Un software de vigilancia virtual desató una polémica en la UNC

Se trata de “Respondus”, comprado para utilizar en los exámenes finales de la alta casa de estudios

Por Juana Amagi

La pandemia del coronavirus ha impuesto nuevas dinámicas pedagógicas en todos los niveles educativos: docentes y estudiantes tuvieron que reinventarse sobre la marcha para sostener los procesos formativos a la distancia, creando nuevas maneras de vincularse desde la virtualidad y adaptando los contenidos a herramientas hasta hace poco desconocidas por la mayoría. El esfuerzo fue muy grande para todos, pero la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) enfrenta ahora un desafío mayor con las modalidades de evaluación a aplicar en los exámenes finales de julio.

Si bien el reto se profundiza por la masividad del claustro estudiantil (la Casa de Trejo cuenta con más de 120.000 alumnos), lo cierto es que las posibilidades se han multiplicado con las nuevas dinámicas y herramientas incorporadas por los docentes en este cuatrimestre de dictado virtual (que van desde exámenes orales a trabajos escritos por mail o pruebas múltiple choice con tiempos pautados, entre otras), pero el Rectorado de la UNC apostó a un sistema nuevo que despertó una fuerte polémica interna por las dudas que genera.

Se trata de un software norteamericano llamado “Respondus”, que la universidad contrató por un valor de 17.545 dólares para utilizar durante un año con el objetivo de evitar que los estudiantes copien durante los exámenes finales virtuales. El sistema inhibe la navegación por internet de las computadoras de los estudiantes mientras rinden el examen, tiempo en el que sólo pueden contestar. Pero además, a través de la cámara de la computadora, el programa recopila datos biométricos del estudiante para certificar su identidad y lo filma durante toda la evaluación para captar, a través de mecanismos de reconocimiento facial, señales de posibles “trampas”, como la presencia de un tercero o movimientos “sospechosos” del estudiante.

Si bien cada facultad tiene libertad de decidir si utilizará o no el programa (hasta el momento, sólo confirmaron Ciencias Económicas y Exactas), la noticia generó un revuelo por la falta de certezas que hay sobre la utilización de los datos que recopilará el sistema y las inequidades que genera en el cuerpo estudiantil, ya que sólo podrán participar de los exámenes aquellos que posean una computadora con sistemas operativos Windows y OSX (Apple), con cámaras y micrófonos incorporados, y tengan buena conexión a internet. 

 

“El hecho de que el software pueda bloquear la pantalla e impedir el acceso a archivos, sitios web y toda operación factible de ser realizada por fuera de la ventana del examen, supone que el software necesita roles de administrador en el sistema y, por lo tanto, tiene acceso a toda la información guardada en los equipos”, alertó un informe del Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Filosofía publicado en las últimas horas, que precisó que el sistema potencialmente podría acceder a “contraseñas, datos bancarios, inicios de sesión, historial de navegación, cookies, acciones de compra, vista de contenidos culturales, reacciones en redes sociales, y búsquedas académicas” de los estudiantes, además de sus datos biométricos.

La cuestión se complejiza porque “el almacenamiento de las grabaciones realizadas por el software se realiza en servidores externos a la UNC, probablemente de la empresa Amazon, según se informó. La empresa Respondus ‘guarda’ las grabaciones por cinco años, mientras tanto, no podemos desconocer que toda esa información es factible de ser atravesada por procesamientos algorítmicos” como la Big Data, completó el informe.

El filósofo Darío Sandrone, columnista de HOY DÍA CÓRDOBA, agregó que “si bien la vigilancia del docente está siempre presente en una instancia evaluativa, el problema aquí es que se le pide al estudiante no sólo vigilar su cuerpo sino que también queda obligado a poner a disposición del software todos sus datos y la información que tiene adentro de su computadora”. “El sistema avanza sobre ciertas libertades del estudiante que deberían resguardarse”, explicó Sandrone, quien destacó que “habría que profundizar en otras técnicas de evaluación que no requieran este tipo de vigilancia”.

