El Gobierno nacional derogó ayer el decreto del ex presidente Mauricio Macri por el cual se creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la administración de Alberto Fernández restituyó el programa nacional anterior, bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La iniciativa establece las medidas para preservar la seguridad de imputados y testigos que se encuentren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal” relativa a los delitos como terrorismo y narcotráfico, entre otros.
Entre algunas de las medidas de protección que fija la ley se encuentran la custodia personal o domiciliaria, el alojamiento temporario en lugares reservados, el cambio de domicilio.
