Advierten que habrá un Estado policial para contener la fase 5

El Gobernador podrá delimitar conductas que vayan en contra de la cuarentena

El bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba introdujo ayer en las comisiones de la Unicameral, profundas modificaciones al proyecto enviado por el gobernador Juan Schiaretti que propone crear un Régimen Sancionatorio Excepcional para quienes transgredan las medidas implementadas por la pandemia del Covid-19, otorgándole facultades para ampliar o modificar las conductas que se plasmaron como anexo de la iniciativa, y ubicando al Ministerio de Seguridad como autoridad de control en todos los niveles de gobierno, comunal, municipal y, obviamente, provincial.

Aunque a instancias de la bancada de la Unión Cívica Radical, que propuso tres modificaciones y adelantó que acompañaría hoy la sanción del proyecto, se creará una comisión legislativa que decida previamente al gobernador, las conductas nuevas que pueden ser introducidas en el marco de la coyuntura por la actual crisis sanitaria. De todos modos, el oficialismo cuenta con la mayoría suficiente para imponer el criterio del titular del Ejecutivo.

“Yo lo veo como una suma del poder público, ya que si estamos trabajando en tipificar las conductas ¿por qué a renglón seguido le damos al Gobernador la capacidad de modificarlo?”, objetó María Rosa Marcone, presidente del bloque Encuentro Vecinal Córdoba.

El proyecto impone a la cartera de Seguridad como la autoridad de control sobre las conductas que rompan con la cuarentena y también a “toda otra persona o funcionario que designe el Ministerio de Salud” como agentes específicos de la administración pública provincial, municipal y comunal, a quienes se capacitará previamente.

La Policía de la provincia de Córdoba será la autoridad de juzgamiento de las faltas –además de ser quien las detecte- a través de los Tribunales Administrativos de Faltas, pero en caso de la presentación de un recurso jerárquico en contra de la multa aplicada, la competencia recaerá sobre el ministro de Salud, Diego Cardozo, aplicando el procedimiento establecido en la ley 5.350.

A medida que crecen los contagios de Covid-19, Schiaretti decidió pasar a la fase 5 de distanciamiento social y promover una política restrictiva y sancionatoria a las conductas que puedan ocasionar brotes ante la apertura casi total de las actividades económicas en la provincia, poniendo a las fuerzas de seguridad en la cúspide de las decisiones. El mandamás del Centro Cívico tipificará conductas y la Policía detendrá y multará a los ciudadanos.

“También (validar) un sistema de reconocimiento del infractor para que se tomen medidas de la situación y se puedan, en definitiva, prevenir en esta instancia sanitaria consecuencias peores que hagan dar marcha atrás”, explicó Francisco Fortuna, presidente del bloque de HPC.

“Medidas punitivas contra los trabajadores”

La legisladora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Soledad Díaz García, replicó al oficialismo y advirtió que “con la excusa de tener una facultad para establecer medidas sanitarias lo que está haciendo el gobierno provincial es avanzar en medidas punitivas y sancionatorias contra los trabajadores que no llegan a los 10.000 pesos, las empleadas domésticas, los trabajadores de la construcción, los municipales del interior de la provincia, y los desocupados que han crecido de manera exponencial sin que el gobierno ni el Ministerio de Trabajo dijera una sola palabra”. “¿Cuál es el fin que tiene esta ley si no es otra cosa que establecer y profundizar un Estado policial en nuestra provincia”, se preguntó Díaz García. Hoy a las 10 de la mañana el oficialismo incorporará algunas de las sugerencias de los bloques de la oposición para intentar sumar un mayor consenso al alcanzado solo con la bancada de la UCR. Entre esas modificaciones, se establecerá la obligación de remitir un informe mensual a la Unicameral de los montos recaudados por las multas aplicadas.  

 
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