Desde el Área de Tecnología Educativa de la Facultad de Sociales (donde la agrupación Somos sacó un comunicado cuestionando el sistema), la docente Verónica Plaza destacó que “es una licencia privativa, con lo cual su código no está abierto y no es posible auditarlo: no tenemos la posibilidad de saber qué pasa con los datos que recopila en un servidor externo. Algunos especialistas en informática incluso alertan que es un programa muy fácil de hackear, por lo que ese acceso a la computadora de los estudiantes atenta contra su derecho a la privacidad”. “La mayoría de nuestros estudiantes ha podido participar de nuestra propuesta virtual desde sus celulares y dispositivos móviles, con lo que el sistema –que requiere una PC para su uso- deja afuera a un gran universo de alumnos”, destacó Plaza, quien agregó que “además nos coloca a los docentes en un lugar de vigilancia policial en el que no queremos estar”. 

Desde la otra vereda, el secretario de educación virtual de Ciencias Exactas, Jorge Finochietto, recalcó en Infobae que “tiene que quedar claro que este software es solo una opción para evaluar. También habilitamos la posibilidad de coloquios o aulas virtuales. Nadie está obligando a los estudiantes a rendir de esta forma”. El especialista reveló que en Exactas hicieron una prueba piloto con el software durante dos meses y dijo que “los estudiantes en general no tienen ningún problema. La herramienta busca recrear el ambiente seguro de un examen, con las mismas condiciones que tiene un aula (...). Con plataformas de videoconferencia nos dimos cuenta de que era mucho más invasivo (…). Acá solo lo puede ver el docente”.

Las implicancias del sistema 

El docente de Famaf, especialista en informática y secretario general del gremio docente (Adiuc), Javier Blanco, consideró que “en tanto sindicalista, parecería que el sistema no vulneraría derechos laborales o docentes a no ser que lo impongan como obligatorio para usarlo en los exámenes”. “Respecto a los derechos a la privacidad, Respondus tiene implicancias sobre todo para los estudiantes, porque para los docentes es mucho más complejo un sistema como Zoom, donde pueden estar siendo filmados sin saberlo, o en menor medida Meet de Google”, señaló.

“Respondus es un sistema ‘proctoring’ que lo que hace básicamente es poner trabas para que quienes hacen un examen escrito no puedan hacer trampa, aunque tampoco puede impedirlo”, explicó Blanco, quien destacó que el hecho más problemático es que “es un sistema privativo, de código cerrado, lo que implica que nadie sabe lo que hace, aunque sí sabemos que adquiere privilegio de ‘administrador’ en la computadora propia, es decir que puede acceder al bajo nivel de la computadora, a todos los archivos, podría copiar todo lo que hay en ella. Son los problemas que tiene todo sistema privativo, como Zoom, Windows o MacOS, donde en definitiva no podemos saber qué están haciendo o si están haciendo algo ilegal o perjudicial para el propio usuario en su computadora”, completó Blanco, quien destacó que otro conflicto se abre con el hecho de que “solo corre con Windows o MacOS”, lo que deja afuera a otros sistemas operativos, por lo que la universidad estaría “obligando a los estudiantes a adquirir esos sistemas o a bajarlos de manera ilegal, algo que resulta muy problemático”.

Pronunciamientos de decanos y respuesta del rector Juri

Un conjunto de decanos de las facultades de Artes, Famaf, Filosofía, Sociales y Químicas emitió una nota dirigida al rector Hugo Juri expresando “nuestra preocupación ante la elección del sistema” Respondus. “Hemos expresado nuestro desacuerdo en sucesivas reuniones institucionales (…) porque es un mecanismo que selecciona actividades sospechosas por parte de estudiantes transformando la naturaleza vincular de la relación docente/estudiantes e introduce una dimensión técnica que abre dilemas éticos, pedagógicos y hasta legales en esa relación”, sostuvieron en el texto, donde reseñaron los conflictos que abre el uso del sistema y aseguraron que  “si bien el objetivo es garantizar la continuidad de las actividades académicas, los instrumentos elegidos no deben vulnerar derechos como la privacidad, la libertad de cátedra, la no discriminación, o las condiciones dignas de trabajo de docentes”.

La respuesta llegó ayer del propio Juri, quien expresó que Respondus “permite que los estudiantes puedan rendir masivamente en una situación en que la universidad no estafe ni a los alumnos ni a la sociedad, haciendo aprobar a alguien que probablemente estaba haciendo algo”. 

 
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