Según recordó el organismo, desde el comienzo de la emergencia sanitaria dispuesta por el gobierno nacional, a principios de 2020, los fiscales de instrucción están iniciando actuaciones contra aquellas personas que no respeten las medidas.
Además, se informó que, ante esos hechos, se realiza una previa identificación” de los presuntos infractores”, lo que lleva adelante la Policía Administrativa. La explicación del MPF fue en respuesta al accionar el martes último de efectivos policiales, quienes se llegaron a domicilios particulares de comerciantes para recordarles -personalmente- que podrían ser sancionados por la Justicia.
Desde la Provincia remarcaron que las acciones no son nuevas. Por ejemplo, mencionaron que el 15 de mayo del año pasado, la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria imputó a 13 directivos del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) por el delito de violación de las medidas sanitarias dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional en prevención por la pandemia de Covid-19”.
También especificaron que se llevó adelante una acción similar el 21 de mayo de 2021, cuando imputó a 21 activistas de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba (UTA) por violación del decreto presidencial de aislamiento social y obligatorio en prevención a la pandemia”.
Como se sabe, el fiscal Andrés Godoy, en trabajo conjunto con personal policial, llevó adelante tareas de inteligencia previas ante la posible comisión de delitos e identificó a cinco personas que daban cuenta en redes sociales y medios de comunicación de que iban a participar de la protesta del martes frente al Patio Olmos. Los comerciantes identificados fueron notificados por la Policía, se les leyó el DNU, y se los advirtió de las prohibiciones y de las consecuencias legales si participaban de las manifestaciones.
