El juez reclama al fiscal Stornelli las grabaciones de los arrepentidos

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi informó ayer que no cuenta con “registros fílmicos o digitales” que declararon los llamados arrepentidos ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en la causa por las fotocopias de los cuadernos del remisero Oscar Centeno, ante un requerimiento cursado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Por tal razón, el magistrado actualmente a cargo del juzgado federal 11, donde se instruyó el caso, le pidió a Stornelli que en un plazo de 48 horas le informe si tiene en su poder estos registros. La Cámara de Casación había reclamado estos materiales de respaldo tras una audiencia desarrollada la semana pasada, en la cual las defensas de algunos procesados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, pidieron la nulidad de toda la causa por falta de soporte técnico que permitiera evaluar en qué circunstancias se dieron las supuestas confesiones, entre otros argumentos.

Cabe recordar que en el caso Cuadernos, los dichos de los empresarios más poderosos del país, del propio Centeno y de otros testimonios que fueron aceptados como imputados colaboradores quedaron registrados en actas que fueron validadas en el tribunal intermedio de apelaciones, la Cámara Federal porteña, con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos jueces de tribunal oral que fueron trasladados a la cámara de apelaciones por el ex presidente Mauricio Macri.

La causa de los cuadernos explotó en agosto de 2018, tras la detención de Centeno, cuando el fallecido juez Bonadio ordenó una larga lista de arrestos de empresarios y ex funcionarios, de los cuales unos treinta recuperaron su libertad tras alcanzar acuerdos de colaboración con el fiscal Stornelli, en calidad de arrepentidos. Para las defensas de muchos de los acusados, esos acuerdos fueron nulos porque no fueron debidamente registrados y porque se celebraron bajo la presión a los imputados de que si no decían lo que la fiscalía quería escuchar no recuperarían su libertad.

Ahora, el reclamo de la defensa de varios de ellos basa su pedido en que la ley 27.304 establece que “las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior”. En esa causa, en la que se investiga una asociación ilícita de recaudación ilegal, además de De Vido está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los principales empresarios argentinos del rubro de la construcción. La causa ya fue enviada a juicio oral y cayó por sorteo en el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que integra el juez Germán Castelli.

 
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