Alberto cargó contra el lawfare y las detenciones “arbitrarias”

El jefe de Estado inició así una campaña para reformar el funcionamiento de la Justicia

En medio de la discusión por la existencia o no de presos políticos y del polémico proyecto del oficialismo que busca ponerle un freno a la sobreutilización de la prisión preventiva, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se manifestó en contra de una justicia “que decide y persigue según los vientos políticos”. De esta manera, el jefe de Estado encaró uno de sus más ambiciosos proyectos para los próximos cuatro años: la reforma de la Justicia.

En un video publicado el martes pasado por las redes sociales, el jefe de Estado aseguró que el “lawfare” se instaló en Argentina en los últimos años y que “la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores”. En este marco, recordó lo que supo decir en su primer discurso a que “hay detenciones arbitrarias que no deben seguir ocurriendo” y que “mucha de esa gente lleva años de encierro innecesariamente, porque la ley procesal le permitiría soportar esos juicios en libertad”.

El video fue acompañado por una serie de textos con fuertes críticas contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En concreto, se dijo que existieron “graves violaciones” a los derechos humanos entre 2015 y 2019. “El Estado de Derecho fue vulnerado sistemáticamente mediante la aplicación regional de las tácticas de persecución”, agregó el video.

Pocas horas después de la publicación del video, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cruzó con dureza a Fernández. “El Gobierno de Cambiemos respetó la independencia de la Justicia y el Estado de Derecho con absoluto rigor y compromiso y colaboró sin prestar excusas cuando los jueces iniciaron investigaciones”, aseguró en un comunicado firmado también por el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), el titular de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), Maximiliano Ferraro y el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto.

En el documento, el PRO sostuvo que “más allá de la prisión preventiva, lo cierto es que estos años avanzaron decenas de causas por corrupción y se lograron condenas importantes, entre ellas la del ex vicepresidente, Amado Boudou”. La mención del ex funcionario no fue aleatoria. Su caso dio un giro importante en las últimas semanas luego de que el juez federal Ariel Lijo solicitara que se investigue si el gobierno de Macri “compró” con el pago de un hotel boutique la confesión del arrepentido Alejandro Vandenbroele, señalado como supuesto testaferro de Boudou. En las últimas horas, la ex ministra Bullrich se refirió al avance del expediente a cargo de la fiscal Paloma Ochoa.

Bullrich volvió a negar pagos a Vandenbroele

La ex ministra Bullrich abordó en la noche del martes las acusaciones contra el Gobierno del que fue parte en el marco de una entrevista televisiva. Al ser consultada, negó el supuesto pago de dos millones de pesos a Vandenbroele para que declarase contra Boudou en la causa por la venta de la ex imprenta Ciccone. Sin embargo, minutos después se contradijo al asegurar que “todo arrepentido tiene un subsidio mensual, porque no puede trabajar”. En simultáneo a las declaraciones de Bullrich, el periodista Ari Lijalad, quien destapó los supuestos pagos irregulares a Vandenbroele, le contestaba por las redes sociales. Según su investigación, el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri otorgó fondos millonarios al arrepentido para el armado de hotel boutique en Mendoza a cambio de “apuntar a ex funcionarios K” en diversas causas judiciales. La información de los pagos, de acuerdo a la documentación, se encuentra en el legajo de arrepentido de Vandenbroele.

 
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