Continúa escalando el conflicto gremial en la Municipalidad

Siciliano salió al cruce de los reclamos del Suoem

En la continuidad de la pulseada entre la gestión de Martín Llaryora y el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) por la reducción de la jornada laboral, el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, aseguró ayer que “nosotros no buscamos esta situación” aunque aclaró que “no vamos a permitir que la Municipalidad se detenga” por las medidas de fuerza. El funcionario apuntó a una cuestión que, desde su punto de vista, se viene reiterando “en los últimos 20 años”, y es que cuando hay un conflicto “el vecino dejó de recibir servicios”.

“Desde que empezamos hubo decisiones que teníamos que tomar. Sobre el Suoem todos lo conocen y tienen una opinión formada”, expresó Siciliano. Asimismo, sostuvo que “los empleados que quieran trabajar, no para formar parte de la gestión sino para dar respuestas, no van a tener ningún problema” con la actual administración. En tal sentido, el secretario de Gobierno pidió a los trabajadores que “entiendan que un empleado público es un servidor público, aún más en una pandemia”, por lo que valoró a quienes quieran “ponerse al servicio de la gente para que el municipio camine”.

Por su parte, el subsecretario de Transporte, Gonzalo Guevara, afirmó que dicha dependencia municipal está realizando inspecciones de taxis, remises y colectivos contradiciendo la denuncia del Suoem, que el fin de semana pasado había advertido que “no dejan trabajar” a los inspectores. “Están trabajando, se están realizando los controles. Ayer (por el domingo último) había cinco inspectores, controlando con grúa”, precisó. Como se sabe, el gremio decidió contratar a escribanos para certificar la labor de los empleados de las reparticiones afectadas.

Cabe recordar que el viernes pasado, a la misma hora en que una protesta de inspectores repudiaba en las calles la creación del cuerpo de Promotores Urbanos, el Ejecutivo firmó una resolución que les quitó la chapa de inspectores a más de 300 agentes que perciben hasta ahora un adicional del 30% del sueldo por realizar “tareas de inspectoría”. Según el Ejecutivo, esa medida se aplicó tras la revisión caso por caso del desempeño de los 1.300 agentes que cobran como inspectores. La instrucción de Llaryora fue quitarles la chapa a quienes en los hechos no ejercieron tareas de inspectoría en mucho tiempo.

 
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