¿Por qué?
La Cámara Sexta del Crimen comenzará el venidero jueves 30 el juicio por el femicidio de la abogada Karina Bustos. El acusado es Fernando Coronel, quien vivía con la víctima, en un departamento de Alto Alberdi. El hecho, además de muy siniestro, es recordado porque el cuerpo de Karina fue encontrado calcinado, dentro de un baúl, en un descampado en Villa Martínez. Según la prueba, el asesinato ocurrió el domingo 10 de mayo de 2020, el cuerpo fue retirado del edificio en un cajón por Coronel el lunes 11 y, finalmente, encontrado el martes 12 en un descampado perteneciente al Ejército Argentino. Beatriz Karina Bustos tenía 42 años y trabajaba en el ministerio de Educación de la Provincia. Según se supo después del hecho, ella lo había denunciado a él por maltrato psicológico y violencia de género, algo que nunca comentó ni a su hermana ni a su familia.
La prueba que involucra a Coronel pareciera ser contundente y será el fiscal Martín Berger quien lleve adelante la acusación. El video que muestra al imputado sacando el baúl del edificio constituye una imagen contundente que sostiene una posible condena a prisión perpetua por homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género. De hecho, el cuerpo quemado quedó tan irreconocible que fue necesaria una prueba de ADN para confirmar la identidad.
El de Karina fue el quinto femicidio en Córdoba en 2020, y el segundo de la cuarentena por la pandemia. El inmenso dolor de la familia quedó reflejado hace algunas semanas, cuando al cumplirse dos años del crimen, su hermana Natalia dijo: «Queremos que se haga justicia. No le guardo ni bronca ni odio a Fernando. Teníamos una buena relación familiar y no pensé que haría algo así. Él jugaba con mis hijos. Necesito mirarlo a la cara y preguntarle: ¿Por qué?»
Desde la luna
“Cuando la justicia es lenta, entonces no es justicia”, suelen afirmar los viejos penalistas, y razón no les falta. En junio del año 2003 más de 120 policías fueron imputados por estafas a la Epec, presuntamente por haber cobrado servicios adicionales nunca realizados. De hecho, un oficial y un cabo de la Fuerza, junto a un par de jerárquicos de la empresa provincial, habían sido detenidos, y en ese momento se hablaba de un fraude millonario calculado en 600.000 pesos.
La ancianidad de esta causa judicial se demuestra fácilmente con sólo recordar que su primer instructor fue el ex fiscal Luis Eduardo Villalba y, según lo que se contaba en aquel tiempo, las supuestas estafas habían ocurrido entre octubre de 2001 y diciembre de 2002. De hecho, los 121 agentes acusados fueron pasados a situación pasiva, la que se extendió durante casi un año y medio, cuando levantaron esa sanción. Actualmente, la causa se encuentra en la fiscalía de delitos complejos del doctor Enrique Gavier, desbordada de investigaciones resonantes de los últimos años.
Lo cierto es que, durante todos estos años, algunos imputados fallecieron, la mayoría se jubilaron y quienes todavía están imputados aseguran que no hubo ningún delito, que todos los servicios adicionales contratados por la Epec fueron cumplidos religiosamente. Dicen que cargan con una mochila injusta ante un Poder Judicial que llamativamente no se hizo ni se hace cargo de resolver, de una vez por todas, esta cuestión.
Uno de los defensores, el abogado Edgardo Bar, asegura que a esta altura, esta causa se ha convertido en el más grande monumento a la mora judicial en Córdoba… tan grande es este monumento que se lo puede ver desde la luna.