El Ministerio de Seguridad contendrá la fase 5 de la cuarentena

La Legislatura de Córdoba aprobó este viernes la creación de un régimen sancionatorio excepcional para las acciones o conductas que transgredan las medidas y protocolos establecidos por el COE en el marco de la pandemia. 

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba será, a través de las fuerzas de seguridad quien realice los controles, las detecciones de infracciones a la cuarenta y la cobranzas de las multas después de que la legislatura le otorgase amplias potestades para aplicar el Régimen Sancionatorio Excepcional impulsado por el gobernador Juan Schiaretti para contener posibles brotes del virus Covid-19 en el inicio de la fase 5 de la cuarentena con distanciamiento social, aprobado este viernes en la Unicameral.

La ley sancionada impone al Ministerio de Seguridad como la autoridad de control sobre las conductas que rompan con la cuarentena establecidas en los 154 protocolos y resoluciones del Centro Operativo de Emergencia (COE) Central, ubicando a la cartera que controla las fuerzas de seguridad como autoridad de control en todos los niveles de gobierno, comunal, municipal y obviamente provincial.

“Para garantizar que Córdoba siga avanzando como viene avanzando es necesario darle un marco legal a las fuerzas de seguridad que respalde su accionar”, explicó la legisladora Nadia Fernández de Hacemos por Córdoba respecto de las atribuciones que recaerán sobre la cartera de seguridad de la provincia.

“Hay artículos que son inconstitucionales, ahora le agregan la facultad de legislar al Poder Ejecutivo, eso es la suma del poder público, todo empieza y todo termina en el gobernador Juan Schiaretti”, sostuvo a su turno Marcelo Cossar del bloque de la Unión Cívica Radical.

“En un momento determinado como este es necesario darle una validación a un sistema de reconocimiento del infractor para que también se tomen medidas de la situación y se puedan en definitiva prevenir en esta instancia sanitaria consecuencias peores que hagan dar marcha atrás”, amplió Francisco Fortuna, presidente de bloque de Hacemos por Córdoba.

“Quiero ver como los legisladores del peronismo votan la criminalización de la protesta, ustedes jugaron a la timba financiera, el dólar se fue a $110 y se fumaron una provincia, el problema de fondo es el disciplinamiento de la protesta social, ustedes no pueden negociar con nadie porque dependen del gobierno de Alberto Fernández, ustedes pueden todo, reventaron una provincia así que ustedes pueden todo, pero esta ley es inconstitucional, necesitamos disciplinamiento social pero no este con el 50% de los cordobeses bajo la línea de pobreza, esta ley parece hecha por frankestein no por peronistas”, fustigó Aurelio García Elorrio.

La ley crea un nuevo tipo de delito en Córdoba, como serán las faltas pandémicas, que se suman a las del Código Penal y del Código de Convivencia que se encuentran vigentes.

La Policía de Córdoba será la autoridad de juzgamiento de las faltas –además de ser quien las detecta- a través de los 57 Tribunales Administrativos de Faltas distribuidos siete en la capital y 50 en el interior de la provincia. Estos estamentos cobrarán un 5% de las multas por pago voluntario y un 20% de aquellas que se apliquen una vez vencidos los plazos establecidos para la morigeración de la pena.

Pero en caso de la presentación de un recurso jerárquico en contra de la multa aplicada la competencia recaerá sobre el Ministro de Salud, Diego Cardozo, quien aplicará el procedimiento establecido en la ley 5350 (Ley de Procedimiento Administrativo).

Aunque a instancias del bloque de la Unión Cívica Radical, que propuso tres modificaciones, se creó una comisión legislativa que tendrá como única finalidad el seguimiento de las nuevas conductas que introduzca Schiaretti como violación a las disposiciones establecidas por el COE. El oficialismo contará con la mayoría suficiente para refrendar el criterio del Gobernador.

