El último presidente peruano que logró completar un mandato constitucional de cinco años fue Ollanta Humala, y esa constatación, que podría parecer un mero dato cronológico, en realidad condensa una transformación profunda del sistema político peruano, porque desde 2016 en adelante el país no atraviesa simplemente una etapa de turbulencia coyuntural sino una dinámica estructural en la que la interrupción anticipada de los mandatos se ha convertido en una forma habitual de resolución de conflictos, desplazando la lógica de la estabilidad presidencial por una suerte de provisionalidad permanente en la que cada jefe de Estado asume con la sospecha implícita de que su continuidad dependerá menos del calendario constitucional que de la correlación parlamentaria del momento.
La secuencia de presidentes interrumpidos no responde a una casualidad ni puede leerse como una acumulación azarosa de errores individuales, ya que Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018 bajo la presión de revelaciones vinculadas al caso Odebrecht cuando el Congreso ya preparaba su destitución, luego Martín Vizcarra fue removido mediante la figura de la “incapacidad moral permanente”, posteriormente Manuel Merino asumió tras esa vacancia y debió renunciar pocos días después frente a una reacción social masiva, mientras Francisco Sagasti logró completar una transición institucional precaria pero limitada, y más tarde Pedro Castillo fue destituido luego de su intento fallido de disolver el Congreso, al que siguió la caída de Dina Boluarte y finalmente la del interino José Jerí tras el denominado “Chifagate”, conformando así una serie de seis interrupciones en menos de una década que ya no puede interpretarse como una anomalía repetida sino como el resultado previsible de un diseño institucional tensionado al extremo.
El núcleo de esta inestabilidad se encuentra en la arquitectura constitucional, especialmente en la ambigüedad de la cláusula de “incapacidad moral permanente”, que habilita al Congreso a destituir al presidente sin una tipificación jurídica estricta de las conductas que la justificarían, lo cual transforma una herramienta concebida para situaciones excepcionales en un instrumento político ordinario susceptible de ser utilizado en disputas coyunturales, generando un equilibrio de amenazas en el que el Ejecutivo puede intentar disolver el Parlamento ante reiteradas negativas de confianza y el Legislativo puede activar la vacancia cuando la correlación de fuerzas le resulta favorable, configurando un sistema que en la teoría de los frenos y contrapesos aspira a moderar el poder pero que en la práctica incentiva la confrontación constante como mecanismo de negociación.
A esa fragilidad normativa se suma la debilidad estructural del sistema de partidos, dado que Perú carece de organizaciones políticas consolidadas con identidad programática estable y arraigo territorial duradero, lo que produce presidentes que gobiernan sin mayorías sólidas y congresos altamente fragmentados donde predominan coaliciones volátiles, transfuguismo y acuerdos transaccionales de corto plazo, de modo que la gobernabilidad depende de equilibrios aritméticos inestables y la vacancia se convierte en una amenaza latente más que en un recurso extremo, configurando un escenario en el cual el conflicto institucional no es la excepción sino el modo habitual de interacción entre poderes.
La judicialización de la política, intensificada a partir de las investigaciones derivadas del caso Odebrecht, profundizó esta dinámica al instalar un clima de sospecha permanente sobre la dirigencia, donde casi todos los expresidentes fueron investigados o procesados, consolidando una cultura política en la que la denuncia, la filtración y el escándalo adquieren un peso determinante en la erosión de la legitimidad, de manera que episodios como el llamado “Chifagate”, que involucró reuniones reservadas del entonces presidente interino José Jerí con empresarios vinculados a inversiones estratégicas, no operan únicamente como hechos aislados sino como catalizadores de un sistema predispuesto a interpretar cualquier opacidad como causal suficiente para activar la maquinaria destituyente.
La paradoja peruana reside en que esta inestabilidad política persistente coexistió durante años con una relativa estabilidad macroeconómica que evitó crisis financieras o inflacionarias de magnitud, lo cual amortiguó el impacto social inmediato pero también permitió que la disfunción institucional se naturalizara sin producir reformas profundas, generando un escenario en el que la economía funcionaba como colchón mientras la política se reorganizaba reiteradamente a través de caídas presidenciales, consolidando una democracia que no colapsa pero que tampoco logra estabilizar sus reglas de competencia.
En este contexto, la cuestión central ya no es explicar la caída de un presidente particular sino comprender por qué el sistema reproduce la interrupción como mecanismo recurrente de resolución de disputas, y mientras la vacancia continúe siendo una herramienta ordinaria de presión parlamentaria, los partidos sigan operando como estructuras efímeras y la legitimidad pública permanezca erosionada por la sospecha constante, Perú seguirá transitando un ciclo en el cual cada nuevo mandatario asume bajo la sombra de la provisionalidad, en una república donde la continuidad dejó de ser la regla y la estabilidad se convirtió en una aspiración más que en una práctica efectiva.