Desde el retorno de la democracia y hasta el año pasado inclusive, 463 personas murieron en manos de agentes de las fuerzas de seguridad de nuestra provincia. De ese total, la mitad correspondió a casos de gatillo fácil. Estas impactantes estadísticas están incluidas en un estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba, y el Conicet, lo que permite corroborar que el reciente homicidio del joven Valentino Blas Correas por parte de agentes policiales, no fue un hecho aislado.
El relevamiento titulado La Foto Revelada: Informe sobre la situación social, conflictividad y medidas gubernamentales en la Córdoba de la pandemia” fue publicado este mes por el Equipo de Investigación El llano en llamas y su homónima, la Fundación El Llano – Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (Cepsal).
En el capítulo IV del escrito referido a la situación de la violencia en Córdoba”, se hace especial hincapié en advertir que es histórica la denuncia del accionar represivo, arbitrario y discrecional de los agentes de las fuerzas de seguridad”.
Al respecto, se citan cifras del Informe de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) acerca de la situación represiva”. Éstas indican que desde la recuperación democrática hasta 2019, 463 personas murieron en manos de agentes de las fuerzas de seguridad; y precisan que el 78% de esos casos fueron durante las gestiones de Unión por Córdoba (hoy rebautizada Hacemos por Córdoba). En tal sentido, el informe da cuenta que los hechos de gatillo fácil representan el 47% de esa cifra, mientras que el 35% corresponde a muertes en contextos de encierro. Además, se menciona que el 54% de las personas asesinadas por el aparato represivo estatal son menores de 25 años”, en el marco de las detenciones y controles establecidos para garantizar el cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo).
El estudio también menciona que cuando se puso en marcha la cuarentena, el Programa de Extensión Seguridad y Derechos Humanos” de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC elaboró un informe basado en un relevamiento acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad en la provincia de Córdoba, en el marco de las detenciones y controles establecidos para garantizar el cumplimiento del aislamiento social.
Allí, enmarcaron los casos relevados en dos tipos de situaciones”. Por un lado, prácticas de hostigamiento policial que devienen en malos tratos físicos y/o verbales y vulneración de derechos humanos que profundizan el contexto de exclusión y precariedad” de los jóvenes de sectores populares. Y por el otro, refieren a situaciones donde la arbitrariedad tiene una habilitación legal” (como lo es la restricción de circulación) pero las interacciones con agentes de seguridad devienen en prácticas violentas y verdugueos”, mostrando la discrecionalidad del accionar policial en las decisiones de quienes pueden circular o no.
Profundización de un modelo represivo”
En el informe se añade que los conflictos que se han suscitado en materia de seguridad desde la declaración del Aspo no constituyen un punto de inflexión, sino más bien una continuidad y profundización del modelo represivo. Sobre este punto, se resalta que los tres niveles del Estado dejaron en manos de la Policía el control del cumplimiento del aislamiento, con escasas y confusas directivas sobre cómo llevar adelante dicho control, lo que habilitó una actuación arbitraria de las fuerzas. A su vez, el ejercicio del derecho de defensa frente a los casos de hostigamiento y violencia policial se vio reducido debido a la tardía habilitación de la abogacía como una actividad esencial y al trabajo reducido del Poder Judicial.
Por tales motivos, se insiste en aclarar que los conflictos que se han ido presentando no deben inscribirse como prácticas excepcionales. Las denuncias por el accionar represivo de agentes de seguridad sobre jóvenes de sectores populares y organizaciones sociales deben entenderse como hechos que son producidos sistemáticamente y que constituyen un accionar institucionalizado dentro de las fuerzas. A modo de ejemplo, se mencionan múltiples situaciones donde se produjeron prácticas violentas a jóvenes de barrios populares: hostigamientos, golpes, versiones policiales de falsos enfrentamientos, usos indebidos del arma reglamentaria, e incluso casos de gatillo fácil. También se relevaron situaciones de criminalización a militantes de organizaciones sociales, de vulneración de derechos humanos en contextos de encierro, y accionares violentos en desalojos de tomas de tierra. De tal manera, el asesinato de Blas Correas sería apenas la punta del iceberg.
Problemas estructurales en las cárceles
El estudio La Foto Revelada”, a cargo del Equipo de Investigación El llano en llamas y su homónima, la Fundación El Llano, integrados por María Alejandra Ciuffolini (socia fundadora); Gerardo Avalle (presidente); María Cecilia Alonso (secretaria); y Estefanía Nahas (tesorera), también detalla el panorama actual en las cárceles de la provincia. Por caso, recuerda que el 21 de marzo de este año, internos del penal de Bouwer realizaron un intento de motín luego de la suspensión de las visitas. Por este motivo, intervino el Servicio Penitenciario y el grupo Antimotines con disparos de balas de goma.
El objetivo de dicha protesta había sido denunciar las cuestiones ya estructurales de precariedad y hacinamiento que se viven en ese establecimiento, situación agravada en este contexto de pandemia, donde la superpoblación y la falta de protocolos e insumos de seguridad e higiene ponen en riesgo tanto a quienes están detenidos como a los trabajadores.
Así, la conflictividad en las cárceles de la provincia gira en torno a la suspensión de las visitas, inexistencia de protocolos claros de actuación frente al Covid-19, el hacinamiento, la falta de capacitación para los trabajadores e insuficientes insumos de higiene.
