La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no puede leerse únicamente como un episodio policial ni como la caída espectacular de un enemigo público. Es, ante todo, un acontecimiento geopolítico que reconfigura la relación entre México y Estados Unidos en un momento de alta sensibilidad bilateral. El narcotráfico mexicano nunca fue un fenómeno exclusivamente doméstico: constituye una economía criminal transnacional cuyo epicentro productivo y logístico se encuentra en territorio mexicano, pero cuyo mercado de consumo más rentable y políticamente explosivo está del otro lado de la frontera. En ese marco, cada operativo de alto perfil, y más aún la eliminación de un capo de semejante magnitud, repercute inevitablemente en la arquitectura estratégica de América del Norte.
Para Washington, el combate a los cárteles mexicanos se ha convertido en un asunto de seguridad nacional, especialmente a partir de la crisis del fentanilo que ha provocado decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos. La presión política interna obliga a exhibir resultados concretos y visibles, y la caída de El Mencho se presenta como prueba de que la cooperación bilateral funciona cuando existe voluntad política. Sin embargo, detrás de esa narrativa subyace una tensión más profunda: sectores del sistema político estadounidense han impulsado la idea de designar a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilitaría herramientas jurídicas y financieras mucho más agresivas e incluso abriría la puerta a acciones extraterritoriales. Para México, esa posibilidad constituye una línea roja innegociable, no solo por razones legales sino por memoria histórica; cualquier insinuación de intervención directa activa reflejos nacionalistas arraigados en una historia de asimetrías y episodios de injerencia.
El Estado mexicano se encuentra así ante una ecuación compleja. Necesita la cooperación tecnológica, financiera y de inteligencia de Estados Unidos para enfrentar estructuras criminales que operan con redes globales, acceso a armamento sofisticado y flujos financieros transnacionales. Pero al mismo tiempo debe preservar la narrativa de soberanía y control territorial, evitando que la colaboración sea percibida como subordinación. Cada operativo exitoso con apoyo estadounidense alimenta debates internos entre quienes ven pragmatismo estratégico y quienes advierten riesgos de dependencia. La interdependencia es un hecho estructural, pero la asimetría también lo es: Estados Unidos posee mayor capacidad de presión financiera y tecnológica; México es el escenario donde se despliega la violencia más visible y donde el costo humano se hace tangible.
En el plano doméstico, la muerte del líder del CJNG fortalece momentáneamente al gobierno federal, que puede exhibir un golpe simbólico contra una de las organizaciones más violentas del país. Sin embargo, esa fortaleza es frágil y condicional. Si la violencia se incrementa tras la caída del capo, como ha ocurrido en experiencias previas con otros líderes criminales, la narrativa de éxito se erosiona rápidamente y reaparece el cuestionamiento estructural sobre la estrategia de seguridad. Desde 2006, México ha transitado un ciclo de militarización progresiva de la seguridad pública; cada administración prometió ajustes o cambios de enfoque, pero ninguna logró desmontar la lógica estructural del conflicto. La tentación de profundizar la vía militar puede intensificarse bajo presión externa e interna, aunque la experiencia demuestra que la fragmentación de los cárteles suele multiplicar focos de violencia y disputas territoriales.
La frontera entre México y Estados Unidos funciona, en este contexto, como un espacio geopolítico de integración y conflicto simultáneos. El comercio bilateral alcanza cifras récord y la integración productiva es profunda, pero la seguridad, la migración y el narcotráfico introducen tensiones permanentes. En Estados Unidos, el problema del narco alimenta discursos sobre control fronterizo e inmigración; en México, refuerza la narrativa de que la demanda estadounidense de drogas y el flujo de armas hacia el sur son factores determinantes del problema. La muerte de El Mencho no disuelve esa dinámica; puede incluso intensificarla si la violencia posterior alimenta percepciones de inestabilidad y exige respuestas más duras desde Washington.
Desde una perspectiva estratégica, pueden imaginarse distintos escenarios: una cooperación reforzada que logre contener la fragmentación y estabilizar territorios críticos; una escalada de violencia producto de luchas internas dentro del CJNG y presión estadounidense más agresiva; o una reconfiguración criminal que, sin alterar el volumen del negocio, modifique sus liderazgos y alianzas. En todos los casos, el núcleo del problema persiste mientras exista demanda internacional sostenida, circuitos financieros globales que faciliten el lavado de activos y vulnerabilidades institucionales que permitan la infiltración criminal. La muerte de un capo es un acontecimiento relevante, pero no transforma por sí sola la estructura económica que sostiene al narcotráfico.
En definitiva, la caída de El Mencho representa un golpe táctico dentro de una disputa estructural que combina soberanía, interdependencia asimétrica y mercados ilícitos globales. Para México, el desafío central no es únicamente desarticular un cártel, sino reconstruir la autoridad del Estado en territorios donde la violencia criminal ha operado como forma de gobernanza informal. Para Estados Unidos, el reto consiste en reconocer que el problema no puede resolverse exclusivamente mediante presión externa ni estrategias coercitivas unilaterales. La relación bilateral ingresa en una fase de cooperación necesaria y tensión latente, donde el éxito no dependerá de operativos espectaculares sino de la capacidad de ambos países para transformar una lógica de confrontación permanente en una estrategia de seguridad sostenible, compartida y políticamente viable.