Con media sanción del Senado en el bolsillo, el proyecto oficialista por la Ley de Glaciares enfrenta ahora una resistencia feroz de científicos, referentes de derechos humanos y la propia autora de la norma original, quienes coinciden en un diagnóstico alarmante: la reforma es un caballo de Troya para la minería a cielo abierto.
El «vaciado» de la Ley 26.639
Marta Maffei, exdiputada y redactora de la ley vigente, fue una de las que encabezó las críticas sobre el proyecto con un discurso técnico y político demoledor. Calificó la iniciativa como «absolutamente regresiva» y denunció que se intenta instalar una «fachada de federalismo» para que las provincias decidan qué proteger y qué no.
«Los glaciares son nuestra última reserva estratégica. El 70% de las cuencas hídricas del país ya están contaminadas. Entregar la discrecionalidad de estos recursos es firmar el certificado de defunción de nuestra soberanía hídrica», sentenció Maffei.
Según los datos presentados en la audiencia, existen actualmente 53 emprendimientos mineros proyectados o instalados sobre zonas que hoy están protegidas, y que quedarían «liberadas» con el nuevo texto.
Derechos Humanos y la «Zona Gris» Técnica
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sumó el peso de los derechos humanos al debate. Entregó un documento donde exige priorizar «el agua y la vida» por sobre los intereses corporativos, advirtiendo que el acceso al agua es un derecho humano fundamental que no puede quedar sujeto a balances comerciales.
Por otro lado, la nota técnica la dio el geofísico Silvio Pastore. Si bien reconoció que la ley actual tiene puntos a precisar, su postura fue utilizada por el oficialismo para argumentar que la reforma permitirá «aclarar metodologías». El punto de conflicto radica en el ambiente periglaciar: la reforma busca que solo se protejan aquellas áreas que las autoridades locales consideren «reservas hídricas estratégicas», una definición que la oposición tilda de peligrosa por su ambigüedad.
Números que alarman: Una audiencia bajo la lupa
La jornada no estuvo exenta de escándalo institucional. La física Adriana Serquis y un bloque de diputados opositores presentaron una impugnación formal contra el proceso, basándose en la falta de representatividad:
| Datos de la Audiencia | Cifras Reales |
| Inscriptos totales | +100.000 ciudadanos |
| Oradores permitidos | ~300 personas |
| Porcentaje de escucha | 0,3% del total |
Esta restricción fue calificada como una «farsa democrática», violando directamente el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a garantizar la participación pública efectiva en asuntos ambientales.
El escenario judicial: El próximo campo de batalla
El clima en el Congreso anticipa que la pelea no terminará en el recinto. Diversos sectores ya preparan presentaciones judiciales por inconstitucionalidad. El argumento central será el principio de no regresión: ninguna ley nueva puede otorgar menos protección ambiental que la que ya existía.
De avanzar la sanción, Argentina se encamina a un conflicto judicial de escala nacional que podría paralizar las inversiones que el propio Gobierno intenta promover.
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