Abogados penalistas cordobeses
Creo no equivocarme si digo que uno de los principales dilemas de nuestras vidas por estos tiempos, es el referido al individualismo promocionado por el exitismo, la vanidad y el algoritmo, y lo colectivo como posibilidad de sumar compromisos para alcanzar logros comunes y a veces difíciles y escurridizos. Por supuesto, no es fácil romper con la indiferencia y las mieles de la comodidad, sobre todo cuando estamos “a salvo”, y aunque veamos a otros postergados y sufriendo, incluso cerca nuestro. Algunos viejos dichos, por si hiciera falta, nos recuerdan que “nadie se salva solo” y que “la unión hace la fuerza”. Por todo esto, es auspiciosa la presentación de la flamante Agrupación y Asociación de Abogados Penalistas Cordobeses. Si bien hace alrededor de 40 años, existió una entidad similar creada por el recordado abogado penalista y docente Oscar Roger, al cabo de 3 o 4 años cesó su funcionamiento.
No hace falta decir lo que Córdoba toda significa para el Derecho Penal argentino, y lo que representa el movimiento diario de causas, trámites y juicios en los tribunales provinciales. La nueva Asociación está presidida por Jorge Sánchez del Bianco y la comisión directiva integrada por Nicolás Díaz, Sebastián Lascano, Claudia Mirele, Graciela Díaz, Darío Martínez, Milton Parola, Pablo Morelli, Gustavo Cuellar y Manuel Calderón, entre otros. Según dijeron durante la presentación, la pretensión es priorizar la tarea gremial, funcional y académica. De hecho, en los últimos años se multiplicaron las quejas por diferentes problemas en algunas cárceles con el Servicio Penitenciario, o de algunos tratos irrespetuosos en diferentes ámbitos del trabajo. También la intención es agilizar las diferentes gestiones, y ayudar al Colegio de Abogados para facilitarlas y mejorarlas todo lo posible. Sobre lo académico, ya se confirmaron varios acuerdos y cursos de cara al 2026, que en los hechos marcará el debut operativo de la formación profesional. Sabido que “escoba nueva barre bien”, pero siempre es bueno empezar de la mejor manera, y esta agrupación ya tiene casi 150 afiliados. Por lo tanto, y al calor de la unión, ahora a hacer y laburar. Como escribió el poeta español Antonio Machado: “Se hace camino al andar…”.
Punitivismo demagógico
Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley para reformar el Código Penal agravando las penas para los casos de funcionarios públicos corruptos, siniestros de tránsito, delitos contra las familias, narcotráfico, trata de personas, pornografía infantil, entre otros delitos. La presentación se puede resumir en los dichos de la actual senadora y ex-ministra de seguridad Patricia Bullrich: “El que las hace, las paga”. Sin embargo, por ahora el proyecto ha recibido un montón de rechazos del ámbito judicial y de destacados juristas que, como siempre han hecho, se oponen a reformas “a libro cerrado” sin un debate amplio que haga posible reformas necesarias, cumplibles y perdurables en el tiempo, y no algo coyuntural, no operativo imposible de implementar y “para la tribuna”.
En tal sentido, hace algunos días, desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales presentaron en el Congreso otro proyecto para discutir una actualización integral del Código Penal. Este proyecto fue confeccionado hace ya varios años por académicos, expertos en derecho penal y con participación de las Universidades Nacionales. La intención es generar una discusión amplia y participativa sobre un montón de cuestiones delicadas, controvertidas y que bajo ningún aspecto se pueden reducir a “construir más cárceles y llenarlas de presos”. Además, a esta altura de la historia, está archidemostrado que endurecer las condenas no provocan una disminución en los delitos, como si lo han hecho y desde el lado de la prevención, la educación, la inclusión social y el retiro de armas de la sociedad. Pero por supuesto, el debate parlamentario debe ser generoso y honesto intelectualmente, y de frente a la sociedad. Todo lo demás será un “chaski boom y biri-biri” inservible y al sólo fin de colgarse una cocarda de justiciero que impone un punitivismo demagógico.