Los comicios presidenciales del pasado domingo que le dieron el cuarto mandato presidencial -y el tercero consecutivo- a Daniel Ortega, nunca tuvieron la más mínima posibilidad de que ocurra algún tipo de sorpresa. Al igual que hace cinco años, cuando el Colegio Electoral le asignó el 72% de los votos, Ortega volvió a ganar, de manera predecible, por amplio margen de los sufragios para continuar al frente de Nicaragua. El gran problema es que desde la oposición acusan a Ortega de controlar todos los órganos oficiales con mano de hierro, incluido el máximo organismo electoral. Por ello, la transparencia de las elecciones está más que discutida desde hace tiempo en Nicaragua. Esta campaña fue polémica en particular debido a que fueron encarcelados sin motivos sólidos siete candidatos contrarios al oficialismo. Los apoyos que tiene Ortega dentro y fuera del país son cada vez menores, de acuerdo con todas las encuestas, cualquier candidato opositor podría derrotarlo en caso de que las elecciones se desarrollaran de manera transparente.
Incluso sus ex compañeros de armas, los antiguos comandantes de la Revolución Sandinista se muestran contrarios al actual presidente. De hecho, de los nueve miembros de lo que había sido la dirección colectiva, apenas uno le da abiertamente su apoyo a Ortega. Para cuando fue derrocado el dictador Anastasio Somoza, las tres tendencias internas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se habían unificado en una sola. La más importante era la “tercerista”, debido a la cantidad de integrantes, armas, y apoyos internacionales. De allí provenían el mismo Daniel Ortega, su hermano Humberto, y Víctor Tirado López, uno de los fundadores del FSLN. La segunda era la tendencia proletaria, integrada por Carlos Núñez, Jaime Wheelock y Luis Carrión. Mientras que la otra, la Guerra Popular Prolongada (GPP), estaba integrada por Bayardo Arce, Tomás Borge y Henry Ruiz, eran los que más tiempo llevaban peleando contra la dictadura en las montañas.
El hermano del presidente, Humberto, es un ferviente opositor a su gestión desde 2006, pero especialmente a partir de 2018, cuando apoyó las protestas populares contra el gobierno. Fue ministro de Defensa y jefe del Ejército durante la primera presidencia de su hermano, entre 1979 y 1990. Actualmente se encuentra fuera del país, y hace algunas semanas se refirió a los “presos políticos”, exigiéndole a su hermano que los libere. Los otros dirigentes históricos del FSLN también se encuentran enfrentados a Ortega, como también había sido el caso del legendario escritor y sacerdote Ernesto Cardenal, quien murió siendo un duro opositor del orteguismo. Incluso alguno de ellos, como Carrión, se encuentran exiliados. Todos exigen la libertad de los presos políticos y afirman que los principios éticos de la Revolución Sandinista fueron traicionados tras el regreso de Ortega a la presidencia en 2006, en lo que consideran un “régimen familiar”. Solo Bayardo Arce, asesor del gobierno en temas económicos desde hace 15 años, apoya a Ortega.
El presidente mantuvo números muy altos de aprobación hasta 2017. Al año siguiente se produjeron las masivas protestas de estudiantes y campesinos contra leyes que pretendían reformar la seguridad social. Se produjeron 328 muertos de acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta 2017, el Producto Bruto Interno de Nicaragua crecía a un 4% de acuerdo con el Banco Mundial. Pero desde entonces, se vive una crisis política y económica agravada el año pasado por la pandemia, donde el PBI se contrajo más de 9%. Desde 2018, 106.000 nicaragüenses han abandonado el país, según Naciones Unidas. En enero de este año, cerca de 600 nicaragüenses fueron detenidos en la frontera de los EEUU, mientras que en julio fueron detenidos en los puestos fronterizos 13.391 nicaragüenses en total.
El gobierno acusa a las sanciones internacionales, especialmente a los EEUU de la crisis económica. Esto podría agravarse si la Administración de Joe Biden pone a revisión el Tratado de Libre Comercio con Nicaragua, mediante el cual ingresan el 60% de las exportaciones nicaragüenses a los Estados Unidos, sin aranceles. Los legisladores piden revisar una cláusula sobre gobernabilidad y Derechos Humanos. En caso de que esto se produzca podría ser catastrófico para el orteguismo, ya que la economía nicaragüense depende fuertemente de sus exportaciones a los EEUU.
Los ex comandantes y antiguos guerrilleros del sandinismo hace tiempo que hablan de una revolución traicionada, o de cómo fue derrotada la dictadura de Somoza, pero no “los principios somocistas”. En 2018, los manifestantes cantaban que “Ortega y Somoza son la misma cosa”. Lo cierto es que poco queda de aquellos principios éticos, morales y políticos que guiaban la Revolución Sandinista durante los años 80 y que tanto habían entusiasmado a personas de distinta índole a lo largo y ancho de todo el mundo. Los mismos miembros originales fueron abandonando a Ortega durante los años, refiriéndose en términos muy duros a lo que consideran un “régimen” que, aseguran, no respeta las garantías básicas del juego democrático ni de los Derechos Humanos. Suele decirse que las revoluciones terminan engullendo a sus revolucionarios. Hoy, es fácil afirmar, a todas luces, que el sandinismo es una revolución que no fue, o que, en algún momento, dejó de ser. Pero que, en el camino, fagocitó a sus artífices, incluyendo al mismo Daniel Ortega.