La “Comisión de Seguimiento del Régimen Sancionatorio Excepcional - Covid-19” estará integrada por cuatro miembros del oficialismo (el Presidente Provisorio de la Legislatura y tres legisladores del bloque) dos legisladores de la bancada Córdoba Cambia (primera minoría); Un legislador de la Unión Cívica Radical (segunda minoría) y un parlamentario más que represente a las otras minorías. Completarán la conformación un miembro del COE; uno del Ministerio de Salud de la Provincia y un miembro del Ministerio de Seguridad local.

“Tendrá por objeto analizar los nuevos tipos de infracciones que deban incorporarse o las modificaciones a las establecidas en el Régimen Sancionatorio Excepcional COVID-19” establece la ley.

Pero el texto de la ley mantiene la facultad para que el Gobernador “amplíe o modifique las conductas tipificadas en el proyecto según la situación epidemiológica de la Provincia, la situación dinámica de la pandemia y las actividades que se fueran habilitando”. 

“La facultad hay que otorgársela al gobernador para introducir modificaciones o modificar las que ya están introducidas y la comisión será de seguimiento pero la responsabilidad institucional y jurídica recae en el señor gobernador, siempre es el poder administrador el que asume el contralor”, justificó el oficialismo.

“Es inadmisible que el gobernador tenga la facultad de legislar, no conozco una ley de emergencia que no tenga fecha, siguen manteniendo el tope de $500 mil mientras el salario mínimo vital y móvil fue de $16 mil. ¿Cuándo multan una reunión de treinta personas se prorratea el monto de la pena o es para cada uno?”, se preguntó Cossar.

“Los cambios son decorativos porque otorgarle esta facultad al gobernador no corresponde como tampoco que los tribunales de faltas sean como órgano administrativo quienes juzguen las faltas, no se asegura un procedimiento justo, no se trata de ir cazando infractores por la provincia cuando el comportamiento de la ciudadanía ha sido ejemplar”, aseveró Luciana Echevarría del bloque del Movimiento Socialista a los Trabajadores (MST).

“Nosotros, al interior del bloque tenemos opiniones disimiles, entendemos de la importancia de dotar este instrumento para el cuidado de la ciudadanía pero necesitamos una semana más para introducir modificaciones y con más tiempo poder llegar a un mayor consenso”, expresó a su tiempo María Elisa Caffaratti del bloque Córdoba Cambia.

”A todas luces la política de Schiaretti es aprovechar la cuarentena para implementar un plan de ajuste sobre la clase trabajadora y están utilizando las fuerzas represivas, hoy en la provincia se está denunciando el gatillo fácil por parte de las fuerzas policiales que van barriendo las barriadas, lo que ustedes están haciendo un régimen de persecución”, aseguró la legisladora Soledad Díaz García del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Mientras crecen los contagios de Covid-19 en la provincia, Juan Schiaretti decidió pasar a la fase 5 de distanciamiento social y promover una política restrictiva y sancionatoria a las conductas que puedan ocasionar brotes ante la apertura casi total de las actividades económicas en la provincial poniendo a las fuerzas de seguridad en la cúspide de las decisiones. 

Schiaretti podrá tipificar conductas y la policía detendrá, multará y juzgará a los ciudadanos, eliminando por completo las posibilidades de conflicto social que se repiten y recrudecen ante la crisis económica acentuada por la pandemia, a la que se le suma el cansancio social por las medidas de aislamiento social decretadas para evitar la expansión del nuevo virus.

Fortuna justificó su aplicación en la necesidad de evitar posibles brotes de contagio ya que “por cada caso de Covid-19 se deben hacer quince hisopados que tienen un costo de 5.000 pesos, es decir que si hay que investigar a cien personas el estado y los vecinos deben invertir cinco millones de pesos”.

“Todo lo que establece esta ley está tipificado en el artículo 205 del Código Pena, es tan amplio que contempla todas las figuras. Estoy de acuerdo con que esta etapa requiere un disciplinamiento social muy bravo pero yo me temo que cuando empiecen a aplicar las multas tengamos reclamos judiciales, por eso esto tenemos que hacerlo muy bien, se va presentar el nom bis inidem”, sostuvo Aurelio García Elorrio de EVC.

