¿Quién arregla el tejido roto?
En el Ojo de Horus venimos alertando sobre una peligrosa tendencia que se empina cada día más, ante el estupor de una sociedad que también hace lo propio para favorecer lo que termina padeciendo. Los aumentos de casos de maltrato infantil, de violencia familiar y de violencia urbana saltan a simple vista, y no hay política represiva que pueda ocultarlos ni evitarlos.
Sólo por mencionar algunos entre tantos, en los últimos días, una joven de 23 años decidió terminar con su vida luego de una dura pelea con su padre, con un muy posible maltrato que la llevó a tomar una decisión desesperada: «No quiero vivir más», y se arrojó al vacío desde un piso de gran altura. Ni hablar de lo que fue el fin de semana del Día de la Madre, cuando se suponía que los ánimos iban a estar más enternecidos, y sin embargo hubo más de treinta detenidos por conflictos familiares «pesados». Hace algunos días, en el barrio Las Flores Dos, y después de una fiesta de jóvenes, tres de ellos armados y en motos como si fueran caballos, salieron a «cazar» a otros, a quienes habían marcado como enemigos vaya a saber uno porqué. La balacera terminó con dos muchachos de 18 y 21 años muertos por tiros en sus cabezas. Pocas horas antes, pero en barrio San Felipe, dos ladrones balearon y mataron a Julio Padro, de 56 años, y quien estaba festejando con amigos el compromiso con su pareja, a quien le había ofrecido casamiento.
Las discusiones sobre las distintas estrategias contra la inseguridad y las conductas violentas casi siempre nos llevan a dos caminos que si bien se pueden cruzar y complementar, son diferentes en su esencia. Uno, el represivo, que suele ser el más cómodo y flashero, con más policías, móviles y alarmas vecinales, y remendando a los ponchazos las miserias de la calle y la marginalidad que crujen desde abajo. El otro, el preventivo y más incómodo, que consiste en fortalecer los vínculos familiares y sociales, en ocuparse que no falten la comida en las mesas y la esperanza en los corazones; un camino más solidario y más inclusivo. No hay patrulleros ni armas ni cárceles que puedan contener a tantos jóvenes -y no tanto- que eligen vivir al día, caiga quien caiga. Tal vez, esto suceda en nuestra Córdoba, hoy mismo. Nuestro tejido social pareciera tener varios huecos… y entonces, ¿quién lo arregla?
Es una cuestión de plata
La discusión del Presupuesto Nacional 2023 también incluye el pago del impuesto a las Ganancias por parte de jueces, fiscales y de todos los trabajadores que superen el mínimo establecido. El malestar por esta medida que impulsaba el Frente de Todos para el Presupuesto 2023 y que finalmente fue rechaza en la madrugada de ayer por las fuerzas opositoras en Diputados generó un malestar casi total desde la Corte Suprema para abajo, incluyendo al gremio judicial, con la única excepción de la agrupación Justicia Legítima. Varias veces se discutió esta misma cuestión, casi siempre abortada por lobbies políticos o eventuales medidas judiciales, aunque vale recordar que quienes ingresaron al Poder Judicial desde el año 2017 si pagan este impuesto.
Ocurre que el argumento principal que las distintas asociaciones de magistrados exponen como principal oposición al tributo es que se busca menoscabar la objetividad y la independencia. Dicen que no pagar este impuesto les sirve a los jueces para resguardar la labor judicial y rechazar presiones de cualquier índole; y que además sería una violación al artículo 110 de la Constitución Nacional no modificada por los constituyentes. Desde el gremio, también argumentan que el salario no es una ganancia.
Ahora bien, si la mayoría de los jueces no pagan Ganancias pero un pequeño grupo que ingresó en los últimos años si lo hace, la pregunta es: ¿Acaso estos pocos jueces no son imparciales e independientes y los otros sí lo son? Desde Justicia Legítima dicen que para asegurar la independencia y la «decencia» de los jueces hay que cumplir y hacer cumplir las leyes sin involucrarse en operaciones políticas y mediáticas, y no visitar la Quinta de Olivos o la Casa Rosada o participar de extraños viajes a la Patagonia o a Estados Unidos. Recalcan que en la Constitución también existe el artículo 14 bis y el Principio de Igualdad.
En momentos en los que la pobreza y la indigencia golpean duro sobre casi la mitad de la población, que jueces ganen sueldos de casi un millón de pesos mensuales y tal vez más o mucho más, el argumento defensivo de la «independencia» pareciera derrumbarse por su propio peso. En todo caso, sería saludable que digan que el rechazo a pagar es una simple cuestión de plata.