Hace algunos días, se conoció un fallo de la jueza Natalia Ohman de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), quien declaró la nulidad de más de un centenar de detenciones arbitrarias a cartoneros, gente que vive en la calle y de otros que comen de la basura. Por supuesto, el trasfondo de lo ocurrido se desprende de la decisión política del jefe de Gobierno Jorge Macri de impedir que haya indigentes durmiendo en salas de cajeros automáticos, o galerías u otros lugares donde puedan tiran cartones o colchas para pernoctar. Demás está decir que, por estos tiempos, lamentablemente esta situación se puede apreciar en la mayoría de las ciudades, y también aquí en Córdoba, como sucede en la galería del Cabildo histórico, entre tantos otros lugares.
En este caso de Caba, fueron un total de 125 las detenciones y requisas sin ninguna orden judicial y con diferentes excusas que van desde el supuesto merodeo, por revolver en la basura, por cortar cartones con algún cuchillo, por actitudes sospechosas, por actitudes evasivas y hasta por pedir limosnas. En todos los casos se labraron actas contravencionales con el reproche de tener algún objeto cortante que, justamente, muchos indigentes usan para escarbar en la basura o acomodar los cartones que juntan, tal como habitualmente nosotros usamos algún cuchillo para cortar un bife o una fruta a la hora de alimentarnos. Como si fuera poco, los policías que participaron de las razias, amenazaron a estos ciudadanos con imputarlos por el delito de desobediencia en el caso de alguna nueva detención.
En los fundamentos de su resolución, la jueza expone sobre el atropello del Estado contra estos ciudadanos vulnerables, además protegidos por la Constitución y en el pleno «Estado de Derecho» en el que resulta totalmente improcedente que alguien sea detenido por lo que es o por la situación por la que atraviesa. Es como si requisaran a alguien porque usa ropa de buena marca o algún perfume exótico. Como si fuera poco, los Tratados Internacionales a los que nuestro país esta adherido, prohíben cualquier práctica estigmatizante y discriminatoria, más aún en contra de aquellos ciudadanos que sobreviven en condiciones deplorables, marginados y abandonados a su suerte. Es posible que las autoridades de Caba pretendan invisibilizar las miserias creadas por la inequidad y la exclusión, pero deberían saber que, al menos por ahora, en Argentina, ser pobre no es delito.