A todo… o nada / Drones nocturnos

Por un lado, el nuevo juicio contra policías acusados de matar a una madre y su hijo. Por el otro, la elevación a juicio de la causa de una banda que usaba tecnología para ingresar droga a Bouwer.

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A todo… o nada

De tanto en tanto, algunos juicios se vuelven a hacer por decisión del Tribunal Superior, mayormente por posibles falencias en la valoración de las pruebas. Está previsto que la última semana del mes, en la Cámara Once del Crimen y con jurados populares, comience el segundo juicio a dos policías de Río Tercero, acusados de doble homicidio calificado, por la muerte de Mirtha Selva, de 53 años y su hijo Alejandro Villalón, de 20. El hecho sucedió el 3 de noviembre del 2014 y los imputados son Cristian Ahumada y José Vidaurre.

Aparentemente había broncas pendientes entre la policía y la familia Villalón, derivadas del crimen impune del joven Lucas Funes por parte de otro policía, Luciano Carnero, quien en el 2024 fue absuelto por “falta de pruebas”. El asesinato de Funes, por la espalda, sucedió en el año 2012, en un contexto de denuncias por presuntos abusos policiales contra familias riotercerenses humildes y marginales. En relación a las muertes de Selva y Villalón, dos años después, los acusados habrían atacado la vivienda donde se encontraban las víctimas con una bomba molotov, un explosivo casero armado con una botella de vidrio marrón, combustible en su interior y una mecha en la punta. De hecho, en la computadora de uno de los acusados se encontró información sobre el armado de las molotov. Como si fuera poco, hubo testigos que dieron cuenta de diferentes circunstancias como por ejemplo la existencia de un móvil policial en las inmediaciones y recogiendo a dos efectivos que corrían a la hora del siniestro. No se descarta incluso, un encubrimiento para que los presuntos autores pudieran salir de la comisaria “sin ser vistos”.

Lo cierto es que Ahumada y Vidaurre recuperaron la libertad a finales del 2018 tras ser absueltos por “la duda insuperable”. El Tribunal estaba integrado por Guarania Barbero, Marcelo Ramognino y José Arguello, y la sentencia fue por unanimidad con los votos además de los vecinos que integraron el jurado popular. Por supuesto en este nuevo juicio, “y de sostenerse la acusación”, los policías podrían ser condenados a prisión perpetua. En tal caso, será a todo…o nada.

Drones nocturnos

Históricamente han ingresado cosas prohibidas a diferentes cárceles, desde drogas y armas, hasta teléfonos celulares en los últimos años. De hecho, podemos recordar muchos episodios protagonizados por familiares de presos y guardiacárceles cómplices, por ejemplo metiendo drogas con la comida, la ropa, y hasta dentro de huesos de pollo.

El fiscal 3 de Lucha contra el Narcotráfico, Carlos Cornejo, se apresta a elevar a juicio una causa cuyos imputados están acusados de meter drogas, celulares y otros elementos,  a la cárcel de Bouwer mediante el uso de drones. Según la investigación, entre agosto del 2024 y junio del 2025, Agustín Díaz, Franco Amado José, Diego Sigampa, Joaquín Romero, Emiliano Sanabria, Bianca Rojas, Meliana Romero y Néstor López, más otras personas no identificadas aún, traficaban estupefacientes al penal, con roles bien determinados, tanto en el aprovisionamiento, como en el traslado y la venta de las dosis por parte de tres de los acusados, quienes ya eran presos en el momento del negocio.

El modus operandi era simple y garantizaba poder burlar los controles penitenciarios, además de impunidad ante alguna eventualidad (algo que finalmente no ocurrió). Consistía en pedidos de drogas que hacían los internos vendedores, y a la entrega de la mercancía generalmente entre las 21 y las 23, o sea siempre de noche. Los “fleteros” iban a caminos y campos adyacentes y siguiendo las instrucciones de los presos involucrados, ataban los paquetes a largos hilos y a drones que hacían volar por encima del tejido perimetral, para dejarlos en los lugares indicados. Luego los internos se hacían de esa droga, ayudándose con palos que pasaban a través de tejidos interiores del penal. Finalmente pagaban el “flete” mediante transferencias que oscilaban entre los 300.000 y los 600.000 pesos.

Sin embargo, en la noche del 22 de junio del año pasado y a partir de ciertas sospechas, efectivos de la Fuerza Policial Antidrogas los descubrieron y los agarraron con “las manos en la masa”. Como jocosamente dijo uno de los investigadores, “entrar con motitos de Rappi a Bouwer es imposible. Mucho mejor con drones nocturnos”.

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