El presidente de la UCR de Córdoba y ex intendente, Ramón Mestre, junto a un grupo de legisladores provinciales del centenario partido, le reclamaron ayer al gobernador Juan Schiaretti que congele por 180 días las tarifas de los servicios públicos y también los salarios de los funcionarios. Al mismo tiempo, solicitaron que retrotraigan los valores de los impuestos inmobiliarios Urbano y Rural al 1º de diciembre de 2019, entre otros puntos.
Al término de una reunión en la Casa Radical de nuestra ciudad, el Comité Central del radicalismo emitió un comunicado a través del cual se explicó que en la actualidad nadie desconoce la situación de crisis económica y social por la cual está atravesando nuestro país”. Es imposible pretender que la provincia de Córdoba esté ajena a esta coyuntura y entendemos que es imperioso que se tomen algunas medidas pertinentes a fin de disminuir el gasto de una administración provincial fuertemente endeudada (casi en su totalidad en dólares)”, señaló el escrito.
Es por esta razón, que solicitamos el Gobernador Schiaretti, tome nota de estas medidas y las lleve a cabo, principalmente y con el fin de aliviar la situación económica de todos los habitantes de Córdoba”, expresó la UCR. En el documento difundido en la víspera, el Comité Central demandó un congelamiento de tarifas de servicios públicos por el plazo de 180 días”. Según se aclaró, el planteo apunta a las prestaciones de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y a las cooperativas eléctricas del interior provincial.
En ese marco, el radicalismo pidió debatir un nuevo marco regulatorio tarifario en base a la determinación del precio eficiente de servicios públicos y no en torno al déficit de las empresas prestatarias del servicio”. Dicho congelamiento tarifario debe incluir también el servicio del agua” (a cargo de la empresa Aguas Cordobesas), consideró. Además, los radicales reclamaron un congelamiento de remuneraciones y dietas de los funcionarios provinciales y legisladores por el término de 180 días”.
De igual modo, exigieron congelar las vacantes en el ámbito provincial por el plazo de 180 días y el cese de ingresos a la administración pública provincial por idéntico plazo”. En el escrito, se exigió también la eliminación de gastos superfluos; y retrotraer el impuesto Inmobiliario Urbano y Rural al 1º de diciembre de 2019”.
