Macristas rechazaron que Argentina deje de importar residuos peligrosos

El oficialismo de HPC expresó su apoyo a la decisión de Fernández de ponerle fin a la situación

El bloque de Hacemos por Córdoba en la Legislatura provincial aprobó en la sesión de ayer, junto a las bancadas de la oposición, a excepción de la macrista Córdoba Cambia, un proyecto de beneplácito ante la resolución del presidente de la Nación, Alberto Fernández, derogando el decreto de su antecesor, Mauricio Macri, que facilitaba la importación de residuos para uso industrial y permitía el ingreso de desechos de todo el mundo, incluso aquellos potencialmente peligrosos y contaminantes.

La legisladora María Elisa Caffaratti, del bloque macrista, fue la encargada de expresar el rechazo a la iniciativa que sí contó con el apoyo de la Unión Cívica Radical y de las demás bancadas opositoras, por el tenor de las consecuencias ambientales que estaba provocando la resolución decretada por el ex jefe de Estado.

Por su parte, Nadia Fernández, autora de la iniciativa de HPC, recordó que “con el decreto recientemente derogado, se priorizaban los negocios de las empresas de reciclado por sobre los intereses del pueblo argentino, poniendo en riesgo el derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. “A la vez, se afectaban las fuentes de trabajo de miles de compatriotas que, mediante cooperativas autogestionarias, se encargaban hasta ese momento del reciclaje”, advirtió la parlamentaria peronista.

Como se sabe, el pasado 13 de febrero el Poder Ejecutivo Nacional derogó el decreto 591/19 y la resolución conjunta Nº 3 en cuestión, posibilitando que en tan solo tres meses en los cuales estuvieron vigentes dichas normas ingresaron a nuestro país, alrededor de 40.000 toneladas de este tipo de desechos. Macri había modificado los decretos 181/92 y 831/92 sobre residuos peligrosos, reduciendo el precio de los reciclables para fomentar el negocio detrás del sistema de recolección y disposición.

El conflicto de intereses se plasmaba entre incrementar la rentabilidad de las empresas que se encargan de la recolección y disposición final de los residuos en rellenos sanitarios (ya que cobran por tonelada procesada); o brindar fuentes de trabajo dignas y, al mismo tiempo, mejorar el medio ambiente mediante la actividad de las cooperativas cartoneras que se dedican al reciclaje que emplean a más de 150.000 personas.

El artículo segundo del decreto firmado por Fernández establece un plazo de 180 días para que los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Productivo enuncien una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular.

 
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