Mendoza suspendió la ley que flexibilizaba la megaminería

Suárez no reglamentará la reforma que permitía el uso de cianuro y ácido sulfúrico. Advierten que se trata de una medida "parcial"

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, suspendió ayer la reglamentación de la ley minera 9.209, que modificó la anterior 7.722, y generó gran rechazo en la comunidad provincial por la habilitación del uso de sustancias tóxicas como cianuro y ácido sulfúrico, medida que no convenció a los asambleístas y vecinos, quienes anunciaron que continuarán con las protestas hasta que se vete la ley.

Alegando que su decisión intenta llevar “paz social” ante supuestos “hechos de violencia en la provincia”, y tras varios días de cortes de ruta, manifestaciones y protestas masivas en distintos puntos de la provincia, Suárez anunció pasado el mediodía en conferencia de prensa que no reglamentará “la ley (9209), y no estará vigente”. Al mismo tiempo, anunció que se abrirá un diálogo con distintas organizaciones y con representantes de la iglesia católica local “para una gran convocatoria e información a la gente”. “Vamos a llamar a una mesa de diálogo, esperamos llegar a un acuerdo”, explicó el gobernador radical, tras suspender la reglamentación de la norma que modificó la 7.722, conocida como la ley antiminera desde 2007, cuando fue sancionada, dado que prohibía el uso de sustancias tóxicas durante el proceso de explotación.

El retroceso del gobierno mendocino fue celebrado tanto en las calles como en redes sociales, no obstante, todos coinciden en advertir que se trata de una “victoria parcial”. “No existe la posibilidad jurídica de suspender una ley, salvo judicialmente. La única salida del gobernador Suárez es convocar a sesiones extraordinarias a la legislatura provincial y derogar –con otra ley– la 9.209”, alertó el abogado ambientalista Enrique Viale. Agregó que “las modificaciones que se hicieron son manifiestamente ilegales, por violar el principio de no regresión ambiental y el de progresividad”. Por ello, Viale consideró que la Justicia podría declarar la inconstitucionalidad de la norma.

La decisión tampoco convenció a la cúpula del peronismo mendocino que, aunque el viernes pasado votó para que se aprobara la ley, ayer dio marcha atrás en su postura y pidió su derogación. Por la tarde, luego de que el mandatario anunciara que suspendía su reglamentación, el PJ local emitió un comunicado en el que reclamó al gobierno provincial que inicie un debate “en foja cero”.

En la conferencia de prensa, Suarez había insistido en la necesidad de “cuidar el agua” y “generar fuentes de empleo”. Incluso recordó que el desarrollo minero fue una de sus promesas de campaña en una elección que ganó con el 52% de los votos y en el marco de “una Mendoza con el 40% de la población por debajo de la línea de pobreza, que no crece hace tiempo ni genera riqueza”, defendió.

Entre los mensajes de rechazo al proyecto que favorecía los intereses de las mineras, se sumó el de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia. “No hay nada que festejar, sin agua no hay Vendimia”, amenazaron sus integrantes.

El Gobierno “bregará por el cuidado del agua”

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguró ayer que el Gobierno nacional “bregará por el cuidado del agua” de las cuencas que se verían afectadas por el desarrollo minero en la provincia de Mendoza, pero afirmó que el conflicto social lo debe resolver el gobernador Rodolfo Suárez. “La ley mendocina que habilita la minería evidentemente no está obteniendo consenso social.

Y es un tema que tienen que resolver el gobernador y la Legislatura. Los únicos que pueden frenar esta situación son ellos”, sostuvo el funcionario en una entrevista radial. Según afirmó Cabandié, la Constitución Nacional establece que los recursos naturales son de las provincias, pero aclaró que el Estado nacional tiene competencia sobre el agua por dos leyes: la de Glaciares y la de Gestión Ambienta del Agua.

“Por ello, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua”, afirmó y aclaró que eso no indica que su postura sea “en contra de la minería” sino que Mendoza debería “rever el tema” por dos motivos: la falta de consenso social y la escasez de agua.

 
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