“Gatillo fácil”: no descartan cambios en la cúpula policial

El ministro de Seguridad fue autocrítico y puso su renuncia a disposición de Schiaretti

Un día después del asesinato del joven Joaquín Paredes en la localidad de Paso Viejo, ubicada en el departamento Cruz del Eje, por el que cinco policías se encuentran detenidos e imputados como supuestos autores del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de uniformados, el ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, realizó una autocrítica y puso su renuncia a disposición del gobernador Juan Schiaretti.

“Mi renuncia, como la de todos los funcionarios del gobierno está a disposición del gobernador Schiaretti”, aseguró el funcionario, quien además se ofreció ante la Justicia “para esclarecer todo este episodio y quienes resulten responsables, asuman la responsabilidad penal que les corresponde”. “A nosotros nos preocupan estos hechos a donde hay policías involucrados. Si se comprueba que se han accionado armas de fuego contraviniendo las disposiciones vigentes, deberá ser la Justicia la que atribuya las responsabilidades. Tenemos una vocación democrática e intolerante hacia adentro de la fuerza”, remarcó el titular de la cartera de Seguridad.

En tanto, al ser consultado sobre posibles cambios en la cúpula policial, Mosquera afirmó: “Que no quepa ninguna duda que si las circunstancias lo ameritan, nadie dudará de hacer los cambios necesarios”. Por su parte, confirmó que a dos meses del crimen de Blas Correas, se está terminando de elaborar un protocolo “sobre la base del uso racional de la fuerza que tiene Canadá, que es uno de los más modernos del mundo” (Ver más información en la página 15). “Hay muchísimo por corregir”, reconoció el ministro en relación a la formación de los uniformados, en un año en el que Córdoba ya acumula 21 efectivos imputados por casos de “gatillo fácil”. “Córdoba tiene mucho que trabajar al respecto, como todas las demás Policías, nunca tendremos la actitud soberbia de creer que aquí se hizo lo suficiente”, agregó.

Ante este panorama, el bloque de legisladores de la UCR solicitó la “inmediata asistencia” de Mosquera a la Unicameral para que brinde explicaciones en relación al crimen de Paredes. Desde la bancada radical advirtieron que ese hecho “se suma a una serie de graves delitos cometidos por efectivos policiales durante el presente año que desnudan la ausencia de políticas de seguridad confiables en la Provincia, la pérdida de una cadena de mandos democrática y apegada al respeto de los derechos humanos, y el virtual incumplimiento de la ley de una importante y creciente cantidad de efectivos policiales”.

A su turno, el director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, consideró que “la matriz filosófica y educativa de las fuerzas de seguridad son una deuda pendiente en Argentina y en la provincia”. “La pérdida de la vida de un ser querido por una arbitrariedad y autoridad en exceso, es irreparable, y aunque conlleva la exigencia de justicia y de una sanción ejemplificadora para los autores, los padres de las víctimas lo que en realidad precisan es tener confianza en las instituciones”, evaluó. Por último, Fresneda señaló que “los agentes de la fuerza deberían ser profesionales con una carrera que sea más difícil de aprobar que abogacía o medicina. No puede seguir siendo una opción laboral. No son responsables con el uso de las armas y eso es indignante y doloroso”.

 
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