros interbloques, consiguió 131 de los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión especial y debatir el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que contempla la emergencia pública.

Pasada la medianoche, se estimaba que la ley impulsada por el Poder Ejecutivo se votaría en la madrugada de hoy, de acuerdo a la lista de oradores anotados para exponer. En lo que fue la jornada de ayer, el debate en la Cámara baja se desarrolló en una disputa entre el argumento de la “solidaridad” para enfrentar la crisis que sostenía el oficialismo, y la denuncia de un “ajuste” expresada por la oposición, que además cuestionaba la “delegación de facultades”.

El diputado Caros Heller, encargado de abrir en representación del Frente de Todos, sostuvo que el título del proyecto, que habla de “solidaridad social” es una “definición en sí misma” sobre la iniciativa del Gobierno y apuntó contra la “herencia” que dejó la gestión de Mauricio Macri. “La realidad es dramática. Este es el país que se ha recibido. El PBI per cápita cayó entre 9 y 10% en cuatro años”, indicó Heller, y subrayó que “los compromisos heredados de la deuda resultan insostenibles. El anterior Gobierno tuvo que plantear el reperfilamiento porque la deuda contraída era imposible de pagar”.

De la vereda de enfrente, Juntos por el Cambio hizo hincapié en la idea de que el proyecto impone un “ajuste” y cuestionó sobre todo la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo, herramienta conocida popularmente como “superpoderes”. El jefe del interbloque opositor, Mario Negri, anticipó mediante un comunicado los ejes centrales de su discurso de cierre y afirmó que “el Gobierno busca un ajuste equivalente al 2% del PBI con este proyecto, pero no lo dice e intenta disfrazarlo”.

“Para no perjudicar a los jubilados deben dejar la fórmula que está o proponer otra en reemplazo, lo que no pueden hacer es suspender todo y llevarse la facultad de aumentarles o no”, alertó, en referencia a la polémica por la suspensión de la Ley de Movilidad.

Por su parte, el diputado José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo, señaló que “si bien el proyecto ingresó con la intención de tener la suma del poder público al presidente, tuvo cambios frente al planteo de los distintos bloques”. Además, realizó cuestionamientos sobre el plazo de duración de la emergencia: “El plazo que le damos al presidente de la Nación no puede ser de un año”. Este mismo viernes en un tratamiento exprés la ley se sancionaría en el Senado.

Habilitaron cambios para segmentar las retenciones

En simultáneo al arranque de la sesión en Diputados, el presidente Alberto Fernández autorizó la introducción de cambios en los derechos de exportación de productores rurales, y habilitó la segmentación para que los pequeños y medianos productores junto con las cooperativas rurales sean alcanzados por “mecanismos de compensación”.

Los cambios habían sido pedidos por parte de la oposición que dio quórum y anunció que votará la ley, integrada por dos bloques: el  que responde a Roberto Lavagna y Juan Schiaretti (ver nota en página 5) representado en Consenso Federal; y el bloque de Unidad para el Desarrollo Federal, que conduce José Luis Ramón. La decisión del Ejecutivo de cambiar los artículos que establecían las llamadas retenciones fue comunicada por el propio presidente en su cuenta de Twitter. “Le he sugerido al presidente de nuestra bancada de diputados (por Máximo Kirchner) mejorar la ley que se está tratando en el día de hoy”, escribió.

“Queremos ser claros y transparentes en nuestros propósitos. Solo nos importa que la solidaridad de los que más tienen ayude a aumentar los recursos para mejorar la situación de quienes la están pasando mal”, agregó.

En ese marco, el jefe del Estado aseguró que propuso incorporar un artículo “que disponga que el Ejecutivo deberá establecer mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas”. “Contamos con los votos necesarios para aprobar el proyecto en su actual versión. Pero queremos construir confianza entre todos y todas y que nadie dude de nuestros propósitos sinceros”, remarcó Fernández.

Sobre los docentes, científicos y judiciales

El repudio generalizado del sector docente y científico llevó a que el gobierno de Alberto Fernández modificara los artículos 51 y 52 del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que establecía la suspensión por 180 días de la fórmula de actualización jubilatoria y el régimen especial del 82 por ciento móvil para los docentes y los investigadores científicos, y la reemplazaba por aumentos trimestrales por decreto, definidos por el Poder Ejecutivo.

De esta forma, el proyecto de ley no afectará el “régimen especial de movilidad jubilatoria para docentes de nivel inicial, primario, medio técnico y superior no universitario”; tampoco al “régimen para personal Docente Universitario” y al “régimen previsional para Investigaciones Científicas”. Tampoco se modificarán las pensiones que reciben los hijos de progenitores víctimas de violencia familiar o de género. Se suma así a otros cambios que introdujo el oficialismo para lograr que la ley se apruebe con el mayor consenso posible (ver Habilitaron…). 

 
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