El Concejo suspendió pagos judiciales y recortó los salarios de empleados

La Municipalidad de Córdoba declaró la inembargabilidad de los fondos públicos y ordenará la restitución de pagos judiciales ya efectuados 

Gastón Gracia (Especial para HDC)

El oficialismo en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba sancionó en soledad, durante la tercera sesión especial realizada de manera virtual, la ordenanza que habilitó al intendente Martín Llaryora a realizar un ajuste en las finanzas del municipio suspendiendo el pago de juicios en contra del Estado al declarar la inembargabilidad de los fondos públicos a través de la adhesión a la Ley Nacional 25.973 y recortó los salarios de los funcionarios y empleados municipales.

Al momento de asumir Llaryora comunicó que la deuda del municipio alcanzaba los $29.528.700.687 conformada por pagos adeudados a proveedores ($4.684.228.560), personal ($959.525.044), juicios ($8.203.842.491), expropiaciones ($540.110.044), deuda con la provincia ($124.655.016), planes de pago con Afip ($139.679.524), deuda financiera ($13.010.468.966), y deuda ESYOP, Tamse y Crese ($1.866.191.042).

El título segundo de la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante este viernes establece, en el marco de la emergencia económica, financiera, administrativa y social del municipio (ordenanza 12.991) la adhesión a la Ley Nacional N° 25.973 (Régimen de Inembargabilidad), que indica que “los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera, y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto Municipal, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y valores respectivos”.

Así, una vez declarada la inembargabilidad de los fondos públicos el texto sancionado prevé que la medida afectará a cualquier clase de cuenta o registro a nombre de la Municipalidad de Córdoba o de cualquiera de sus Organismos o dependencias, del Concejo Deliberante, Departamento Ejecutivo Municipal, Tribunal de Cuentas, la Administración Pública centralizada, descentralizada y Entidades Autárquicas.

De esta manera, quienes en virtud de su cargo tomen conocimiento de alguna medida judicial, "comunicarán al Tribunal actuante la imposibilidad de mantener vigente la medida en virtud de lo que se dispone en esta Ordenanza”. También afectará a las causas judiciales en contra del municipio en las que por orden de la Justicia ya hubieran sido transferidos los fondos a cuentas judiciales por lo que los representantes de la Municipalidad que actúen en estas causas, “solicitarán la restitución de dichas transferencias a las cuentas y registros de origen”. Lo mismo regirá para los procesos judiciales que se encuentran en trámite, aún con sentencia firme en contra de la Municipalidad de Córdoba y los Entes descentralizados en los cuales se reclamasen sumas de dinero o cuya condena podría consistir en el pago de una determinada suma.

Para pagar estos compromisos judiciales con sentencia firme, la ordenanza prevé que serán “satisfechos” dentro de las autorizaciones de partidas anuales para efectuar gastos correspondiente al ejercicio financiero en el cual la condena recayera, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal los incluirá en ejercicios presupuestarios siguientes, a cuyo fin la Asesoría Letrada deberá tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día treinta de Junio del año correspondiente al envío del Proyecto de Presupuesto.”

Para esto, la parte actuante deberá notificar de la demanda a la Asesoría Letrada de la Municipalidad de Córdoba a los fines de su inclusión en un Registro de Juicios que confeccionará al iniciar toda acción de reclamo económico o que pudiera concluir en un reclamo de dicha naturaleza, cualquiera sea la competencia que corresponda y el tipo de proceso poniendo en conocimiento la demanda a iniciarse yen los procesos ya iniciados y en trámite, incluso aquellos que tuvieran sentencia firme, suministrando la información y todo otro dato que la reglamentación estime pertinente.

El recorte en los haberes de los agentes

Con la sanción de la ordenanza el Departamento Ejecutivo también quedó habilitado para realizar una reorganización administrativa con una fuerte reducción de la masa salarial partiendo de la reducción de la jornada laboral a seis horas (30 horas semanales) que afectará de manera proporcional el sueldo básico y los adicionales que perciben los municipales que se calculan de manera porcentual al salario que perciben.

La Ordenanza sancionada ratifica el Decreto Nº 110/20 “Aporte voluntario del Intendente, Viceintendente, Secretarios y funcionarios con rango de Secretarios y organismos de directa dependencia del D.E.M.” dictado por el intendente el 6 de mayo de 2020 como parte de la reorganización administrativa producto de la caída en la recaudación de las arcas públicas provocado por el aislamiento social y obligatorio dispuesto por el presidente Alberto Fernández para afrontar la pandemia del Covid-19.

También faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la reestructuración del personal de planta permanente y no permanente, tomando las medidas pertinentes a los fines de racionalizar las estructuras, suprimiendo o congelando cargos conforme a las necesidades de servicio. Asimismo, faculta al Ejecutivo a limitar los interinatos vigentes, y a establecer las condiciones y requisitos a los fines de instrumentar la convocatoria para la cobertura de los cargos.”

El Palacio 6 de Julio necesita más de 1.600 millones de pesos por mes para pagar sueldos y dada la caída de ingresos, hoy esa sola erogación consume casi la totalidad de los ingresos. Desde el inicio de la cuarentena, el municipio ya redujo las prolongaciones horarias de 2.800 agentes que se encuentran en receso sanitario, se ajustaron las horas extras y se redujo 30 por ciento el salario de los miembros del gabinete municipal, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas.

Al inicio del tratamiento del proyecto, el concejal Juan Negri presidente de bloque de Juntos por el Cambio adelantó el retiro de su bancada de la sesión al plantear su oposición al tratamiento del proyecto por no contar con precisiones. De la misma forma, el concejal Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal Córdoba abandonó la reunión denunciando la violación de la Carta Orgánica Municipal al no contemplar los dos tercios de los votos para la aprobación de la ordenanza, un planteo similar al efectuado por el bloque de la Unión Cívica Radical presidido por Alfredo Saap y el bloque Evolución presidido por el concejal Rodrigo De Loredo.

Votó en contra la concejala Laura Vilches del Frete de Izquierda y los Trabajadores y se abstuvo Olga Riutort del bloque Fuerza de la Gente. En tanto, el concejal Pedroca del oficialismo se abstuvo en particular.

La ordenanza se aprobó con 16 votos afirmativos, una abstención, un voto negativo y 13 concejales ausentes.

 

 

 
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