Arreglar los CPC supone una inversión de $ 420 millones

La Municipalidad consideró que ese monto dejaría los edificios en condiciones óptimas

Autoridades municipales y provinciales relevaron en las últimas horas el estado edilicio de los Centros de Participación Comunal (CPC) e identificaron las problemáticas de mantenimiento y las patologías que presentan. Del estudio participó, entre otras personas, el subsecretario de Participación Ciudadana, Juan Manuel Rufeil.

De acuerdo con Rufeil, el Palacio 6 de Julio deberá invertir 240 millones de pesos para realizar reparaciones urgentes. No obstante, para que los CPC se encuentren en condiciones óptimas, se deberán desembolsar 420 millones de pesos.

El estudio que realizaron las autoridades se produjo luego de que las lluvias registradas en los últimos días volvieran a evidenciar los serios inconvenientes que presentan algunos edificios de la ciudad. De hecho, la semana pasada, el CPC de Centro América debió cerrar sus puertas por las filtraciones de agua, una característica que se replica en varios inmuebles.

También se detectaron otros problemas: humedades en las paredes y techos, instalaciones eléctricas precarias y riesgosas por falta de mantenimiento, fisuras en las paredes interiores, entre otras cosas.

El relevamiento se realizó en varios CPC de la ciudad. Se presentaron problemas en Empalme, Chalet San Felipe, Villa El Libertador, Pueyrredón, San Vicente y Rancagua, entre otros.

Finalmente, en términos generales, la mayoría de los inmuebles presentan dificultades para el acceso a personas con discapacidad, y ninguno de ellos tiene Wi-fi libre. Por el estado en el que se encontraron los CPC, la Municipalidad ya diseña un plan de recuperación con el fin de cuidar la integridad física de los vecinos y empleados que acuden a los edificios.

Mientras tanto, el área de Higiene Urbana ingresó ayer al edificio abandonado, y devenido en basural, que se encuentra en la intersección de las calles Montevideo y Artigas, en el límite entre Observatorio y Güemes. Una orden judicial permitió que las autoridades comenzaron a sacar la basura que se encuentra en el lugar, un procedimiento para el que harán falta una quincena de camiones.

Se trata de un edificio de varios pisos quedó inconcluso hace 12 años y que con el paso del tiempo se transformó en un basural y lugar de refugio de personas en situación de calle o “aguantadero” de delincuentes.

 
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