El domingo 12 de mayo se celebraron elecciones en Cataluña. Desde 1980 se registró un hecho inédito en la historia política reciente: el bloque de partidos nacionalistas e independentistas no logró conseguir la mayoría necesaria para gobernar.
El Partido Socialista de Cataluña (PSC), liderado por Salvador Illa, emergió como el vencedor, tanto en número de votos como en escaños (obteniendo 42; aunque lejos de alcanzar la mayoría absoluta, fijada en 68). En consecuencia, ahora deberá buscar acuerdos para obtener la investidura y formar gobierno. Algo que, dadas las circunstancias, será bastante más complicado de lo que parece.
Esto se da en medio de fuertes discusiones políticas a nivel nacional, que involucran a los independentistas catalanes, al propio presidente Pedro Sánchez del gobierno, y a partidos de extrema derecha, como los ultras de Vox. Ahora, se abren semanas de duras y complejas negociaciones, porque las urnas dejan la Presidencia de la Generalitat catalana en el aire. Por lo pronto, nadie descarta la celebración de nuevas elecciones.
La representante de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Esther Peña, enfatizó que Salvador Illa, candidato del PSC, es el único con posibilidades reales de convertirse en Presidente de la Generalitat. Ella confía en que los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) desempeñen un papel determinante en las negociaciones. Peña afirmó que el resultado de las elecciones autonómicas no afectará a la gobernabilidad en España, ya que considera que “no hay alternativa al gobierno de Sánchez”. A su vez, afirmó que Sánchez ha validado su hoja de ruta con los resultados de las elecciones catalanas, y no tiene “ninguna duda” de que su Gobierno seguirá funcionando a pleno rendimiento en lo que resta de mandato “con una agenda legislativa intensa e intensiva”. Sucede que, a nivel nacional, el PSOE estableció distintos acuerdos de gobernabilidad con varios partidos, incluyendo Junts y ERC. En ese sentido, los socialistas esperan que esto pueda replicarse de cara a la conformación del nuevo gobierno de la Generalitat.
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) es una organización civil catalana que promueve la independencia de Cataluña. Fundada en 2011, la ANC ha desempeñado un papel destacado en la organización de manifestaciones masivas a favor del derecho a decidir y la independencia de Cataluña. Su objetivo principal es lograr la independencia de Cataluña a través de medios pacíficos y democráticos, promoviendo la movilización ciudadana y la acción política. La ANC ha sido una fuerza importante en el movimiento independentista catalán y ha influido en la política de la región. En su declaración del lunes ha instado a los partidos independentistas a recuperar la unidad de acción y a forzar una repetición electoral, donde nuevos liderazgos encabecen una estrategia independentista renovada. La ANC subraya que, aunque el independentismo haya perdido la mayoría parlamentaria, aún puede «impedir que se imponga una mayoría autonomista» y, a partir de ahí reactivar la mayoría social independentista en los próximos meses. Por lo tanto, hace un llamado a Junts, ERC y la CUP para que «no otorguen ningún voto ni se abstengan» en relación al PSC.
Los resultados de las elecciones, en definitiva, representan un respaldo significativo para el presidente Sánchez. Desde que asumió el cargo en 2018 el mandatario trabajó para mitigar las tensiones en Cataluña, otorgando indultos a los líderes políticos encarcelados y promulgando una ley de amnistía para aquellos dirigentes independentistas que se encuentran en el extranjero. Uno de estos líderes es Carles Puigdemont, el ex presidente catalán, actualmente exiliado en el sur de Francia, cuyo partido, Junts per Catalunya (Junts+), obtuvo el segundo lugar en las elecciones del domingo. Sin embargo, la posibilidad de que Puigdemont sea investido como presidente del gobierno catalán es muy remota, debido a la disminución de apoyo hacia los partidos independentistas. Esto marca un revés para el movimiento soberanista y refleja un cambio en las prioridades de los votantes catalanes después de años en los que la cuestión de la independencia había dominado la agenda política.
Por otro lado, no todas fueron pálidas para la derecha y la ultraderecha. Tanto el Partido Popular (PP) como Vox celebraron un incremento significativo en el voto conservador, con el PP multiplicando su presencia en el Parlamento catalán por cinco, pasando de 3 a 15 diputados, y Vox manteniendo sus 11 bancas. Sin embargo, la verdadera novedad fue el debut en el Parlamento de Aliança Catalana, liderado por la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. Con un discurso radical y enérgico, Orriols y su partido, considerado por muchos como el «Vox catalán», lograron asegurar dos diputados. Su plataforma política, marcada por posturas extremistas sobre inmigración e identidad catalana, promete desafiar el statu quo en la región, asegurando defender la independencia de Cataluña y proteger los intereses de los catalanes. Este resultado refleja un giro hacia la derecha en el arco político catalán y plantea nuevas dinámicas en el panorama político regional.
Lo cierto es que el presidente español logró uno de sus objetivos principales: calmar las retenciones soberanistas catalanas y fortalecer su liderazgo en la región. En el camino, Pedro Sánchez logró ponerle un freno importante, al menos, por ahora, y de cara a la conformación de un nuevo gobierno en la Generalitat, también a la extrema derecha.