Las jubilaciones y pensiones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asignaciones familiares recibirán un aumento del 13% a partir de marzo próximo.
Con la medida, el 86,8% de los beneficiarios del sistema de seguridad social, es decir, 13,6 millones de personas, recibirán un incremento en su haber que superará el 11,56% que hubiesen percibido con la fórmula de movilidad jubilatoria aprobada en 2017.
Así lo destacó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y destacó que este aumento que percibirá la totalidad de los beneficiarios del régimen general se compone de una suma fija de $ 1.500, más una suma extra del 2,3%.
Al igual que en jubilaciones y pensiones, el incremento quedará incorporado al haber de los 4,1 millones de beneficiarios de la AUH y a las 3,2 millones de asignaciones familiares.
En el caso de las jubilaciones y pensiones, el 75% del universo previsional recibirá un incremento igual o mayor al 11,56%, que hubiesen percibido con la fórmula anterior, lo que alcanzará a 6,2 millones de jubilaciones y pensiones.
La Anses recordó que con el objetivo político de apuntar a un sistema previsional solidario y redistributivo, el Gobierno ya otorgó, en diciembre y enero, un bono de $ 5.000 en cada uno de esos meses, lo que significó una mejora en los haberes mínimos de un 18,8%.
La decisión adoptada hoy por el gobierno nacional se suma a una serie de iniciativas destinadas a mejorar los ingresos de los sectores más vulnerables, tales como la política de desendeudamiento iniciada con la baja de las tasas de interés de los préstamos de Anses y el período de gracia de tres meses (enero, febrero y marzo) para la devolución de los créditos.
Esta orientación busca revertir el retroceso sufrido por jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH y asignaciones familiares, como se verifica en la caída del 18,5% en términos reales sufrida por los haberes mínimos entre diciembre de 2015 y el mismo mes de 2019.
También en la pérdida del 14% registrado por los haberes mínimos y la AUH desde la puesta en marcha de la nueva Ley de Movilidad Jubilatoria a finales de 2017 y ahora suspendida por la Ley de Solidaridad.
El Detalle
El aumento que recibirán en marzo en mayor proporción los jubilados y pensionados de menores ingresos busca consolidar el giro redistributivo en las políticas previsionales iniciado a pocos días de asumido el nuevo Gobierno nacional.
Una de las primeras medidas del presidente Alberto Fernández en ese sentido, anunciada el 16 de diciembre, fue la decisión de otorgar un bono extraordinario de $ 5.000 para ese mes y enero a los jubilados que perciban el haber mínimo (de $ 14.068), lo que acumuló, junto al nuevo aumento, una suba de 18,8%.
Antes de fin de año se comunicó también la intención de mejorar gradualmente los ingresos de la gran mayoría de jubilados, en especial los que perdieron una cuota mayor de su poder adquisitivo.
Esta determinación de mejorar la equidad entre la masa de beneficiarios necesariamente iba a implicar un alza menor, pero de ninguna manera un congelamiento, en los haberes de la porción más reducida pero de mayores ingresos.
Para tal fin se dispuso la suspensión por 180 días del mecanismo de movilidad jubilatoria que fuera sancionado a fines de 2017, hasta tanto se envíe al Congreso -en los próximos meses- un nuevo proyecto.
El objetivo es que el Sistema de Jubilaciones, solidario por definición, no replique a través las jubilaciones la amplia desigualdad del mercado laboral, explican en la Anses.
Entre las razones para impulsar un mejor reparto al interior del Sistema Previsional, los analistas del sector recuerdan que en la actualidad cerca del 40% de los recursos de la Anses provienen de impuestos y no de aportes de trabajadores y empleadores.
Ese componente se asienta fundamentalmente en tributos indirectos, que alcanzan en mayor medida a quienes se ubican en la base de la pirámide de ingresos, que por consiguiente deberían ser favorecidos porque hacen un aporte proporcional mayor.
Otra medida en beneficio de la clase pasiva fue la reducción en las tasas de interés de los préstamos otorgados con la tarjeta Argenta de Anses, y el período de gracia por tres meses (hasta marzo) para devolver los créditos.
Del mismo modo se están dando los pasos necesarios para recuperar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que en los últimos años sufrió claros desvíos en sus funciones y perdió la mitad de su capitalización.
Con miras a mejorar la situación de los jubilados que más terreno perdieron en los últimos años, en su primera semana al frente del Poder Ejecutivo, el presidente Fernández adelantó además que se le iba a reintegrar «a los que cobran la mínima el derecho a no pagar más los medicamentos, y que el Estado se los suministre gratuitamente, con lo cual van a tener una mejora adicional por vía del salario indirecto».
Días después se dispuso la ampliación de la cobertura del PAMI, la rebaja del 8% en el precio de los medicamentos y el congelamiento por 180 días de las tarifas, medida esta última que impacta relativamente más en hogares pobres y de jubilados, que destinan mayor porcentaje de sus gastos a este rubro.
El poder de compra de la jubilación mínima en relación al precio de los medicamentos cayó un 50% entre mayo de 2015 y noviembre de 2019, precisó un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
