El presidente número 45 de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra inmerso en una serie de procesos judiciales que han capturado la atención puertas adentro (y afuera) del país. A pesar de enfrentar múltiples acusaciones penales y civiles, su base de seguidores no parece disminuir, sino lo contrario. El ex mandatario denuncia una persecución política, judicial y mediática en su contra, cuyo objetivo sería sacarlo de la carrera para regresar a la Casa Blanca a partir de las presidenciales de noviembre de 2024. Con este telón de fondo, Trump deberá afrontar una serie significativa de acusaciones, y, aunque la mayoría no parecen suficientes para impedir su posible postulación, hay dos casos que podrían dejarlo fuera de Carrera, en caso de ser hallado culpable por los tribunales.
Uno de los casos es el más reciente, referido a la investigación criminal que transcurre en Georgia, por presunta manipulación de elecciones. Trump ha sido señalado por un gran jurado de intentar revertir su derrota en 2020, enfrentando cargos que incluyen “racketeering” y violación de la Ley Rico. Otro episodio relevante es su presunta relación con los eventos del 6 de enero y el asalto al Capitolio. Trump ha proclamado su inocencia en relación con la conspiración para defraudar a EEUU, alegando que sus afirmaciones falsas sobre fraude electoral no incitaron a la violencia. Estas dos causas son las más complicadas, ya que podrían configurar “delitos contra la democracia”, por lo que serían capaces de dejarlo fuera de la competencia presidencial (además de conllevar penas de prisión efectiva).
El término anglosajón «racketeering» se refiere a la práctica de actividades ilegales o fraudulentas, generalmente organizadas de manera sistemática y a menudo con el propósito de obtener beneficios económicos de manera deshonesta. En términos legales, el “racketeering” se asocia con actividades del crimen organizado, como la extorsión, el fraude, el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la corrupción, entre otros delitos. A menudo se relaciona con la Ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una legislación federal que tiene como objetivo combatir y sancionar a las organizaciones criminales y sus operaciones.
La Ley Rico permite al gobierno perseguir a individuos y grupos involucrados en actividades ilícitas bajo el cargo de «racketeering», y puede resultar en duras penas y confiscación de activos.
No obstante, las otras causas también revisten gravedad, y, aunque parezcan no hacer mella entre su base sólida de votantes y su núcleo duro, lo desprestigian entre los votantes republicanos más independientes e “institucionalistas”, que pueden buscar opciones en otras figuras del Grand Old Party, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Los cargos específicos contra Trump abarcan desde la violación de juramento como funcionario público, hasta conspiración para falsificación y presentación de documentos. En este complejo entramado también se encuentran involucrados nombres como Mark Meadows, John Eastman, o su propio abogado personal y ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.
El ámbito de la seguridad nacional también ha sido motivo de controversia para Trump: enfrenta acusaciones de retención ilegal de documentos clasificados de seguridad después de su mandato. Se le imputa haber puesto en riesgo información delicada sobre el programa nuclear y vulnerabilidades ante ataques, violando la Ley de Espionaje, y conspirando para obstruir la justicia.
Asimismo, Trump se enfrenta a un caso relacionado con soborno en Nueva York. La acusación involucra la falsificación de registros comerciales vinculados a un pago destinado a silenciar a Stormy Daniels, una actriz de cine para adultos con quien, supuestamente, mantuvo un romance.
No sólo es el ámbito penal el que persigue a Trump, sino también el civil. Está en proceso de apelación por un veredicto que lo halló responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, quien afirma que fue agredida sexualmente por él en la década de 1990.
Por si fuera poco, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda civil contra Trump y su empresa familiar por presunto fraude relacionado con la valoración de sus activos. Esta acción legal busca no sólo compensación económica, sino también impedir que los Trump continúen operando negocios en Nueva York. Estas causas, al ser civiles, no conllevan pena de prisión, pero afectan tanto la reputación como los negocios del presidente y su familia.
Trump ya es el primer presidente de la historia de los EEUU en contar con un “mugshot” (la foto que le sacan a los delincuentes o acusados de cometer delitos tras ser fichados por el Poder Judicial). Allí, el magnate mira desafiante a la cámara, al igual que lo hace previo a cada comparecencia judicial que ha hecho desde su salida de la Casa Blanca.
Los demócratas parecen empecinados en pasearlo por todas las Cortes, pero esto no estaría teniendo, necesariamente, los resultados deseados. Resulta intrigante cómo estas acusaciones no han erosionado sus apoyos: sus seguidores lo ven como una víctima de un sistema corrupto al que desprecian, y al que, aseguran, Trump ha enfrentado.
A pesar de este tumultuoso panorama legal, Donald Trump aún mantiene la posibilidad de postularse nuevamente como candidato presidencial en 2024, lo que promete mantener la polémica y la atención en torno a su figura en los meses venideros.