El Gobierno busca multiplicar los jueces en el fuero federal

La iniciativa atendería a la nueva y compleja realidad judicial nacional

Los anuncios del presidente Alberto Fernández durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso sobre cambios en el Poder judicial trazaron los lineamientos de una amplísima reforma que el Ejecutivo buscará aplicar en la justicia. Si bien el mandatario no precisó detalles del proyecto legislativo que en los próximos días ingresará al Congreso, y que por ahora solo conocen en detalle la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y el propio Presidente, en su alocución compartió los ejes centrales de la iniciativa. “Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la justicia”, dijo Fernández el domingo último. Acto seguido indicó que la propuesta es impulsar un “reordenamiento” de la Justicia Federal que “evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones y que impida para siempre que la discrecionalidad judicial reemplace a las normas del derecho”.

Para ello, anunció la creación de un nuevo Fuero Federal Penal que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ese modo, los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado nacional, dejarán de estar en manos de los doce jueces responsables de investigar casos de corrupción, para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados. “Estamos terminando para siempre en la Argentina con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido”, subrayó el titular del Ejecutivo en lo que fue una alusión directa a lo que ocurre en Comodoro Py.

Según trascendió, a los 12 jueces federales que existen actualmente se sumarán los diez magistrados del fuero penal-económico y unos 30 del fuero Correccional y Criminal Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Se agrega el final de la relación institucional de Comodoro Py con los servicios de inteligencia: “Esta misma semana que iniciamos dictaré un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo a los organismos de inteligencia realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia”, anticipó.

Luego del anuncio presidencial ante la Asamblea Legislativa, la ministra del área dijo que con las modificaciones “habrá más jueces federales” y que la justicia “no se va a diluir ni copar”. “Esto es para darles más herramientas y fuerzas a los jueces federales”, sostuvo Losardo, al tiempo que marcó que “la justicia federal muchas veces se encuentra con expedientes que no puede realizar”. Además defendió el proyecto al señalar que “los delitos menores van a pasar a la ciudad (Caba)” y que “los delitos graves, como los delitos transnacionales, de corrupción y los de lavado de dinero van a ser federales”. En ese tramo de su declaración, Losardo aclaró que “todas las causas que ya se estén tramitando seguirán en los lugares donde ya están”.

Los anuncios de Fernández se dieron en el marco de contrapuntos generados entre el Gobierno e integrantes del Poder Judicial por el proyecto oficial de reforma de las jubilaciones de privilegio que ya cuenta con la aprobación de Diputados y que esta semana comenzará a ser tratado por el Senado.

 
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