Este concepto jurídico establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito en este caso un delito penal podrá al mismo tiempo una pena económica a través de la vía administrativa.

“El nom bis inidem esta trabajado doctrinariamente desde hace mucho tiempo de que no funciona de esa manera porque son precisamente dos regímenes, uno disciplinario y otro estrictamente punitivo penal que se diferencia, no habría ese inconveniente” explicó durante la comisión de ayer Armando Andruet, coordinador del Comité de Bioética y Derechos Humanos del COE y ex miembro del Tribunal Superior de Justicia.

A las diez de la mañana el oficialismo incorporó algunas de las sugerencias de los bloques de la oposición para intentar sumar un mayor consenso al alcanzado solo con dos miembros del bloque de la Unión Cívica Radical. Entre esas modificaciones se estableció la obligación de remitir un informe mensual a la Unicameral de los montos recaudados por las multas aplicadas.

Fueron tantos los puntos polémicos de la ley sancionada que los bloques opositores no pudieron unificar criterios y se partieron entre apoyos y rechazos.

La nueva ley sanciona el incumplimiento de medidas de protección personal (multas de entre 5 mil y 10 mil pesos), las infracciones a los protocolos de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales (entre 5 mil y 50 mil pesos) y también las relacionadas a las reuniones familiares o de cualquier otro tipo (multas de entre 10 mil y 100 mil pesos).

Asimismo, pena la vulneración de lo dispuesto para el ingreso, tránsito y permanencia en territorio provincial (multas de entre 50 mil y 500 mil pesos), tanto como el incumplimiento de cuarentena, aislamiento sanitario estricto y cualquier otra indicación epidemiológica (multas de entre 20 mil y 200 mil pesos). Se disponen descuentos del 50 por ciento en casos de pago voluntario.

Oposición partida en la votación

El proyecto se aprobó con 57 votos afirmativos y 10 en contra en general mientras que en particular el primer artículo de la ley contó con el apoyo de 50 legisladores y 17 en contra; 57 votos a favor y 10 en contra en los artículos segundo al quinto y séptimo al trece.

El artículo sexto que faculta al gobernador a introducir nuevas conductas que puedan ser pecuniarias contó con 48 votos a favor y 19 rechazos.

Orlando Ardúh, presidente de bloque de Córdoba Cambia junto con siete miembros de su bloque avalaron los argumentos del oficialismo para acompañar en general la iniciativa y rechazaron la delegación de facultades al gobernador para tipificar nuevas conductas violatorias de la nueva fase.

“Son medidas realmente extraordinarias basadas en la necesidad de recortar los contagios y no de restringir las libertades”, dijo Ardúh.

En tanto, sus pares de bancada, Patricia de Ferraris Rueda y Gudiño rechazaron en su totalidad el proyecto.

En la bancada de la UCR, los legisladores Dante Rossi y Benigno Rings (presidente de bloque) acompañaron en general y rechazaron el artículo seis. Los radicales Marcelo Cossar, Marisa Carrillo y Verónica Garade de Panetta votaron en contra.  

Encuentro Vecinal Córdoba, el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el Movimiento Socialista a los Trabajadores y la Coalición Cívica-Ari votaron en contra. 

En todos los casos, regiría el descuento del 50 por ciento para quien "colabore con la investigación epidemiológica dando todos los datos y requerimientos solicitados por la autoridad sanitaria, se le podrá reducir la multa aplicable en la mitad de la escala sancionatoria prevista para cada caso" así como también una morigeración de la pena económica al acceder al pago voluntario.

“Es una versión sanitaria de la ley del arrepentido”, bromeó Oscar González acerca de la colaboración por parte de los infractores.

“Me parece que es un momento muy sensible para imponer multas, no sé si con esto vamos a evitar los contagios en la pueblada de Villa el Libertador que están pasando por situaciones de carencia”, dijo Verónica Garade de Panetta del bloque de la UCR.

 
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